Solbes no cede en el pulso con Montilla

A cinco d¨ªas del plazo fijado por el Estatuto de Catalu?a (9 de agosto), el acuerdo sobre las bases del nuevo modelo de financiaci¨®n auton¨®mica est¨¢ muy lejos. Y es que las posiciones de la Generalitat y del Gobierno central sobre el alcance de la solidaridad entre comunidades, el principal caballo de batalla, siguen siendo muy distantes.

Frente al argumento del presidente catal¨¢n, Jos¨¦ Montilla, de que los preceptos del Estatuto catal¨¢n obligan tambi¨¦n al Gobierno, el vicepresidente econ¨®mico, Pedro Solbes, esgrime la necesidad de aplicar la Constituci¨®n, como norma suprema.

"La Constituci¨®n, que tambi¨¦n est¨¢ en vigor y hay que aplicarla, dice que corresponde al Estado garantizar la financiaci¨®n para todas las comunidades de las competencias transferidas", explic¨® Solbes en una entrevista exclusiva concedida a EL PA?S el pasado mi¨¦rcoles. "Debemos buscar una f¨®rmula que nos permita, respetando que la compensaci¨®n de servicios b¨¢sicos [del Estatuto catal¨¢n] se cumpla, que tambi¨¦n se cumpla nuestra obligaci¨®n constitucional, es as¨ª de simple", agreg¨® el vicepresidente.

Simple, pero muy dif¨ªcil, a tenor de c¨®mo se han desarrollado las negociaciones hasta ahora. La Generalitat catalana quiere que los fondos para compensar la desigualdad de ingresos entre las comunidades y para garantizar as¨ª un mismo nivel de prestaci¨®n de servicios se limiten a sanidad, educaci¨®n y servicios sociales.

Igual para todos

Seg¨²n sus c¨¢lculos, la redistribuci¨®n se aplicar¨ªa as¨ª al 75% de los recursos del sistema como m¨¢ximo. Un planteamiento que rechazaron el pasado viernes las seis comunidades aut¨®nomas del llamado Frente del Noroeste (Galicia, Castilla y Le¨®n, Asturias, Cantabria, Arag¨®n y Extremadura), reunidas en Asturias.

La posici¨®n del Gobierno sobre la solidaridad del sistema es mucho m¨¢s amplia. En la propuesta que present¨® hace dos semanas, el Ministerio de Econom¨ªa se?alaba que el nuevo sistema garantizar¨¢, como demanda el Estatuto catal¨¢n, los recursos para que la prestaci¨®n de la sanidad, educaci¨®n y los servicios sociales "sea igual para todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia".

Pero la propuesta del Gobierno incluye tambi¨¦n una garant¨ªa de que habr¨¢ "recursos suficientes" para la prestaci¨®n de todas las competencias transferidas. Es decir, no excluye de la redistribuci¨®n de recursos otros servicios b¨¢sicos; entre los que Solbes ha citado, como ejemplo, la competencia de justicia.

"Pensamos que eso no puede dejar de financiarse", abunda el vicepresidente, en referencia a otros servicios b¨¢sicos. "En algunos casos, como Catalu?a, con una base fiscal amplia, se podr¨ªa pensar que esas competencias [transferidas] se pueden financiar con sus propios ingresos", a?adi¨®, "pero no necesariamente en todas sucede igual y no podemos dejar de prestar esos servicios fundamentales en otras comunidades aut¨®nomas".

El Gobierno s¨ª est¨¢ dispuesto a ampliar la participaci¨®n de las comunidades en la recaudaci¨®n del IRPF (del 33% al 50%), IVA (del 35% al 50%) e impuestos especiales (40% al 58%), como se recoge en el Estatuto catal¨¢n.

Ese aumento de ingresos tributarios de las comunidades llevar¨¢ a Catalu?a a sumarse a las dos ¨²nicas autonom¨ªas (Madrid y Baleares) que ahora no necesitan del fondo estatal de solidaridad para cubrir sus necesidades financieras y aportan el excedente a la financiaci¨®n del resto.

