Urbanismo empantanado en Catral

Catral (9.400 habitantes), en el prelitoral de La Vega Baja, est¨¢ preso desde hace un lustro de su doble cara urban¨ªstica: la legal, el casco urbano; y la ilegal, 1.300 chal¨¦s diseminados en tres millones de metros cuadrados de huerta. Esta segunda cara urban¨ªstica (el 25% del parque de viviendas) llev¨® al Consell a intervenir el Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) del municipio el 3 de octubre de 2006. La iniciativa la impuls¨® el entonces consejero de Territorio y Vivienda, Esteban Gonz¨¢lez Pons, en v¨ªsperas de la moci¨®n de censura del PSPV al jefe del Consell, Francisco Camps. Un a?o y ocho meses despu¨¦s de la suspensi¨®n del PGOU, la fisonom¨ªa urbana de Catral no ha variado un ¨¢pice: las casas ilegales siguen en pie en espera de un plan definitivo para legalizarlas. El Consell se ha limitado a abrir 217 expedientes por infracci¨®n urban¨ªstica, mientras el Ayuntamiento, gobernado por el PP desde mayo de 2007, se afana en elaborar una propuesta de concierto previo para legalizar las casas. El equipo de gobierno ha elaborado ya cuatro borradores. "Confiamos en que el Consell d¨¦ el visto bueno al ¨²ltimo en la reuni¨®n de la Comisi¨®n Territorial de Urbanismo del pr¨®ximo d¨ªa 19", asegur¨® ayer el alcalde, Aurelio David Albero. "Nuestro objetivo es legalizar toda la trama a base de peque?as bolsas, con viales, zonas verdes e infraestructuras", subray¨®. El primer edil no supo cuantificar el coste que acarrear¨¢ incluir dentro de ordenaci¨®n las edificaciones. "Nuestro objetivo es que cueste lo que cueste lo paguen los constructores y promotores, y los propietarios, pero nunca los vecinos del casco urbano ni los agricultores que se han mantenido al margen del proceso urbanizador en la huerta". Albero, con todo, admite el lastre que suponen las casas ilegales para la econom¨ªa del municipio. "Son residentes que no pagan impuestos y s¨ª reciben servicios, como basura, correos, sanidad y educaci¨®n, que han elevado la deuda del Consistorio hasta 1,8 millones de euros", asever¨®.

La inactividad del Consell tras la intervenci¨®n del PGOU es la primera baza de la cr¨ªtica del grupo municipal del PSPV. "El Consell se limit¨® a dar un pelotazo medi¨¢tico, y despu¨¦s se olvid¨®", afirma Francisco Ill¨¢n, ¨²nico edil socialista en la actual corporaci¨®n. Las casas ilegales, levantadas entre 2000 y 2007, bajo el mandato del ex socialista Jos¨¦ Manuel Rodr¨ªguez Leal, fueron una tumba electoral para el PSPV de Catral. El partido expuls¨® al ex regidor y cuatro ediles m¨¢s y a otra decena de militantes que avalaron la lista alternativa de Rodr¨ªguez Legal (Socialistas por Catral, que obtuvo cinco ediles). Este grupo de ex socialistas represaliados concluye que el ¨²nico efecto tangible de la "ejemplarizante" iniciativa de la Generalitat ha sido la fractura y p¨¦rdida del poder de los socialistas en Catral. Ill¨¢n comulga con esta tesis y admite: "Las relaciones con nuestros ex compa?eros son inexistentes".

En plena huerta del t¨¦rmino, propietarios de casas ilegales y agricultores apuntan a la misma cabeza como responsable del caos, el ex alcalde Rodr¨ªguez Leal. "El tema es grave y estamos preocupados", asegura Marco, un gal¨¦s propietario de una casa en el l¨ªmite con el parque del Hondo. "Han destrozado la huerta, y ahora quieren que tambi¨¦n paguemos la legalizaci¨®n de las casas", se?al¨® Jos¨¦ Vicente Garc¨ªa, propietario de una graja ovina. "Por ah¨ª, no pasaremos", a?ade.

La par¨¢lisis administrativa que atenaza las casas ilegales de Catral es extrapolable a la investigaci¨®n judicial. Cuatro a?os despu¨¦s del inicio de la instrucci¨®n, el juzgado no tiene claro a qui¨¦n imputar: S¨®lo tienen esa condici¨®n el ex alcalde y cuatro ediles de su junta de gobierno.