12 imputados del 'caso Estepona' ya han vuelto a trabajar en el consistorio

La vuelta a la normalidad en el Ayuntamiento de Estepona no est¨¢ siendo f¨¢cil. Al menos 12 de los imputados en la trama de corrupci¨®n siguen en sus puestos de trabajo dos semanas despu¨¦s de que la polic¨ªa pusiera patas arriba las dependencias municipales y la juez enviara a prisi¨®n a su alcalde, Antonio Barrientos, expulsado del PSOE. Los cuatro concejales del equipo de gobierno detenidos volvieron a sus puestos de trabajo casi directamente de los calabozos. Lo mismo ocurri¨® con los t¨¦cnicos de Urbanismo implicados.

El concejal de Seguridad ordena vigilar el acceso al edificio Puerto Sol

Pero la situaci¨®n no se ha calmado. A finales de la semana pasada, el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, al que los investigadores han tomado declaraci¨®n como imputado, alert¨® de un posible riesgo de destrucci¨®n o eliminaci¨®n de pruebas por la continuidad de cinco t¨¦cnicos implicados en el caso Astapa.

El edil remiti¨® una nota interna al concejal de Hacienda y Personal, Francisco Zamorano, en libertad bajo fianza de 50.000 euros, pidi¨¦ndole que los apartase para evitar que se manipulen informes t¨¦cnicos. La carta ha provocado un pulso entre Zamorano, expulsado del PSOE por su imputaci¨®n, y Duarte, al que el partido no ha retirado su confianza y postula como posible alcalde de la ciudad.

Zamorano contest¨® a Duarte ayer asegurando que no existe ning¨²n auto que limite el acceso a dependencias municipales a los implicados. La respuesta lleg¨® en forma de escrito, difundido previamente por los medios de comunicaci¨®n.En la carta, Zamorano reh¨²sa adoptar cualquier medida. "Cada concejal ostenta la m¨¢xima responsabilidad (...), por lo que deber¨¢ ser usted quien eleve

tanto ¨¦sta como cualquier decisi¨®n oportuna", recoge la nota. El concejal adjunta un informe jur¨ªdico en el que le explica c¨®mo actuar en cada caso. Con los empleados de libre designaci¨®n debe abrir un expediente, motivar la decisi¨®n y elevarlo a alcald¨ªa, mientras que con los funcionarios se debe abrir un procedimiento sancionador.

El edil de Hacienda, del que dependen las contrataciones, ha sido el primero en hacer despidos tras su imputaci¨®n en el caso Astapa. As¨ª, notific¨® el cese a Juan Carlos Gurrea, consejero delegado de la sociedad municipal Desarrollos Municipales Estepona, alegando que hab¨ªa desaparecido la confianza que deposit¨® en ¨¦l cuando fue contratado en 2003. Tres d¨ªas antes, Gurrea hab¨ªa declarado como testigo ante los investigadores.

Los t¨¦cnicos de Urbanismo implicados y cuya permanencia en sus puestos de trabajo podr¨ªa hacer peligrar posibles pruebas son el ingeniero H¨¦ctor Ruiz, director t¨¦cnico de la Empresa Municipal de la Vivienda, y los arquitectos Tom¨¢s ?lvarez y Arturo Cebri¨¢n.

Este ¨²ltimo aparec¨ªa en el sumario del caso Hidalgo contra el blanqueo de capitales. Tambi¨¦n contin¨²an en su puesto el responsable de los servicios jur¨ªdicos, Andr¨¦s Flores, y el jefe de servicios t¨¦cnicos, Ignacio de la Hoz, a quien trabajadores municipales supuestamente sorprendieron a finales de la semana pasada manipulando el ordenador del responsable de las tasaciones, Javier Wittmeur, en prisi¨®n preventiva.

De la Hoz, en libertad bajo fianza de 50.000 euros est¨¢ acusado de fraude y malversaci¨®n. Flores qued¨® en libertad con cargos de cohecho y blanqueo tras una larga declaraci¨®n. El edil de Urbanismo entiende que ninguno de lo dos puede seguir en sus puestos como cargos de libre designaci¨®n.

Dentro del ¨¢rea de Urbanismo tambi¨¦n est¨¢n implicados el gerente Juan Manuel Ramos y la coordinadora Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, Javier Rojo. Para ellos no se ha pedido ninguna medida de separaci¨®n. Seg¨²n fuentes municipales, sus cargos tienen un car¨¢cter "eminentemente pol¨ªtico".

El viernes pasado el concejal de Seguridad Antonio S¨¢nchez (PSOE) envi¨® una patrulla de Polic¨ªa Local a la delegaci¨®n de Urbanismo para evitar que cualquier persona ajena al edificio accediera a las oficinas sin un motivo justificado. Seg¨²n fuentes municipales, el d¨ªa anterior, el abogado Juan Sim¨®n, en libertad bajo fianza de 300.000 euros, acudi¨® a las instalaciones municipales y amedrent¨® a varios de los empleados de Urbanismo dici¨¦ndoles que ellos tambi¨¦n resultar¨ªan acusados de irregularidades. Ante esta peculiar visita, Rafael Duarte dio instrucciones al servicio de seguridad para que no se permitiera el acceso al abogado sin su consentimiento previo. Hasta el inicio de la operaci¨®n, Sim¨®n entraba y sal¨ªa a placer del edificio, en el que tambi¨¦n se encuentra la delegaci¨®n de Personal.

El concejal de Seguridad Ciudadana ha ordenado a la empresa que vigila el edificio Puerto Sol de que impida el acceso a cualquier persona que no tenga autorizaci¨®n expresa y ha pedido a las patrullas de la Polic¨ªa Local cercanas que est¨¦n alerta y puedan acudir ante cualquier incidencia. Las concejalas Asunci¨®n L¨®pez (Cultura), Mariv¨ª L¨®pez (Educaci¨®n) y Marisa Rodr¨ªguez (Playas) son los otros cargos pol¨ªticos que siguen en sus puestos, al igual que Zamorano.