?Abortar sin explicaciones es un derecho?

La ley del aborto ha envejecido mal. Ni sirve para dar seguridad jur¨ªdica a mujeres y profesionales ni tampoco ha evitado que las interrupciones del embarazo se disparen hasta unas 100.000 al a?o. La Europa m¨¢s avanzada marca el camino: una ley de plazos, es decir, un periodo en el que la mujer no tiene que justificar su decisi¨®n.

Algunos expertos creen que la posici¨®n del Constitucional podr¨ªa variar ahora

La sentencia de 1985 pide proteger al 'nasciturus', pero no lo llama persona

Holanda, con una ley muy flexible, ha reducido al m¨ªnimo la tasa de abortos

El feto es capaz de sobrevivir fuera del ¨²tero a partir de las 24 o 26 semanas

Cada vez son m¨¢s las voces que lo reclaman, pero la reforma puede tener sus barreras. ?Es jur¨ªdicamente posible? ?Ser¨ªa m¨¢s f¨¢cil incluir un cuarto supuesto de despenalizaci¨®n, el embarazo no deseado? El Gobierno, que ya ha dicho que estudiar¨¢ la mejor manera de hacer una "reforma vanguardista", se enfrenta al estudio y redacci¨®n de una norma que choca con los sectores m¨¢s conservadores de la sociedad. ?stos ondean como una bandera una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que en 1985 hablaba del nasciturus (es decir, del no nacido) como un "bien jur¨ªdico constitucionalmente protegido". Otros creen que el tiempo transcurrido y la evoluci¨®n social permite pensar que el TC defender¨ªa hoy un criterio diferente.

Mientras, el Gobierno socialista -que ya plante¨® una reforma del aborto en 1994 y en 2004- est¨¢ empezando a formar un comit¨¦ de expertos que, a partir de septiembre, analizar¨¢ todas las posibilidades del cambio legislativo.

En Espa?a el aborto est¨¢ despenalizado s¨®lo en tres supuestos: violaci¨®n (hasta las 12 semanas), malformaci¨®n fetal (hasta las 22) y grave riesgo para la salud f¨ªsica o ps¨ªquica de la madre (sin plazo). Una ley de plazos implicar¨ªa que la mujer pudiera abortar sin acogerse a ninguna de estas tres indicaciones hasta una determinada semana de gestaci¨®n. Algo que, para algunos sectores, chocar¨ªa con la Constituci¨®n porque, aseguran, los derechos de la mujer prevalecer¨ªan sobre los que, te¨®ricamente, tienen los no nacidos.

"Una ley de estas caracter¨ªsticas no se ajustar¨ªa al texto constitucional", sostiene Jos¨¦ Gabald¨®n, vicepresidente em¨¦rito del Tribunal Constitucional y presidente honor¨ªfico del Foro Espa?ol de la Familia, uno de los autodenominados grupos pro-vida. "La eliminaci¨®n de los supuestos ser¨ªa inconstitucional porque la mujer no dar¨ªa ninguna causa para terminar con la vida del no nacido", explica. Gabald¨®n se basa en la sentencia 53/1985 del Tribunal Constitucional. En ella se dice que los derechos de la mujer "no pueden tener primac¨ªa absoluta sobre la vida del nasciturus", salvo en los tres supuestos marcados en la legislaci¨®n.

?Ser¨ªa entonces posible hacer una ley de plazos? ?Se puede compaginar la libre decisi¨®n de la mujer de interrumpir un embarazo no deseado con la protecci¨®n a ese bien jur¨ªdico? Para Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn, magistrado em¨¦rito del Tribunal Supremo, "constitucionalmente no habr¨ªa ning¨²n problema". "La sentencia del Constitucional fue interpretativa. La jurisprudencia de este tribunal ha cambiado y puede cambiar", sostiene. Asegura que incluso con la sentencia mencionada por Gabald¨®n, pero matiz¨¢ndola, no habr¨ªa ning¨²n problema. "El Constitucional no habla de ning¨²n derecho constitucional del nasciturus, sino que expone que es un valor constitucional, una figura puramente ling¨¹¨ªstica", dice Mart¨ªn Pall¨ªn. As¨ª, este tribunal evita referirse al no nacido como una persona.

Tampoco ve barreras a esta posible reforma legislativa el magistrado del Tribunal Supremo Perfecto Andr¨¦s Ib¨¢?ez. "El nasciturus merece protecci¨®n porque es un bien constitucional, pero el aborto no es un deporte y ese supuesto derecho del no nacido -que no tiene autonom¨ªa- no podr¨ªa prevalecer sobre el derecho de la madre", sostiene. "El Estado no tiene derecho a imponer embarazos no deseados. Ninguna ley, ning¨²n precepto del ordenamiento impone grav¨¢menes tan fuertes como el que supondr¨ªa a la mujer llevar a t¨¦rmino un embarazo no deseado. El derecho de la madre tendr¨ªa que prevalecer sobre llevar adelante o no un embarazo. Aunque naturalmente habr¨ªa que imponer unas limitaciones de plazo", dice.

