PP y PSOE ultiman el pacto sobre justicia

El PSOE y el PP ultiman el acuerdo sobre la reforma de la justicia con la pretensi¨®n de cerrarlo antes del mes de agosto y empezar a desarrollarlo en septiembre. Se incluye en ese acuerdo la renovaci¨®n total del Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde hace 19 meses, y de cinco magistrados del Tribunal Constitucional. El cierre de este acuerdo, que ambos partidos quieren suscribir para agosto, supondr¨¢ el primer pacto de Estado de la legislatura. Mariano Rajoy y Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero podr¨ªan consagrarlo en su primer encuentro en La Moncloa, tras las elecciones.

Los portavoces de ambos grupos, Jos¨¦ Antonio Alonso y Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, con las incorporaciones del ministro Mariano Fern¨¢ndez Bermejo y el nuevo portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, han celebrado ya m¨²ltiples encuentros, han intercambiado borradores y trabajan en un documento de m¨ªnimos que incluye el desarrollo legislativo sobre justicia para toda la legislatura. La base del acuerdo ser¨¢ el plan de reformas expuesto por Bermejo el mi¨¦rcoles en la Comisi¨®n de Justicia del Congreso. Y su consecuci¨®n es "prioritaria" para el presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero.

Los socialistas quieren descentralizar el poder judicial

Los nombres de los vocales del Consejo se anunciar¨¢n despu¨¦s del verano

Discrepancias sobre la cesi¨®n de competencias del Tribunal Supremo

Los populares rechazan la posibilidad de que instruya el fiscal

El acuerdo orillar¨¢ los puntos m¨¢s conflictivos y que les separan, especialmente los que tienen que ver con la descentralizaci¨®n de la justicia. Es decir, el PP rechaza la creaci¨®n de los consejos auton¨®micos de Justicia, tal y como est¨¢n concebidos en el Estatuto de Catalu?a, y defiende un modelo como el del Estatuto valenciano, mucho m¨¢s matizado. El Gobierno est¨¢ cerca de esta posici¨®n, pero percibe la presi¨®n de los partidos nacionalistas, especialmente, CiU. Probablemente el acuerdo orille el detalle de las futuras competencias de los consejos auton¨®micos.

Tampoco comparte el PP la cesi¨®n de competencias del Tribunal Supremo hacia los tribunales superiores de justicia, tal y como pretende el Gobierno, es decir, reduciendo al primero s¨®lo a la funci¨®n de unificador de doctrina.

En principio, el PP no rechaza de plano la pretensi¨®n de someter al Consejo General del Poder Judicial a control parlamentario. Incluso, los populares defendieron hace a?os dicho control, pero a trav¨¦s de un representante, en este caso el presidente del Consejo. Respecto al control de cada uno de los vocales, Trillo asegur¨® a este peri¨®dico que su partido no tiene a¨²n posici¨®n fijada.

No hay problemas para el acuerdo en la reforma de la oficina judicial y en la creaci¨®n de nuevos instrumentos para la actividad judicial, como los registros de medidas cautelares y la interconexi¨®n inform¨¢tica de todos los ¨®rganos judiciales.

Tambi¨¦n se incluir¨¢ una referencia gen¨¦rica a la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal, con compromiso de consenso para su aprobaci¨®n. El PP considera significativo que Bermejo no mencionara en el Congreso la idea de asignar a los fiscales la direcci¨®n de la instrucci¨®n penal en detrimento de los jueces. Esta idea estaba en el programa electoral del PSOE y es rechazada por el PP.

Los populares ya aceptan la regulaci¨®n del consejo en funciones. El acuerdo incluir¨¢ tambi¨¦n el compromiso de universalizar la doble instancia penal y de reformar el C¨®digo Penal para actualizarlo. Respecto a la renovaci¨®n del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, ambos partidos est¨¢n ya persuadidos de la imposibilidad de hacerla efectiva antes de verano. Especialmente la del Constitucional, que requiere un largo tr¨¢mite en el Senado y est¨¢ condicionada a la decisi¨®n del tribunal sobre el recurso del PP contra el reglamento de la C¨¢mara alta.

Ambos partidos est¨¢n ya muy cerca del acuerdo sobre la composici¨®n de ambos ¨®rganos, no obstante, barajan no dar a conocer los nombres hasta que en septiembre se puedan poner en marcha los nombramientos. Es decir, el acuerdo podr¨ªa incluir s¨®lo la referencia al compromiso de renovaci¨®n, con la voluntad de incluir la mayor pluralidad posible. Esto ¨²ltimo se refiere a dar entrada a todas las asociaciones de magistrados, facilitar el nombramiento de magistrados no asociados y permitir a CiU y PNV proponer nombres de vocales del Consejo del Poder Judicial.