De nuevo la corrupci¨®n

La detenci¨®n del alcalde de Estepona y otros 24 empleados del Ayuntamiento y empresarios acusados de delitos t¨ªpicos de corrupci¨®n municipal como prevaricaci¨®n, cohecho, malversaci¨®n de fondos o delitos contra la ordenaci¨®n del territorio, recuerda que Espa?a tiene un serio problema de delincuencia urban¨ªstica y que ese problema es particularmente grave o est¨¢ especialmente concentrado en la costa tur¨ªstica espa?ola. Como en una larga ristra de casos desde Andratx (Baleares) hasta Mog¨¢n (Canarias), el equipo municipal, encabezado por el alcalde socialista Antonio Barrientos, conced¨ªa favores urban¨ªsticos a cambio de ping¨¹es sobornos y comisiones millonarias. El PSOE le ha expulsado del partido, a diferencia de lo ocurrido en otros casos en que los cargos imputados eran del PP.

Este gesto pretende demostrar que el partido socialista no est¨¢ dispuesto a tolerar casos de corrupci¨®n entre sus militantes. Es el principio opuesto a los criterios del PP, reacio a sancionar pol¨ªticamente los indicios de delito mientras no hay sentencia firme. La conducta del primer partido de la oposici¨®n conduce a situaciones tan escandalosas como las de Alhaur¨ªn o Totana, donde alcaldes acusados de delitos inmobiliarios siguen desempe?ando pl¨¢cidamente sus funciones.

Pero el gui?o no basta. En Estepona hay que exigir, como en casos anteriores, que los culpables sean castigados con la m¨¢xima dureza que permite la ley en atenci¨®n al fraude perpetrado contra el bienestar de los ciudadanos y los da?os causados a la confianza en las instituciones democr¨¢ticas. Pero adem¨¢s existen responsabilidades de gesti¨®n pol¨ªtica que conviene aclarar. ?Ha sido una aut¨¦ntica sorpresa el descubrimiento de este nuevo foco de infecci¨®n pol¨ªtica? La direcci¨®n socialista ya permiti¨® en 2003 una alianza del PSOE local con una facci¨®n del GIL, partido de infausta memoria en Marbella. La fulminante expulsi¨®n no resuelve m¨¢s que la fachada del problema. Como terapia elemental, el PSOE deber¨ªa explicar p¨²blicamente por qu¨¦ se acept¨® un pacto tan nefasto y como pretende recuperar la credibilidad de la ciudadan¨ªa despu¨¦s de este fiasco.

La lucha contra la corrupci¨®n urban¨ªstica exige, por supuesto, una Administraci¨®n de justicia dotada de medios y con iniciativa pol¨ªtica para investigar la delincuencia hasta los ¨²ltimos rincones. Tambi¨¦n es necesario, por no decir urgente, que se apliquen con rigor las leyes vigentes contra la corrupci¨®n. Resulta pintoresco que no se pueda reclamar la declaraci¨®n p¨²blica de bienes de alcaldes y concejales, prevista en la Ley del Suelo de 2007, simplemente porque no se ha regulado la figura del Estatuto Municipal. Como es absurdo que a fuerza de negligencia administrativa y concesiones pol¨ªticas se hayan desactivado los controles internos de los municipios, como el que representaban los interventores. Y, no menos importante, las leyes deben modificarse para que la restituci¨®n de lo robado sea condici¨®n indispensable para acceder a los beneficios penitenciarios.