La opini¨®n de estos magistrados se a?ade a la de muchos otros, que opinan que la legislaci¨®n actual no es m¨¢s que un parche de hace 20 a?os que hay que reparar urgentemente porque est¨¢ cada vez m¨¢s ajado y es anacr¨®nico. "La ley del aborto est¨¢ desfasada. Es necesario reformarla para atender la demanda de las mujeres", sostiene el jurista del Estado Ram¨®n S¨¢ez Valc¨¢rcel. Este cambio pasa, para ¨¦l, por una ley de plazos que equiparar¨ªa Espa?a con la mayor¨ªa de los pa¨ªses de su entorno. "Ahora mismo tenemos una soluci¨®n que se pens¨® para hace m¨¢s de 20 a?os y que hay que adaptar a los tiempos", dice.

Y es que esta norma deja demasiados resquicios por los que se acaba disipando la seguridad jur¨ªdica de las mujeres que, en la inmensa mayor¨ªa de los casos, aluden a que est¨¢n bajo un grave riesgo ps¨ªquico para poder abortar, y para ello se someten a un examen psicol¨®gico antes de ser intervenidas.

Los datos hablan por s¨ª solos: en 2006 el 96,98% de los abortos se hicieron bajo el supuesto de riesgo para la salud materna, seg¨²n datos del Ministerio de Sanidad. "Las mujeres se ven obligadas a recurrir a este supuesto. Un supuesto que ha sido y puede ser cuestionado por otros. Ya ha habido mujeres a las que han pretendido revisar a posteriori sobre si se ajustaban a esta indicaci¨®n de grave riesgo para la salud ps¨ªquica o no, y eso supone una grave desprotecci¨®n para ellas", sostiene la abogada Cristina Almeida.

Esta mujer, que cuenta que en 1983 fue detenida a las puertas del Congreso de los Diputados por pedir una ley de plazos como la que la mayoria reclama ahora, se refiere a casos como el de algunas mujeres que abortaron en la cl¨ªnica madrile?a Isadora, que fueron llamadas a la comisar¨ªa -algunas incluso se vieron sorprendidas por la polic¨ªa en sus propias casas y a veces en compa?¨ªa de su familia- para declarar sobre en qu¨¦ circunstancias hab¨ªan abortado. Mujeres que, en muchos casos, ni siquiera eran testigos en la causa sobre supuestos abortos irregulares que se segu¨ªa contra Isadora, ni estaban imputadas en la investigaci¨®n.

"Una ley de plazos dar¨ªa m¨¢s seguridad jur¨ªdica a las mujeres. Impondr¨ªa criterios m¨¢s objetivos y evitar¨ªa que se cuestionase su decisi¨®n", opina Lourdes Garc¨ªa, juez de la Audiencia Provincial de M¨¢laga y miembro del secretariado de Jueces para la Democracia.

Adem¨¢s, una ley de plazos cubrir¨ªa casi el 90% de los abortos que se realizan en Espa?a. Si se toma como plazo m¨¢ximo para abortar sin dar ning¨²n tipo de explicaci¨®n la semana duod¨¦cima -como en los pa¨ªses m¨¢s conservadores en este tipo de legislaci¨®n- estar¨ªan cubiertos el 88% de los abortos. El 94,1% si el plazo fuera de 16 semanas. Y es que la gran mayor¨ªa de las interrupciones del embarazo se hacen antes de este l¨ªmite, seg¨²n los datos de 2006 de Sanidad.

Sin embargo, para la mayor¨ªa, ese sistema de plazos no es suficiente. Tampoco lo ser¨ªa crear un cuarto supuesto de embarazo no deseado. "Se deber¨ªa cambiar la normativa actual por una ley de plazos, y a partir de ah¨ª imponer un sistema de indicaciones parecido al que existe ahora pero que no tuviese l¨ªmite para casos como las malformaciones fetales", sostiene Santiago Barambio, presidente de Acai. Una opini¨®n que comparten otras muchas voces como la de Cristina Almeida o la de Jueces para la Democracia.

Pero aqu¨ª el Gobierno se vuelve a encontrar con muchas aristas que limar y ciertos grupos vuelven a enarbolar la figura del nasciturus. ?Qu¨¦ plazo se fijar¨ªan? "Incuestionablemente debe haber un l¨ªmite definido y tienen que ser los m¨¦dicos los que lo fijen, con toda probabilidad bas¨¢ndose en la viabilidad fetal", dice Mart¨ªn Pall¨ªn. Para Acai este plazo deber¨ªa ser tan amplio como el m¨¢s extenso de Europa. En este caso el de Holanda, marcado en 24 semanas. "No podemos mejorar la ley haciendo que las mujeres espa?olas tengan menos opciones que antes. Tendr¨ªan que estar en las mismas condiciones que las mejores de toda Europa", dice Barambio.