Con su propuesta de limitar los mecanismos de solidaridad, Catalu?a busca revertir una de las consecuencias del actual sistema de financiaci¨®n auton¨®mica. Comunidades como Extremadura o Cantabria, con ingresos tributarios muy por debajo de sus necesidades, obtienen, tras la aplicaci¨®n del fondo estatal de solidaridad, m¨¢s recursos por habitante que otras como Baleares, Madrid o Catalu?a, con m¨¢s ingresos fiscales.

El Gobierno cree justa esta reivindicaci¨®n, pero alega que no puede satisfacerla de manera inmediata y que dependen de las disponibilidades presupuestarias (muy ajustadas por la crisis) para compensar a las comunidades m¨¢s din¨¢micas.

Lo que no cree justificado Solbes es la estimaci¨®n de recursos adicionales para las comunidades que ha hecho Catalu?a. La Generalitat mantiene que el Gobierno debe aportar, al menos, 12.700 millones de euros m¨¢s (en 2006 se repartieron 110.000 millones) para compensar el desequilibrio entre la Administraci¨®n central y auton¨®mica en los ¨²ltimos a?os. Seg¨²n las cifras de la Generalitat, en 1999 las comunidades gestionaban el 55% de los ingresos p¨²blicos y ahora s¨®lo el 49%, mientras el Gobierno pas¨® del 45% al 51%.

"Discrepo en lo que Catalu?a llama desequilibrio vertical. Seg¨²n nuestras cifras no es correcto que los fondos disponibles de las comunidades hayan sido inferiores a los del Estado en los ¨²ltimos a?os", replica Solbes. "Se da m¨¢s bien una situaci¨®n totalmente distinta, publicaremos en su momento los cuadros", anuncia el vicepresidente, que reh¨²sa adelantar su estimaci¨®n de cu¨¢ntos recursos adicionales habr¨¢. "De cifras no voy a hablar".

En todo caso, el nuevo sistema requerir¨¢ m¨¢s recursos, ya que se actualizar¨¢n las cifras de poblaci¨®n (hasta ahora se ha utilizado el padr¨®n de 1999). El Gobierno tambi¨¦n se ha comprometido a compensar a las comunidades por el gasto de estos ¨²ltimos a?os por prestar servicios a esa poblaci¨®n no reconocida.

La propuesta de Econom¨ªa consagra la poblaci¨®n como principal factor en el reparto de fondos (como piden Catalu?a, Madrid o Valencia), pero Solbes se resiste a considerar la inmigraci¨®n como una variable adicional, lo que tambi¨¦n exigen dichas comunidades. "La inmigraci¨®n debe incorporarse b¨¢sicamente como poblaci¨®n", alega el vicepresidente, que se muestra abierto a considerar "coeficientes correctores" en alg¨²n gasto espec¨ªfico, como la educaci¨®n.

"Son temas perfectamente discutibles", agrega Solbes, que tampoco se opone a discutir la posibilidad de dar m¨¢s peso en el reparto de fondos al envejecimiento de la poblaci¨®n o su dispersi¨®n geogr¨¢fica, como exigen Galicia, Castilla y Le¨®n o Asturias. "Si hay acuerdo entre las comunidades sobre una distribuci¨®n distinta no tenemos ning¨²n problema, pero es un tema muy complicado", advierte.

Las comunidades del Frente del Noroeste abogan porque el peso del factor demogr¨¢fico se reduzca a un m¨¢ximo del 80%, algo que no aceptan Madrid, Catalu?a o Valencia. "Si no hay acuerdo, creemos que lo mejor es aplicar la f¨®rmula que se pact¨® en 2001", concluye Solbes. Una f¨®rmula en la que el 90% del dinero se distribuye en funci¨®n de la poblaci¨®n.