El Gobierno endurece el acceso a la renta b¨¢sica para evitar el fraude

El Gobierno vasco est¨¢ dispuesto a garantizar la atenci¨®n a los sectores m¨¢s desfavorecidos, pero asegur¨¢ndose de que tal apoyo no contribuya a prolongar su dependencia de forma indeseada. El consejero de Empleo, Justicia y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, recalc¨® ayer este mensaje tras la aprobaci¨®n por parte del Consejo de Gobierno del proyecto de ley de Garant¨ªa de Ingresos y de Inclusi¨®n Social.

Con este texto se completa la revisi¨®n del marco en materia de protecci¨®n y se reforma la Ley de Lucha contra la Exclusi¨®n Social, ajust¨¢ndola a la actual realidad. Las condiciones para acceder a la renta b¨¢sica, el elemento nuclear de las ayudas sociales, se endurecen y su percepci¨®n se vincula directamente a la b¨²squeda activa de empleo.

La renta b¨¢sica seguir¨¢ dirigi¨¦ndose a las personas que carecen de recursos econ¨®micos. Su cuant¨ªa se fija en el 88% del Salario M¨ªnimo Interprofesional (616 euros mensuales) y siempre ir¨¢ acompa?ada del compromiso del perceptor de firmar un convenio de inclusi¨®n, por el que se compromete a seguir una formaci¨®n para incorporarse al mercado de trabajo. Otro grupo que se puede beneficiar es el de los pensionistas que perciben los subsidios m¨¢s bajos. En este caso, el salario social complementar¨¢ las pensiones hasta que la suma de los dos ingresos alcance el 100% del SMI. El tercer colectivo es el de los ciudadanos que tienen un trabajo, pero su salario mensual no alcanza el importe de la renta b¨¢sica.

La ley prev¨¦ que en el caso de familias monoparentales, a la renta b¨¢sica se le sume otro subsidio econ¨®mico. "Se trata de dar un tratamiento diferenciado a este tipo de familias".

Las principales novedades figuran en el apartado dedicado a los mecanismos de control. Se limita a dos a?os el periodo de concesi¨®n de la renta. Ahora no exist¨ªa limitaci¨®n y era de car¨¢cter indefinido. Tras la aprobaci¨®n de la ley, se renovar¨¢ cada dos a?os, previo informe de los servicios sociales de los ayuntamientos sobre la trayectoria del perceptor. Adem¨¢s, se realizar¨¢ un control m¨¢s riguroso para comprobar que el beneficiario busca de manera activa empleo. Negarse a suscribir un convenio de inclusi¨®n o rechazar un empleo ser¨¢n causas directas de retirada de la ayuda. Ahora tambi¨¦n es as¨ª, pero no hab¨ªa un control tan exhaustivo. "Se van a reforzar los sistemas inform¨¢ticos y de coordinaci¨®n con ayuntamientos y otros agentes implicados", anunci¨® Azkarraga. El Gobierno intervendr¨¢ cuando lo considere oportuno en la concesi¨®n de las prestaciones, algo que actualmente es competencia en exclusiva de las diputaciones. Y se regular¨¢ el n¨²mero m¨¢ximo de perceptores de renta b¨¢sica que pueden vivir en el mismo piso. Se har¨¢ de acuerdo a los metros cuadrados de la vivienda y el n¨²mero de habitaciones.

El proyecto de ley tambi¨¦n reordena las percepciones sociales al fijar un complemento espec¨ªfico de alquiler, con lo que devuelve a las Ayudas de Emergencia Social (AES) su car¨¢cter original. En estos momentos, el 80% de los perceptores de AES destina este dinero al pago del alquiler, pese a que su objetivo no es ¨¦ste, sino afrontar gastos puntuales. El nuevo subsidio liberar¨¢ de esta forma a las AES.