Tienen derechos

Es imposible compartir la opini¨®n del juez conservador Antonin Scalia, del Tribunal Supremo de Estados Unidos, lamentando "las desastrosas consecuencias" que acarrear¨¢ la decisi¨®n sobre los presos de Guant¨¢namo adoptada ayer por la m¨¢s alta instancia judicial estadounidense. Por el contrario, la resoluci¨®n que confiere a los casi 300 presuntos terroristas islamistas confinados en esa base militar de EE UU en tierra de nadie el derecho a que un juez federal decida sobre la legalidad o no de su larga y pr¨¢cticamente clandestina detenci¨®n, debe ser saludada como un triunfo de la justicia y la raz¨®n.

El fallo, no por presentido menos hist¨®rico, va a permitir que unos prisioneros en condiciones miserables, denunciadas reiteradamente por las organizaciones humanitarias menos sospechosas, puedan conocer por fin de qu¨¦ se les acusa y si se sostienen los cargos contra ellos. Pero adem¨¢s de suponer el progresivo final de esas pesadillas individuales, la decisi¨®n del Supremo estadounidense significa la demolici¨®n legal del infame andamiaje jur¨ªdico puesto en pie por el presidente Bush, en enero de 2002, como una de las piezas angulares de su lucha en todos los frentes contra el terrorismo islamista, tras los brutales atentados del 11 de septiembre anterior en Nueva York y Washington.

En unos tiempos caracterizados, incluso en las democracias m¨¢s consolidadas, por el recorte de libertades y derechos individuales en nombre de una supuesta mayor seguridad colectiva -retroceso del que el Reino Unido acaba de dar ominoso ejemplo con la aprobaci¨®n por el Parlamento del proyecto de ley laborista que ampl¨ªa de 28 a 42 d¨ªas las detenciones sin cargos-, el fallo del Supremo de EE UU representa una bocanada de aire fresco. La decisi¨®n, cinco contra cuatro, anula otra que respaldaba la ley llevada por Bush al Congreso de mayor¨ªa republicana, en 2006, por la que se privaba a los sospechosos de terrorismo de su derecho de h¨¢beas corpus, es decir, de la plena capacidad legal para recurrir su encarcelamiento por el Gobierno. Quien ¨²nicamente pod¨ªa hacerlo ha desmontado finalmente la falacia de Washington, seg¨²n la cual por estar Guant¨¢namo en territorio cubano no son de aplicaci¨®n all¨ª las garant¨ªas constitucionales estadounidenses.

Es dif¨ªcil saber todav¨ªa las consecuencias que se van a derivar de esta sentencia, que rasga el velo bajo el que se guardaba un amplio repertorio de pr¨¢cticas ilegales, desde la tortura en los interrogatorios hasta los traslados secretos e ilegales de sospechosos a partir y en direcci¨®n a Guant¨¢namo. No hay que olvidar, en todo caso, que polic¨ªas espa?oles y miembros del Centro Nacional de Inteligencia han interrogado a presos all¨ª recluidos; ni que aeropuertos y bases espa?olas han sido utilizados para el traslado de presos hacia y desde la c¨¢rcel norteamericana. Hora ser¨ªa de que se aprovechara la desaparici¨®n del limbo jur¨ªdico para arrojar tambi¨¦n toda la luz desde Espa?a sobre la relaci¨®n que hayan podido tener nuestros funcionarios y autoridades con su funcionamiento.