Lesa humanidad

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha admitido a tr¨¢mite la querella presentada por varias organizaciones tibetanas contra dos ministros, tres l¨ªderes pol¨ªticos y dos generales de la Rep¨²blica Popular China por supuestos delitos de lesa humanidad, en relaci¨®n con la represi¨®n de las movilizaciones encabezadas por los monjes budistas en marzo pasado. Es l¨®gico que la noticia provoque incredulidad: ?la justicia espa?ola va a tomar declaraci¨®n a los gerifaltes chinos, les va a juzgar y eventualmente condenar? Seguramente, no; pero no menos incre¨ªble era pensar que el ex dictador Pinochet fuera a ser detenido en Londres en respuesta a una demanda de extradici¨®n presentada por el juez Garz¨®n. Y ocurri¨®: el 16 de octubre de 1998.

La causa de la justicia universal avanza lentamente y con contradicciones, pero avanza. El Tribunal de N¨²remberg que juzg¨® los cr¨ªmenes nazis tras la II Guerra Mundial fue el antecedente remoto de la Corte Penal Internacional (CPI), uno de cuyos tribunales especiales, el de la antigua Yugoslavia, juzgar¨¢ a Radovan Karadzic, recientemente entregado por las autoridades serbias. La creaci¨®n de esa Corte es un paso important¨ªsimo para que cr¨ªmenes de genocidio y lesa humanidad no queden impunes.

Por supuesto, lo deseable ser¨ªa que esos cr¨ªmenes fueran juzgados por los tribunales del pa¨ªs en que se cometieron, pero ello es con frecuencia imposible, especialmente si no ha habido un cambio de r¨¦gimen respecto al vigente cuando ocurrieron. La CPI ser¨ªa el marco jurisdiccional adecuado para actuar en esos casos. Pero ocurre que hay pa¨ªses que no aceptan esa jurisdicci¨®n, y es entonces cuando tiene l¨®gica la intervenci¨®n de los sistemas judiciales de los Estados que hayan incorporado la jurisdicci¨®n universal para ese tipo de delitos a su legislaci¨®n interna. Es el caso de Espa?a y de unos cuantos pa¨ªses m¨¢s.

Una contradicci¨®n obvia es que, siendo pocos los Estados que cumplen esa condici¨®n, se concentran en ellos las causas m¨¢s diversas, como pasa en Espa?a, lo que plantea problemas funcionales (en una justicia desbordada) y conflictos diplom¨¢ticos. China no reconoce, por una parte, la CPI, y, por otra, sigue siendo, pese a las transformaciones sociales, un r¨¦gimen autoritario. Fue eso lo que determin¨® ya en 2006 la admisi¨®n por la Audiencia de otras dos querellas: por la represi¨®n de los nacionalistas tibetanos en 1959, de un lado, y de la secta espiritual Falun Gong, de otro. Ello provoc¨® una queja diplom¨¢tica de Pek¨ªn.

Ante esta nueva querella, en v¨ªsperas de la apertura de los Juegos, es de suponer que Pek¨ªn dude entre redoblar la protesta o ignorar ol¨ªmpicamente la iniciativa. Ciertamente, el momento no pod¨ªa ser m¨¢s inoportuno, pero al Gobierno espa?ol no le quedaba otra que hacer lo que han hecho la vicepresidenta y el ministro Moratinos: tragar saliva, poner cara de p¨®quer y proclamar su respeto a la independencia de los tribunales.