Objeciones

Si es cierto, como se lo o¨ª comentar a uno de los afectados, que las empresas y comercios a los que se les va a aplicar el decreto sobre los derechos ling¨¹¨ªsticos de los consumidores tienen ya hechas las tareas, la nueva normativa ser¨¢ fruto, una vez m¨¢s, de una gran torpeza. Supongo que la Viceconsejer¨ªa de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica dispondr¨¢ de una informaci¨®n fidedigna que desmienta esa impresi¨®n de quien, sabi¨¦ndose a salvo, considera que su situaci¨®n es generalizable y que el decreto puede estar de m¨¢s. Partamos pues del dato de que las exigencias que plantea el decreto no se cumplen en la actualidad y que en muchas de las empresas que se van a ver afectados el cliente no puede ser atendido en euskera. Aun siendo as¨ª, nos surge la pregunta de si un Gobierno tiene legitimidad para imponer por decreto los usos ling¨¹¨ªsticos de entidades privadas, m¨¢s all¨¢ de las necesidades que a ¨¦stas les pueda dictar la marcha de su negocio.

Todo eso requiere un consenso amplio, pol¨ªtico y social, que es el que creo que est¨¢ faltando

La pregunta no es ociosa y creo que se halla en el centro de muchos de los problemas que se est¨¢n planteando estos d¨ªas en torno a la guerra de las lenguas. Los estados nacionales siempre han buscado la unidad ling¨¹¨ªstica y los que no la han conseguido, salvo excepciones, han vivido conflictos que en muchos casos han culminado en procesos de ruptura. La unidad rara vez se ha conseguido sin imposici¨®n, aunque ¨¦sta haya sido normativa y no violenta y haya contado con el consenso impl¨ªcito de las clases dirigentes de las diversas zonas ling¨¹¨ªsticas. Los estados, al menos desde que existen los estados nacionales, han intervenido casi siempre en la configuraci¨®n de la realidad ling¨¹¨ªstica de su territorio, y van a seguir haci¨¦ndolo, sea cual sea la f¨®rmula que adopten para ello. Por poner un ejemplo, ?d¨®nde comienzan y terminan los derechos ling¨¹¨ªsticos de los ciudadanos espa?oles de origen magreb¨ª que pueden estar constituyendo comunidades numerosas en diversas ciudades y que acaso deseen comunicarse, educarse y rotular en ¨¢rabe? Si el desarrollo de las lenguas respondiera a un proceso natural de libre concurrencia, en el que las lenguas se expandieran o se limitaran sin ning¨²n tipo de regulaci¨®n normativa, es obvio que esos ciudadanos tendr¨ªan pleno derecho a vivir en ¨¢rabe e incluso a ignorar el castellano, sin otra restricci¨®n o imposici¨®n que la fuerza de los hechos. Sin embargo, es igualmente obvio que a esos ciudadanos espa?oles de origen for¨¢neo se les habr¨¢ exigido el conocimiento del castellano para que lleguen a serlo, y que a los que no lo son todav¨ªa, como prevenci¨®n de futuras consecuencias, se les llegar¨¢ a plantear un contrato de integraci¨®n en el que ir¨¢ incluido el compromiso de aprender castellano. Las lenguas, por lo tanto, lejos de estar sometidas a simples procesos naturales -que tambi¨¦n- se hallan sometidas igualmente a procesos culturales y pol¨ªticos, y en tanto que sometidas a estos ¨²ltimos sufren restricciones territoriales.

El castellano es la lengua com¨²n de todos los ciudadanos espa?oles. ?ste es un hecho que no plantea problemas, y es adem¨¢s un hecho positivo, pero est¨¢ sometido en nuestra Constituci¨®n a una regulaci¨®n normativa: es un hecho que adem¨¢s debe seguir si¨¦ndolo. ?Es el euskera, junto con el castellano, lengua com¨²n de todos los ciudadanos vascos? ?Debe serlo, o debemos optar por la existencia de dos comunidades ling¨¹¨ªsticas? Son preguntas que requieren una respuesta pol¨ªtica, m¨¢s que manifiestos altisonantes y bastante hueros -y susceptibles de ser distorsionados-. De la respuesta que les d¨¦ nuestra sociedad, que tiene capacidad normativa para ello, depender¨¢ el objetivo que nos propongamos, y ser¨¢ igualmente la pol¨ªtica la que tendr¨¢ que arbitrar c¨®mo lograrlo. Un c¨®mo que habr¨¢ de ser respetuoso con los derechos de las personas, no ya con los derechos ling¨¹¨ªsticos, sino con el derecho al bienestar personal y al desarrollo personal. Y todo eso requiere un consenso amplio, pol¨ªtico y social, que es el que creo que est¨¢ faltando en las ¨²ltimas disposiciones de nuestro Gobierno que afectan a la lengua.

?Ser¨ªa percibido como una imposici¨®n el decreto sobre el derecho de los consumidores -que persigue un objetivo, en mi opini¨®n, razonable-, si hubiera sido fruto de un acuerdo previo con los sectores afectados y con las fuerzas pol¨ªticas?