El PSPV de Alicante lleva al fiscal el plan Benal¨²a Sur
El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Alicante present¨® ayer una denuncia ante la Fiscal¨ªa contra la concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, del PP, el gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, y la empresa urbanizadora Prasa, por los supuestos delitos de prevaricaci¨®n, tr¨¢fico de influencias, estafa y fraude, derivados del desarrollo del sector n¨²mero 1 del plan parcial Benal¨²a Sur. En opini¨®n de los socialistas, en el tr¨¢mite del programa urban¨ªstico, que el equipo del gobierno, que preside el popular Luis D¨ªaz Alperi, intenta ejecutar sin ¨¦xito desde hace 10 a?os, se han producido "diversas irregularidades" susceptibles de ser perseguidas por la v¨ªa penal.
El portavoz del grupo del PSPV, Roque Moreno, se?al¨® que no se ha incluido entre los denunciados al alcalde porque piensan "que los responsables son los que han firmado los diversos tr¨¢mites, es decir, la concejal de Urbanismo y el gerente". La inclusi¨®n de D¨ªaz Alperi, por su calidad de aforado (el regidor es tambi¨¦n diputado auton¨®mico) hubiera supuesto que las diligencias, en el supuesto de que la Fiscal¨ªa vea indicios de delitos y remita el caso al juzgado, deber¨ªan trasladarse al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
En el escrito presentado ante la Fiscal¨ªa, el PSPV justifica el supuesto delito de prevaricaci¨®n en el hecho de que la edil del urbanismo y el gerente emitieron informes y resoluciones "que se consideran injustas, ya que se asume en ellas el pago del 50% de los costes de urbanizaci¨®n, lo que supone un detrimento de las arcas municipales y, por tanto, del inter¨¦s p¨²blico y colectivo a favor del urbanizador". Esta rebaja del coste de urbanizaci¨®n, valorada en 500.000 euros, ya ha sido declarada nula por un juez de lo contencioso-administrativo a ra¨ªz de una demanda de los socialistas.
El supuesto tr¨¢fico de influencias, seg¨²n de los denunciantes, se halla en "la actitud del gerente y la concejal desde el primer momento a favor y en defensa del inter¨¦s del urbanizador, aun por encima de los informes de los diferentes informes t¨¦cnicos pertenecientes a distintos servicos". Y, por ¨²ltimo, la estafa y el fraude podr¨ªan estar relacionados con la iniciativa del urbanizador de "realizar de forma indebida una nueva versi¨®n de la proposici¨®n jur¨ªdico-econ¨®mica que, inexplicablemente y de forma unilateral, alteraba los acuerdos del pleno del 5 de octubre de 1999".
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