Problema de legitimidad

La ley recientemente aprobada por el Parlamento vasco a fin de posibilitar la celebraci¨®n de un refer¨¦ndum el pr¨®ximo 25 de octubre sobre el llamado "derecho a decidir" es tan absolutamente inmanejable desde un punto de vista constitucional, se sab¨ªa desde hace tanto tiempo que es constitucionalmente imposible, que no se entiende bien por qu¨¦ el lehendakari, teniendo en cuenta la relaci¨®n de fuerzas que existe en el interior del Pa¨ªs Vasco, tal como ha quedado expresada en todas las consultas electorales de la ¨²ltima d¨¦cada y tal como lo reflejan todos los estudios de opini¨®n recientes, no renunci¨® a presentar el proyecto al Parlamento.

Para aprobar un proyecto de ley de esta naturaleza hay que tener una legitimidad pol¨ªtica enorme. No discuto, y desde el entendimiento que tengo del principio de legitimaci¨®n democr¨¢tica del poder no creo que se deba discutir, la legitimidad de que, desde cualquier territorio del Estado, desde cualquier comunidad aut¨®noma, se pueda tomar una iniciativa que desborde el marco constitucional. No discuto la legitimidad de que se pretenda vehicular dicha iniciativa al margen de los cauces de reforma que la propia Constituci¨®n prev¨¦. Jur¨ªdicamente esto es inadmisible y, por tanto, si se plantea una iniciativa de esta naturaleza, el asunto acabar¨¢ ante el Tribunal Constitucional, que no tendr¨¢ m¨¢s alternativa que anular la iniciativa por inconstitucional.

El 'lehendakari' tiene menos legitimidad pol¨ªtica hoy que con la primera iniciativa

Jur¨ªdicamente no existe ning¨²n problema. Es un asunto de una claridad tan meridiana, que el Tribunal Constitucional ¨²nicamente tiene que resolverlo desde un punto de vista formal, porque materialmente est¨¢ resuelto. El TC no deber¨ªa necesitar ni una ma?ana para dictar la sentencia y, por tanto, ser¨ªa bueno que no demorara la adopci¨®n de la decisi¨®n. Una propuesta que pone en cuesti¨®n la unidad del poder constituyente no es aceptable constitucionalmente. Ni en Espa?a ni en ning¨²n otro pa¨ªs, a menos que se est¨¦ dispuesto a aceptar la ruptura del principio de unidad pol¨ªtica del Estado y la formaci¨®n de Estados independientes a partir de unidades pol¨ªticas que eran parte de ese Estado ¨²nico. En la antigua Checoslovaquia se hizo en la ¨²ltima d¨¦cada del pasado siglo de manera pac¨ªfica y en B¨¦lgica est¨¢n a punto de hacerlo. Pero hay que aceptar la ruptura de la unidad pol¨ªtica del Estado.

Jur¨ªdicamente no hay, pues, ning¨²n problema. Pero, pol¨ªticamente, s¨ª lo hay o, mejor dicho, s¨ª podr¨ªa haberlo. Todav¨ªa no lo hay ni es probable que lo haya nunca. Pero, en todo caso, todav¨ªa no lo hay. En el Pa¨ªs Vasco podr¨ªa constituirse una voluntad pol¨ªtica que fuera inequ¨ªvocamente hegem¨®nica y que tuviera como objetivo ejercer el llamado "derecho a decidir" sin respetar los l¨ªmites que la Constituci¨®n establece. Si esto ocurriera, si el PNV, para entendernos, concurriera a unas elecciones llevando en su programa el "derecho a decidir" y obtuviera un resultado claramente por encima del 50%, no cabe duda de que el lehendakari investido con base en ese resultado tendr¨ªa toda la legitimidad para plantear esa reivindicaci¨®n y para exigir la celebraci¨®n del refer¨¦ndum correspondiente.

Lo que ocurre es que no es as¨ª. La evidencia emp¨ªrica de que disponemos m¨¢s bien apunta en direcci¨®n opuesta. Tras el rechazo por el Congreso de los Diputados de la reforma del Estatuto de Gernika aprobada por el Parlamento vasco, Juan Jos¨¦ Ibarretxe disolvi¨® el Parlamento y convoc¨® unas elecciones, en las que el PNV obtuvo menos votos y esca?os que en la consulta anterior, y desde entonces todos los resultados electorales le est¨¢n siendo adversos. Todav¨ªa m¨¢s lo son los resultados de los estudios de opini¨®n m¨¢s recientes, incluso los elaborados por las propias instituciones vascas. El lehendakari tiene menos legitimidad pol¨ªtica hoy de la que ten¨ªa cuando puso en marcha la primera iniciativa del llamado "derecho a decidir", que tambi¨¦n estaba muy lejos del umbral m¨ªnimo exigible en t¨¦rminos de pol¨ªtica comparada, es decir, pretende que se acepte una quiebra de la legalidad, de la constitucionalidad, sin el m¨ªnimo de legitimaci¨®n democr¨¢tica exigible para hacer un planteamiento de este tipo.

La iniciativa del lehendakari, secundada a rega?adientes por su propio partido y aprobada en el Parlamento con un voto del PCTV, es una iniciativa disparatada desde cualquier punto de vista. Jur¨ªdicamente es inmanejable y pol¨ªticamente es descabellada. Objetivamente es una iniciativa que no beneficia nada m¨¢s que a ETA y que, como consecuencia de ello, mete al propio nacionalismo democr¨¢tico en un callej¨®n sin salida. La iniciativa nos retrotrae al Pacto de Lizarra, un error del que el PNV deber¨ªa haber aprendido lo suficiente como para no volver a cometerlo.