S¨®lo uno de los 770 municipios ha convocado consulta popular en 23 a?os
Responsables municipales dicen que se debe usar para cuestiones estrat¨¦gicas
?Para qu¨¦ sirve una ley que no se usa? Todos los ayuntamientos pueden legalmente desde 1985 convocar consultas populares sobre asuntos municipales, pero tan s¨®lo uno (Montellano, Sevilla) de los 770 municipios de Andaluc¨ªa se ha atrevido a dar voz a los vecinos en ¨¦poca no electoral. Tambi¨¦n los ayuntamientos de Almu?¨¦car (Granada) y Mor¨®n (Sevilla) lo intentaron en 2005 y 2004, pero el Gobierno central les cerr¨® la puerta al plantear asuntos que escapaban del ¨¢mbito de sus competencias.
La ley de R¨¦gimen Local, de hace 23 a?os, lo prev¨¦ y la ley andaluza de Consultas Populares, de 2001, dicta el procedimiento que deben seguir los ayuntamientos. La falta de h¨¢bito, el miedo pol¨ªtico al fracaso y el coste econ¨®mico de la operaci¨®n son algunas de las razones que los responsables pol¨ªticos consultados alegan para explicar el por qu¨¦ no se abre las puertas a la democracia directa. El Ayuntamiento de J¨®dar (Ja¨¦n) lo ha intentado ahora a las bravas sin seguir la ley y su alcalde se las ha visto con el juez.
"El sistema de democracia directa est¨¢ poco asentado", dice Clara Aguilera
El Gobierno vet¨® las consultas en Mor¨®n y Almu?¨¦car por rebasar la ley
Al Ayuntamiento de Montellano le falt¨® tiempo para estrenar la ley auton¨®mica de 3 de mayo de 2001. En ese mes, ya puso en marcha todos los mecanismos para celebrar una consulta -aprobaci¨®n por el pleno municipal, informaci¨®n p¨²blica, aprobaci¨®n por el Consejo de Ministros- con la pregunta siguiente: "?Est¨¢ usted de acuerdo con la incorporaci¨®n de Montellano al consorcio de agua del Hu¨¦snar?". El 68% del censo fue a votar el 9 de junio de 2002 y el 70% tumb¨® la propuesta que, entonces, apadrinaban todos los grupos (PSOE, PP e IU). Al PSOE, en el gobierno, a punto estuvo de salirle cara la operaci¨®n. En las elecciones siguientes perdi¨® la mayor¨ªa absoluta.
El alcalde actual, el socialista Francisco Salazar, aprendi¨® r¨¢pido la lecci¨®n. Pese a que la consulta no tiene valor vinculante, rompi¨® el preacuerdo con el consorcio, cre¨® una mesa del agua, acometi¨® reformas de infraestructuras e impuls¨® la creaci¨®n de 14 mesas de participaci¨®n, en una localidad que con casi 7.000 habitantes hay 34 asociaciones.
Salazar asegura que hoy volver¨ªa a poner en manos de los ciudadanos decisiones "estrat¨¦gicas" sobre Montellano, pero recalca la necesidad de que ¨¦stos tengan toda la informaci¨®n en su mano. "La consulta hay que verla como una oportunidad. Si hay una cuesti¨®n sobre la que tuvi¨¦ramos dudas, no me parece malo hacer una consulta, pero siempre sin ir con una posici¨®n cerrada de antemano", afirma. En caso contrario, el s¨ª o el no de la papeleta puede convertirse en un arma contra el gobierno local.
El concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Sevilla, Alfonso Rodr¨ªguez G¨®mez de Celis (PSOE), comparte esta posici¨®n y defiende que los ayuntamientos deber¨ªan someter a consultas cuestiones "blandas" y sin que el gobierno local someta a refrendo su pol¨ªtica, la cual, al fin y al cabo, tiene su examen final cada cuatro a?os en las elecciones municipales.
El alcalde de Motril, Carlos Rojas (PP), asegura que no es f¨¢cil tomar esa decisi¨®n, sobre todo por los gastos que genera para el municipio (¨¦stos son los que deben pagar la consulta) y porque ve "poco definida la din¨¢mica procesal". En su opini¨®n, la consulta popular deber¨ªa convocarse cuando afectan a "cuestiones de futuro" de la ciudad. "En esos casos ser¨ªa conveniente, porque se decide sobre temas que afectar¨¢n a generaciones futuras". El alcalde baraja cambiar el ferial de sitio y por la cabeza le ronda la posibilidad de consultar a los motrile?os. "As¨ª te evitas que luego hagan especulaciones de por qu¨¦ un sitio y no otro", explica.
La consejera de Gobernaci¨®n Clara Aguilera, asegura que la falta de uso de la ley se debe a que el "sistema de democracia directa est¨¢ poco asentado". Y cree que los alcaldes no lo utilizan porque su "gesti¨®n y programa electoral se eval¨²a cada cuatro a?os en las urnas. Es un sistema de democracia representativa".
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