La Organizaci¨®n Mundial de la Salud define el aborto como "la interrupci¨®n de la gestaci¨®n antes de la viabilidad fetal", es decir, antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del ¨²tero materno. Un tiempo que los expertos sit¨²an en 24 o 26 semanas, a partir de las cuales el feto puede respirar.

Tambi¨¦n la Sociedad Espa?ola de Ginecolog¨ªa y Obstetricia (Sego) se suma a este debate. Hace unas semanas esta organizaci¨®n, que agrupa a unos 6.000 profesionales, present¨® un documento en el que ped¨ªa que se impidiese abortar m¨¢s all¨¢ de las 24 semanas. Fuera de este plazo, dec¨ªan, ya no se podr¨ªa hablar de aborto sino de "eliminaci¨®n de un feto viable" y ped¨ªan que se le reanimara. En otro tono y por otras causas, pero la voz de esta sociedad m¨¦dica se suma al agitado debate de los que piden una reforma legislativa y la revisi¨®n de los plazos de abortos.

Pero, ?y despu¨¦s de ese plazo delimitado? "En casos de malformaci¨®n o en los que exista grave riesgo f¨ªsico o ps¨ªquico para la madre, un equipo m¨¦dico o una comisi¨®n m¨¦dica formada por profesionales de distintos or¨ªgenes podr¨ªan autorizar la interrupci¨®n", sugiere Mart¨ªn Pall¨ªn.

Ley de plazos combinada con una serie de supuestos posteriores a ese l¨ªmite es lo que impera en la mayor¨ªa de los pa¨ªses de Europa. Legislaciones que Espa?a deber¨ªa analizar, seg¨²n Ignacio Espinosa Casares, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Rioja y portavoz de Jueces para la Democracia, para hacer su propia reforma legislativa. Pa¨ªses como Alemania, Austria, B¨¦lgica, Dinamarca, Francia, Portugal, Grecia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Hungr¨ªa o Rep¨²blica Checa admiten las interrupciones voluntarias del embarazo libremente -sin supuestos legales- hasta las 12 semanas de gestaci¨®n. En Italia se permite hasta los 90 d¨ªas (13 semanas), y en Rumania hasta las 14 semanas. En otros, como Suecia (18 semanas) u Holanda (24) el plazo es m¨¢s amplio. En este pa¨ªs, pese a una ley m¨¢s flexible, se ha logrado reducir la tasa de abortos hasta ser una de las m¨¢s bajas de Europa gracias a una apuesta por la prevenci¨®n a trav¨¦s de la educaci¨®n sexual. En el Reino Unido, la ley no es exactamente de plazos pero admite acogerse al supuesto socioecon¨®mico hasta la semana 24.

Pasado este l¨ªmite, en la mayor¨ªa de pa¨ªses europeos la legislaci¨®n permite abortos en tiempos posteriores bajo causas muy espec¨ªficas, como riesgo para la mujer o malformaciones fetales. B¨¦lgica, Dinamarca, Francia, Italia o Austria no ponen l¨ªmite para las malformaciones fetales. En Francia, por ejemplo, se puede interrumpir el embarazo cuando un comit¨¦ m¨¦dico decida que la salud de la mujer corre peligro o se acredite que el feto sufre una enfermedad grave o incurable.

El comit¨¦ de expertos que est¨¢ creando el Gobierno, y que coordinar¨¢n los ministerios de Justicia, Sanidad e Igualdad, observar¨¢ entre otras cosas estas legislaciones europeas. Muchas de ellas contemplan adem¨¢s un periodo de reflexi¨®n al que ha de someterse la mujer antes de decidir si se realiza la intervenci¨®n o no. Un tiempo que Alemania, Hungr¨ªa o Portugal fijan en tres d¨ªas; y otros como Francia o Italia establecen en siete.

Ser¨¢ el comit¨¦ de expertos el que sugiera al Gobierno el camino para esta reforma. Un cambio de una ley org¨¢nica que tendr¨ªa que pasar por el Consejo de Ministros, con un informe preceptivo pero no vinculante del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial, y despu¨¦s ser aprobada por el Congreso y el Senado por mayor¨ªa cualificada. Fue en este punto donde descarrilaron los dos intentos anteriores de 1994 y 2004. Si esta vez saliese aprobada, podr¨ªa impugnarse al Tribunal Constitucional, para lo que bastan 50 diputados o senadores. La mejor manera, para muchos, de zanjar la pol¨¦mica.