Malas consecuencias
El Gobierno debe velar para que el conflicto del transporte no cause m¨¢s paro e inflaci¨®n
El virulento conflicto del transporte dejar¨¢ en la econom¨ªa espa?ola dos secuelas de cierta gravedad que constituyen un lastre indeseable en un periodo de empeoramiento econ¨®mico profundo. La primera y m¨¢s inmediata es el encarecimiento de los alimentos, pr¨®ximo al 20% como media, pero que en el caso de algunos productos llega hasta duplicar el precio. Las proyecciones m¨¢s optimistas auguran una subida de la inflaci¨®n en junio de entre cuatro y seis d¨¦cimas como consecuencia de la huelga de los transportistas. Aunque el Gobierno ha sugerido que esta elevaci¨®n inducida de los precios ser¨¢ moment¨¢nea y se corregir¨¢ en julio y agosto, es muy probable que se prolonguen las subidas oportunistas de precios con la coartada de la falta de abastecimiento. Las redes comerciales y de distribuci¨®n en Espa?a no se caracterizan por su transparencia ni por la competencia abierta. Por lo tanto, la huelga de los transportistas aut¨®nomos acarrear¨¢ m¨¢s inflaci¨®n a corto plazo y todos los ciudadanos pagar¨¢n sus consecuencias.
No es s¨®lo en los precios donde puede manifestarse el oportunismo de algunos agentes econ¨®micos. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ya ha alertado sobre la posibilidad de que algunas empresas utilicen el conflicto como excusa para proceder a expedientes de regulaci¨®n de empleo de dudosa justificaci¨®n. Se ha lanzado a la opini¨®n p¨²blica, como una especie de globo sonda, el c¨¢lculo de que el paro patronal obligar¨¢ a las empresas a despedir a 22.000 personas. Pues bien, en este caso, como en el de los precios, hay que tomarle la palabra al ministro de Trabajo y exigir que las regulaciones de empleo se examinen detenidamente y se rechacen aquellas en los que quepan dudas sobre su idoneidad.
Ya que al Gobierno le cost¨® encontrar inicialmente los reflejos suficientes para evitar la huelga, y ya que tampoco ha podido imponer reconversiones en el sector del transporte y frenar los contratos abusivos en el mercado, deber¨¢ evitar ahora que se magnifiquen los p¨¦simos efectos del conflicto sobre el crecimiento. Si bien las consecuencias de la huelga no ser¨¢n tan catastr¨®ficas como suponen quienes predicen que har¨¢ bajar la tasa anual de crecimiento hasta el 1% a finales de 2008, tambi¨¦n es cierto que el da?o econ¨®mico pudo haberse evitado o minimizado con una gesti¨®n pol¨ªtica m¨¢s activa que la demostrada, esta vez s¨ª acertadamente, una vez iniciado el conflicto.
Las autoridades econ¨®micas parecen muy renuentes a tomar la iniciativa en casos conflictivos, como el de la huelga de transportes, o que exigen soluciones complejas, como el de la situaci¨®n econ¨®mica deteriorada -que los socialistas se resisten a llamar crisis-, hoy infradiagnosticada por parte de la Administraci¨®n. La econom¨ªa espa?ola sufre de algo m¨¢s que una desaceleraci¨®n coyuntural y requiere como m¨ªnimo nuevas pol¨ªticas (energ¨¦ticas, fiscales) y reformas m¨¢s en¨¦rgicas y ambiciosas.
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