1.600 prejubilados brit¨¢nicos de Alicante pierden la sanidad gratuita
La ley de Aseguramiento Sanitario les obliga a pagar la atenci¨®n
Stewart Muir es uno de los 1.600 prejubilados brit¨¢nicos instalados en la provincia de Alicante a quienes la Generalitat ha cerrado el grifo de la asistencia gratuita. "Estoy de acuerdo en que si no pagamos aqu¨ª, no tenemos derecho a ser atendidos", se resigna con elegancia Muir, residente en Mon¨°ver, "aunque creo que el sistema brit¨¢nico deber¨ªa implicarse y ayudarnos".
Hasta ahora, un resquicio de la sanidad p¨²blica valenciana abr¨ªa las puertas de la atenci¨®n gratuita a este ex reportero gr¨¢fico de Worcester y a otros cientos de compatriotas prejubilados residentes en la Comunidad Valenciana sin preguntar demasiado por su situaci¨®n. Una categor¨ªa -denominada extensi¨®n a demanda- ideada inicialmente para servir de paraguas a quienes no hab¨ªan cotizado a la Seguridad Social (viudas de militares o mujeres de profesionales liberales) se hab¨ªa convertido en un atajo para este colectivo, que pod¨ªa contar as¨ª con acceso directo a los centros de salud y los hospitales valencianos.
Con el certificado de empadronamiento, estas personas pod¨ªan solicitar la tarjeta sanitaria indicando que no contaban con ninguna modalidad de aseguramiento ni recursos. De esta forma, de los 3.000 beneficiarios que encajaban en esta categor¨ªa en toda la autonom¨ªa, 1.600 eran residentes brit¨¢nicos, seg¨²n el sistema inform¨¢tico de la Generalitat. Esto explica las numerosas atenciones por cataratas, anginas de pecho o tratamientos circulatorios entre estas personas, que se traduce en un gasto superior a la media de 1.200 euros por persona en la Comunidad Valenciana, con el consiguiente gasto para las arcas p¨²blicas. El problema se limita de forma exclusiva a los prejubilados brit¨¢nicos, muchos de ellos residentes en La Marina u otras comarcas costeras de Alicante. Los pensionistas acceden libremente a la red p¨²blica, cuyo gasto se factura al Gobierno brit¨¢nico a trav¨¦s de los fondos europeos de compensaci¨®n. Tampoco afecta a los turistas. La tarjeta europea E-111 cubre sus necesidades durante su estancia en Espa?a hasta un a?o. Sin embargo, en el caso de quienes se jubilan anticipadamente, si fijan su domicilio fuera de las fronteras del Reino Unido, su Gobierno no cubre el gasto de su atenci¨®n donde fijen su residencia, como apuntan desde el servicio de prensa de la embajada brit¨¢nica. Excepto en el caso de personas 'que se hayan jubilado forzosamente por un accidente o una enfermedad', comentan las mismas fuentes. De esta forma, la salida que les queda para no quedar desprotegidos es contratar un seguro privado hasta cumplir la edad de jubilaci¨®n -momento a partir del cual su pa¨ªs volver¨¢ a hacerse cargo de ellos-, 'acreditar debidamente' que no disponen de recursos econ¨®micos o pagar por la prestaci¨®n recibida en el sistema p¨²blico, como apunta la Consejer¨ªa de Sanidad de la Generalitat valenciana. Eso s¨ª, siempre que no se trate de una atenci¨®n en los servicios de urgencias, que sigue siendo gratuita. El cambio de escenario se ha debido a la entrada en vigor, el 2 de junio, de la ley auton¨®mica de Aseguramiento Sanitario, que ha contado con el apoyo de populares y socialistas, y que pretende aumentar el control en el acceso a la asistencia sanitaria. En todo caso, no es de aplicaci¨®n inmediata, sino que se respetar¨¢ el periodo de vigencia de las tarjetas ya expedidas. En el caso de Muir, por ejemplo, hasta febrero del a?o que viene. La norma no ha pillado por sorpresa a la embajada brit¨¢nica. 'Valencia ha hecho lo mismo que el resto de autonom¨ªas', sostiene un portavoz. 'Llevamos a?os advirtiendo a los brit¨¢nicos de que no confiasen en que este sistema fuera a durar siempre'. De hecho, el Gobierno brit¨¢nico ha publicado anuncios en la prensa inglesa para avisar a sus conciudadanos. 'Yo lo entiendo, y creo que es justo', insiste Muir, que, por si acaso, comenta que nunca ha visitado un hospital y que solo fue al centro de salud a sacarse la tarjeta. De momento, ya cuenta con reservar algo de dinero a partir de febrero de 2009 para apuntarse a un seguro privado.
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