La Vila duda entre legalizar o demoler el Atrium

El fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que anula el instrumento de planeamiento con el que se legaliz¨® el hotel Atrium de La Vila Joiosa complica la soluci¨®n al complejo con exceso de edificabilidad. Cuando la sentencia sea firme, el Consistorio deber¨¢ decidir si redacta un nuevo PRIM que legalice la estructura del hotel, o si deja operar a la empresa con la licencia obtenida sobre la base del planeamiento anulado. El impulsor del recurso, el concejal de Iniciativa Independiente (II) Pedro Lloret, actual primer teniente de alcalde, persigue ahora la anulaci¨®n de la licencia y el derribo de la obra.

En 2004, un juez dict¨® el derribo si no se correg¨ªa la infracci¨®n

La sentencia del TSJ anula el Plan de Reforma Interior de Mejora (PRIM) aprobado definitivamente por el ayuntamiento el 20 de octubre de 2005, al considerar que en la redacci¨®n del documento "el inter¨¦s general queda totalmente desplazado por el inter¨¦s particular de la legalizaci¨®n". Lloret considera que el pronunciamiento del tribunal retrotrae la situaci¨®n al momento anterior a la aprobaci¨®n del PRIM, es decir, cuando en 2004 un juez de Alicante orden¨® al consistorio que en el plazo de un mes se demoliera el exceso de obra, cifrado por la consejer¨ªa de Territorio y Vivienda en 53.000 metros cuadrados. El edil est¨¢ convencido de que "con los fundamentos a los que se alude en la sentencia lo vamos a conseguir". Posteriormente, "el edificio se tendr¨¢ que demoler". La postura oficial del Gobierno sobre la anulaci¨®n del PRIM no se ofrecer¨¢ hasta el lunes, aunque varios de sus miembros explicaron que "se acatar¨¢ la anulaci¨®n y no se recurrir¨¢ al Supremo", indic¨® un concejal.

La promotora del Atrium, hotel Luna S. A., se aferra a la licencia de la que dispone, con fecha 18 de diciembre de 2006, y argumenta que es v¨¢lida y no cabe recurso. Por eso entienden como un ¨¦xito la sentencia que anula el PRIM y se han apresurado a pedir la devoluci¨®n del dinero y los terrenos dotacionales que cedieron al Consistorio para su legalizaci¨®n. El TSJ anul¨® la semana pasada la sanci¨®n de 12 millones de euros impuesta por el Consell al promotor, al haber dejado la administraci¨®n que caducara el expediente.