La vida es un derecho, no una obligaci¨®n

Ha bastado la noticia de que la Junta de Andaluc¨ªa prepara una ley que garantice el derecho a una muerte digna para que se haya activado el debate: mientras unos abrigan la esperanza de ver llegar el alcance de la futura ley hasta la regulaci¨®n de la eutanasia activa y el suicidio asistido, otros comienzan a desacreditarla desde antes de su nacimiento, achac¨¢ndole unos supuestos contenidos que ya comienzan a presentar como abominables, con la probable intenci¨®n de conseguir restricciones en su alcance que, en la pr¨¢ctica, hagan de ella un instrumento legal in¨²til para los ciudadanos.

Ejemplo de una ley con s¨®lo apariencia de contenido lo tenemos en la llamada Ley de Testamento Vital de la Comunidad de Madrid, aprobada por el Partido Popular. Esta norma reconoce formalmente el derecho a rechazar el encarnizamiento terap¨¦utico y, m¨¢s vagamente, el de recibir cuidados paliativos en situaciones vitales irreversibles. El reconocimiento de estos derechos es superfluo porque ya lo estaban en leyes estatales anteriores, especialmente en la Ley 41/2002, conocida como ley de autonom¨ªa del paciente. Lo que en realidad hace la normativa del PP es vaciarlos de contenido al hacerlos depender de la conciencia moral del m¨¦dico que a uno le caiga en suerte, ya que el art¨ªculo 3?,3 reconoce el derecho a la objeci¨®n de conciencia del m¨¦dico para negarse a cumplir la voluntad expresada. De tal modo que si el moribundo tiene la desgracia de ser asistido por un seguidor del obispo em¨¦rito de Pamplona, adem¨¢s de ser sometido con toda probabilidad a m¨¦todos que prolongar¨¢n innecesaria y cruelmente su vida, le aplicar¨¢n ese falso e hip¨®crita principio de que mientras hay vida hay esperanza y objetar¨¢ en conciencia el poner fin a tratamientos y medios extraordinarios que el paciente ha rechazado expresamente. Est¨¢ muy reciente el lamentable peregrinaje de Inmaculada Echevarr¨ªa en busca de m¨¦dicos dispuestos a entender que el cumplimiento del derecho que la ley reconoc¨ªa a Inmaculada era parte de su obligaci¨®n de asistencia al doliente.

El miedo de muchos m¨¦dicos a sufrir una persecuci¨®n ha causado mucho dolor innecesario

Quienes hemos padecido la persecuci¨®n m¨¢s salvaje e injustificada por parte de las autoridades sanitarias de Madrid, por haber realizado una pr¨¢ctica de buen hacer m¨¦dico -la sedaci¨®n de pacientes terminales, es decir, el alivio del sufrimiento que la agon¨ªa comporta- tenemos la triste experiencia de c¨®mo desde el poder y sus medios de difusi¨®n se pudo impedir intencionalmente este trascendental debate, sin importarles el efecto perverso de haber logrado restringir el auxilio m¨¦dico en la muerte de las personas. El miedo de muchos m¨¦dicos a sufrir una persecuci¨®n similar a la nuestra ha causado mucho dolor innecesario que alguien deber¨¢ pagar alguna vez.

Celebraremos la ley andaluza si finalmente logra ser un paso adelante en el reconocimiento legal efectivo del derecho de autonom¨ªa del paciente. El reconocimiento de este derecho a la libre toma de decisiones que afectan a la propia vida y muerte es el n¨²cleo de las preocupaciones ¨¦ticas que desde siempre han acompa?ado al proceso de morir y m¨¢s a¨²n a las formas de prestar ayuda a ese inevitable proceso.

Frente al planteamiento confesional dominante, expresado reiteradamente por la jerarqu¨ªa cat¨®lica, que considera la vida un don divino irrenunciable y valora el sufrimiento hasta el grado de considerar aceptable la entrega dichosa al martirio, una parte de la poblaci¨®n, cada vez m¨¢s numerosa, que incluye a no pocos cristianos de base, pensamos que la vida es un bien, un derecho, pero no una obligaci¨®n que llegue a alcanzar, en casos como el de Ram¨®n Sampedro, la categor¨ªa de condena a la pena de vida.

Desde esta perspectiva laica, el derecho a decidir el fin de la propia existencia resulta evidente, como evidente es que ninguna divinidad bondadosa podr¨ªa querer un castigo tan cruel para una de sus criaturas. Quienes ven en la autonom¨ªa de la persona un peligro cierto de p¨¦rdida de poder sobre las conciencias est¨¢n dispuestos a emprender cualquier cruzada por mantenerlo.

Ojal¨¢ que la futura ley andaluza sea un paso real en el reconocimiento de derechos y el punto de partida de un debate social que consiga romper con siglos de sumisi¨®n de los derechos civiles a criterios religiosos que s¨®lo son compartidos por una parte de la sociedad.

Luis Montes Mieza y Fernando Soler son m¨¦dicos del Severo Ochoa de Legan¨¦s.