Desarrollo estatutario

El desarrollo del Estatuto catal¨¢n y del esquema de financiaci¨®n auton¨®mica en ¨¦l dise?ado es un asunto de gran complejidad. Pol¨ªticamente, porque su agitada gestaci¨®n levant¨® recelos a¨²n no superados. Y porque supone una profundizaci¨®n auton¨®mica de sesgo cuasi federal que resulta muy impactante para administraciones, partidos y colectivos que no la han interiorizado. Administrativamente, porque se trata de una ley compleja, que admite distintas lecturas. Pero esas dificultades no eximen de la necesidad de asumir el reto; explican, a lo sumo, algunos obst¨¢culos del camino, no el retraso del proceso.

Sobre la financiaci¨®n, el texto obligaba a que en un m¨¢ximo de dos a?os desde su entrada en vigor (esto es, el pr¨®ximo 9 de agosto) se alcanzara un acuerdo que desarrollase sus principios. S¨®lo poco antes, el 21 de julio, Hacienda public¨® su posici¨®n, con un primer documento. Pero ¨¦ste no cumpl¨ªa el requisito de concretar la ley estatutaria, sino que resultaba menos detallada que ¨¦sta. Es cierto que la din¨¢mica al mismo tiempo bilateral (Generalitat/Gobierno) y multilateral (con todas las comunidades aut¨®nomas) propia del modelo complica m¨¢s las cosas. Y tambi¨¦n que al tratarse de un asunto clave del funcionamiento del Estado auton¨®mico haya que huir de las prisas injustificadas. Pero dos a?os es un periodo suficiente como para que el primer resultado p¨²blico no deba ser la vuelta al punto de partida.

El Gobierno rechaza el punto central de la propuesta catalana de financiaci¨®n -la solidaridad entre autonom¨ªas limitada a determinadas ¨¢reas- y la Generalitat, a trav¨¦s incluso de su presidente, Jos¨¦ Montilla, ha advertido de que no atender sus demandas provocar¨ªa un distanciamiento de Catalu?a. Es necesario disolver el choque que se avecina. Catalu?a debe tener en cuenta que la financiaci¨®n auton¨®mica se regula tambi¨¦n a trav¨¦s de una ley estatal para todas las comunidades. Muchas de ellas, leg¨ªtimamente, no aceptan el planteamiento de la Generalitat. La pol¨ªtica con may¨²sculas y la responsabilidad de quienes la ejercen es m¨¢s necesaria que nunca.

Otro tanto sucede con la negociaci¨®n sobre los traspasos. Los dos principales son el de Cercan¨ªas, prometido por el presidente Zapatero para el pasado 1 de enero, pero que sigue en el limbo, y el de la Inspecci¨®n de Trabajo, fijado para junio del a?o pr¨®ximo. Los acuerdos alcanzados la semana pasada versan sobre competencias tan menores (licencias para chiringuitos de playa, homologaci¨®n de t¨ªtulos no universitarios...) que suscitan la iron¨ªa. Es un balance menos que exiguo. Para mejorarlo, el Gobierno debe acreditar que se cree el Estatuto. Y la Generalitat debe sortear cualquier canto de sirena radical. Nunca el PSOE y el PSC hab¨ªan tenido mejor oportunidad de encauzar un problema tan dif¨ªcil. Si se equivocan, ellos y la cohesi¨®n de este pa¨ªs pagar¨¢n una alta factura.