Se?uelos terminol¨®gicos

Si el Partido Popular confirma en la pr¨¢ctica la estrategia que pareci¨® imponerse en su congreso de Valencia, y es de esperar que lo haga, esta legislatura podr¨ªa ofrecer algo que, en la anterior, result¨® escaso por no decir inexistente: debate pol¨ªtico, esto es, discusi¨®n razonada acerca de los problemas a los que se enfrenta el pa¨ªs.

Cualquiera de los asuntos que monopolizaron los cuatro a?os de espect¨¢culo concluidos en marzo, como la estrategia para acabar con el terrorismo mediante el di¨¢logo o las reformas estatutarias, era sin m¨¢s reconducido a categor¨ªas distintas de la pol¨ªtica. En el primer caso, m¨¢s que del acierto o del error de reproducir un modelo inspirado en la experiencia irlandesa para acabar con el crimen y la extorsi¨®n, se habl¨® de la moralidad o inmoralidad de ese modelo aplicado al Pa¨ªs Vasco. Y en el segundo, fueron las esencias hist¨®ricas las convocadas a escena, como si lo que estuviera en juego fuera el ser de Espa?a y no la posibilidad o imposibilidad pol¨ªtica de gestionar el nuevo sistema auton¨®mico que dibujaba el conjunto de los Estatutos reformados.

El Ejecutivo vasco pretende atribuirse una competencia que no tiene

Pero las favorables condiciones para que, a diferencia de la pasada, esta legislatura sea, por fin, una legislatura pol¨ªtica, podr¨ªan resultar in¨²tiles si se afianza el extra?o derrotero que subyace en las primeras escaramuzas entre el Gobierno y la oposici¨®n, incluida la de los nacionalistas.

Ahora no parecen estar en peligro los consensos de Estado, sino un consenso previo y, por lo dem¨¢s, imprescindible, que es el que asocia a las palabras con las cosas. Al presentar su proyecto en el Parlamento de Vitoria, el lehendakari Ibarretxe asegur¨® que se aten¨ªa a la legalidad porque lo que propone no es un refer¨¦ndum, sino una consulta. Si en el primer caso se trata de una iniciativa que corresponde al Gobierno central, vino a decir Ibarretxe, en el segundo la ley no dice nada, y ese silencio podr¨ªa interpretarse como una laguna que cualquier Ejecutivo auton¨®mico estar¨ªa en condiciones de colmar. Imagina, pues, el lehendakari que basta jugar con las palabras, escogiendo unas y evitando otras, para sortear las dificultades jur¨ªdicas de su iniciativa.

El Gobierno, con buen criterio, ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional: denomine como denomine el Ejecutivo vasco la convocatoria ciudadana que se propone llevar a cabo, est¨¢ claro que pretende atribuirse una competencia que no tiene.

Sucede, sin embargo, que Ibarretxe no es el inventor del m¨¦todo para escamotear las limitaciones legales por el procedimiento de establecer una cuesti¨®n previa de naturaleza terminol¨®gica. Antes lo us¨® el Gobierno socialista durante la pasada legislatura, quien, a su vez, sigui¨® la pauta fijada por su predecesor popular. As¨ª, cuando se insisti¨® en la polisemia del t¨¦rmino "naci¨®n" con motivo de la tramitaci¨®n del Estatuto de Catalu?a, no se hac¨ªa algo distinto de lo que pretendi¨® el Partido Popular calificando de "misi¨®n humanitaria" su participaci¨®n en la guerra de Irak. Mediante esta argucia apoyada en que la contribuci¨®n de Espa?a a la invasi¨®n se concret¨® en un buque hospital, se pudieron vulnerar principios constitucionales como el de que no corresponde al Ejecutivo, sino al jefe del Estado, declarar la guerra, y menos sin contar con la aprobaci¨®n del Parlamento. El intento de repetir la jugada, ahora con el t¨¦rmino "crisis", es distinto, sin duda, de los anteriores, en la medida en que no existe ninguna obligaci¨®n legal de llamar a las cosas por su nombre. Pero sus efectos pol¨ªticos llegan tan lejos como los ejemplos de la pasada legislatura: Ibarretxe no est¨¢ haciendo otra cosa que reclamar, impl¨ªcitamente, su supuesto derecho a establecer el significado de las palabras.

Los buenos augurios sobre la posibilidad de que en esta legislatura se asista, por fin, a un debate pol¨ªtico, a una discusi¨®n razonada acerca de los problemas a los que se enfrenta el pa¨ªs, se podr¨ªan ir por el desag¨¹e de los se?uelos terminol¨®gicos, que no son, en el fondo, m¨¢s que una variante de un viejo enemigo de la democracia: la manipulaci¨®n.

No existen razones para que la misma determinaci¨®n empleada para anunciar el recurso contra la iniciativa de Ibarretxe, la llame consulta o refer¨¦ndum, se aplique al resto de los asuntos, tanto por parte del Gobierno como de la oposici¨®n. Y si no se aplica, lo ¨²nico que se estar¨¢ afirmando es la competencia del poder para establecer el significado de las palabras. Una manipulaci¨®n que en el Pa¨ªs Vasco est¨¢ hoy llegando demasiado lejos, pero a la que nadie parece dispuesto a renunciar.