Solbes lo tiene complicado

El Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda ha dejado aparcado hasta despu¨¦s del verano la reforma del sistema de financiaci¨®n auton¨®mica. Y lo ha hecho poniendo sobre la mesa un documento falto de concreci¨®n, que le provoca inquietud a todos los responsables de las cuentas auton¨®micas. Para Galicia es particularmente preocupante el hecho de que la propuesta parece abrir la puerta a la nivelaci¨®n parcial; esto es, a la idea de que s¨®lo se garanticen los recursos suficientes para una parte de los servicios en manos de las autonom¨ªas. Soluci¨®n que beneficia a quienes se sit¨²an con capacidades fiscales por encima de la media y perjudica a quienes, como Galicia, aparecen por debajo. En cuanto a la toma en consideraci¨®n de factores que determinan el coste de los servicios m¨¢s all¨¢ de la poblaci¨®n atendida, la situaci¨®n es menos grave, en la medida en que el ministerio se compromete a mantener, en caso de que no haya acuerdo un¨¢nime en sentido contrario, las actuales ponderaciones para variables como la dispersi¨®n poblacional y el envejecimiento.

S¨®lo con un enorme esfuerzo financiero del Gobierno central podr¨ªa arreglarse el asunto

Es verdad que existen argumentos para incrementar esas ponderaciones y, en consecuencia, reconocer mayores necesidades a Galicia. No obstante, no hay que perder de vista que la mayor¨ªa de las comunidades se hallan en una situaci¨®n peor: los factores de sobrecoste que defienden (poblaci¨®n inmigrante, congesti¨®n, nivel de precios) ni siquiera aparecen en la f¨®rmula actual.

El ministerio lo tiene especialmente dif¨ªcil. A la complejidad de todas las negociaciones multilaterales en esta materia hay que sumarle la restricci¨®n que supone el Estatut catal¨¢n. El origen se encuentra en aquella promesa electoral de aceptar cualquier nuevo marco estatutario que fuese apoyado con claridad por las fuerzas pol¨ªticas catalanas. Con el ejemplo del modelo vasco y navarro en mente y el escoro generalizado, a excepci¨®n del PP catal¨¢n, hacia posiciones centr¨ªfugas, se elabor¨® un texto maximalista, que configuraba un escenario financiero pr¨®ximo al foral. Es cierto que luego lleg¨® al Congreso y fue podado muy significativamente. Pero tambi¨¦n lo es que se mantuvieron elementos que ahora son reivindicados, leg¨ªtimamente, por el Gobierno catal¨¢n. Su argumento es de libro: las leyes que aprueban las Cortes deben ser cumplidas.

As¨ª las cosas, el Gobierno central se encuentra con varias opciones. Primero, generalizar un modelo a partir de los mimbres que aparecen en el Estatut catal¨¢n. Segundo, aprobar un modelo para Catalu?a y otro para el resto de las Comunidades Aut¨®nomas de r¨¦gimen com¨²n. Tercero, escudarse en la falta de acuerdo multilateral para prorrogar el modelo actual.

La primera v¨ªa perjudicar¨ªa en t¨¦rminos comparativos a todas las comunidades con capacidades fiscales por debajo de la media, y dar¨ªa alas al PP para crecer en apoyos electorales en ellas. S¨®lo con un enorme esfuerzo financiero por parte del Gobierno central podr¨ªa arreglarse el asunto. En una coyuntura econ¨®mica como la actual, con el d¨¦ficit estatal resurgiendo, parece dif¨ªcil encontrar los recursos. Distinto ser¨ªa si se hubiesen ahorrado los casi 6.000 millones que costar¨¢ la devoluci¨®n de los 400 euros. La segunda, generar¨ªa agravios comparativos en las otras 14 comunidades de r¨¦gimen com¨²n y, especialmente, en las m¨¢s ricas. La tercera se podr¨ªa interpretar como un fracaso de la pol¨ªtica territorial del Gobierno central.

Puesto que ninguna de ellas es especialmente atractiva, supongo que en el ministerio deben haber pensado en lo que supondr¨ªa que el Tribunal Constitucional fallase en breve en contra del modelo financiero que se dibuja en el Estatut. En ese caso desparecer¨ªan algunas restricciones y la negociaci¨®n pasar¨ªa a ser m¨¢s parecida a otras que se han producido en el pasado. Aunque una sentencia contraria tambi¨¦n podr¨ªa generar tensiones pol¨ªticas importantes.

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