'Colgar' delitos en Youtube se paga

Un novio despechado que cuelga fotos de su ex, ligera de ropa, en una p¨¢gina de contactos. Un joven que intenta batir r¨¦cords de velocidad con su coche tuneado por una carretera comarcal, lo graba y lo comparte con la audiencia mundial de Youtube. O una mujer que exhibe, en su blog personal, fotos de sus amigos sin que ¨¦stos lo sepan. Estos comportamientos se han extendido con Internet. Por ignorancia o temeridad, sus autores se creen libres de actuar as¨ª sin que haya consecuencias. Pero los responsables policiales, los abogados expertos en delitos inform¨¢ticos y las asociaciones de usuarios lo tienen claro: Internet no es un oasis de impunidad. Ojo porque, advierten, delinquir en la Red se paga.

Aumentan las denuncias por injurias y los v¨ªdeos denigrantes

Los abogados piden la creaci¨®n de juzgados especializados

Los autores del delito son localizados a trav¨¦s de la direcci¨®n IP

Es dif¨ªcil saber si un contenido ha desaparecido del ciberespacio

"Al usar Internet, la gente cree que todo vale. Y ocurre lo contrario: se persigue cualquier delito", opina Jordi Bertomeu, abogado experto en la materia. Su confianza se basa en una certeza: la Red deja rastros. El m¨¢s evidente, la direcci¨®n IP. Es un n¨²mero que identifica el ordenador, una suerte de DNI con el que los investigadores llegan al lugar desde el que se env¨ªa la informaci¨®n y cazan a su autor.

Hay otras f¨®rmulas. El contenido de una imagen delictiva (v¨ªdeo, fotograf¨ªa) ofrece una ingente informaci¨®n que, analizada, resulta reveladora. El estilo de escritura tambi¨¦n puede ser, en el caso de amenazas vertidas desde un correo electr¨®nico o un foro an¨®nimo, una pista definitiva.

El portal de v¨ªdeos Youtube, propiedad de Google, es ahora un dep¨®sito de material delictivo. No es el ¨²nico, pero su popularidad lo ha situado como destino preferente para que cientos de usuarios vuelquen all¨ª gamberradas que, a veces, resultan ser actividades castigadas en el C¨®digo Penal.

Ram¨®n, una persona con esquizofrenia de 46 a?os, sufri¨® en sus carnes la perversi¨®n de la Red cuando, hace meses, unos chicos le grabaron con c¨¢mara mientras se burlaban de ¨¦l. No tardaron ni dos minutos en colgarlo en Youtube. Su familia, de M¨®stoles (Madrid), consigui¨® que se retirara la ofensa. En abril pas¨® algo parecido en Martorell (Barcelona). Tres chicos obligaron a un discapacitado ps¨ªquico a romper baldosas con la cabeza, hacer flexiones y consumir droga, mientras captaban la escena con el m¨®vil. Fueron detenidos y las im¨¢genes, apartadas de la circulaci¨®n.

"En las webs hay cosas que han pasado toda la vida, como los cr¨ªos que se pegan en el colegio. La diferencia es que, ahora, eso se difunde por puro exhibicionismo", opina el abogado Carlos S¨¢nchez Almeida. "Una paliza puede ser un delito de lesiones. Pero si esa paliza se publica en Internet, se convierte en un delito de incitaci¨®n a la discriminaci¨®n", se?ala.

La polic¨ªa detuvo, semanas atr¨¢s, a unos j¨®venes por mantener relaciones sexuales con una menor en un parque de Asturias. La adolescente accedi¨® a practicar sexo, e incluso consinti¨® que la grabaran. Los chicos, por tanto, no fueron detenidos por abuso sexual, sino por un delito contra el derecho a la propia imagen, ya que el v¨ªdeo corri¨® de un tel¨¦fono a otro hasta aterrizar en Internet.

Almeida y otros letrados reclaman que la Fiscal¨ªa intervenga de oficio en los casos m¨¢s graves, los que afectan a menores y a discapacitados. "Lo primero es proteger su intimidad. Despu¨¦s ya se ver¨¢ si hay o no delito", subraya. Hace unas semanas, la Fiscal¨ªa de Menores de Granada pidi¨® a Google que indemnice con 1.300 euros a dos menores (un supuesto agresor y su v¨ªctima) que protagonizaron una ri?a en Armilla. Las im¨¢genes fueron colgadas en Youtube, lo que, a juicio de la Fiscal¨ªa, supuso "un grave menoscabo de la dignidad" de los dos menores.

El volumen de material susceptible de ser perseguido penalmente crece d¨ªa tras d¨ªa. Lo mismo que la sensaci¨®n de descontrol, de que el v¨ªdeo eliminado hace una semana puede estar ahora en otro portal de Internet. Los responsables policiales cuentan con ello. Y tratan de achicar terreno. El Cuerpo Nacional de Polic¨ªa (CNP) ha creado Grupo de Redes Abiertas. Bajo ese llamativo nombre trabajan decenas de agentes que se pasan el d¨ªa enganchados a la Red. Hacen lo que buenamente pueden. Cuando no atienden la denuncia de un individuo o una empresa, bucean por el oc¨¦ano de Internet en busca de indicios.

"Esto es inacabable. Aunque fu¨¦semos mil, no llegar¨ªamos a todo. Los delincuentes van a m¨¢s, por eso es importante que el ciudadano colabore y, si ve una agresi¨®n, lo denuncie", admite el jefe de la Brigada de Investigaci¨®n Tecnol¨®gica de la Polic¨ªa, Enrique Rodr¨ªguez. Los funcionarios de este grupo est¨¢n pendientes de la actualidad. Se produce un curioso efecto llamada: "Esto va por modas. La gente ve una conducta en la tele y la imita. A ra¨ªz de un ataque a una tienda de chinos, empezamos a observar agresiones similares en otros locales. Lo mismo pas¨® con las peleas entre ni?os en clase, las palizas a mendigos o las carreras de coches".

Rodr¨ªguez asegura que, "contra la opini¨®n com¨²n de la gente, Internet no es an¨®nimo; siempre deja un rastro". Dice que la polic¨ªa dispone de medios para perseguir cualquier delito, pero prefiere no dar detalles para "evitar que los malos tengan pistas".

La inmensidad de Internet ha abierto las puertas a los investigadores privados. Mientras la polic¨ªa concentra sus recursos en casos con impacto criminal (distribuci¨®n y consumo de pornograf¨ªa infantil, grandes estafas online, agresiones a menores o discapacitados) el sector privado se ha volcado en las empresas. ?stas han multiplicado las denuncias por fuga de informaci¨®n, competencia desleal o injurias. Y los investigadores les echan un cable. Uno de los m¨¢s reconocidos es Abraham Pasamar, perito inform¨¢tico y director general de la empresa de investigaci¨®n digital Incide.

"Un individuo que sepa algo de inform¨¢tica puede lograr que los comentarios difamantes sobre una empresa aparezcan en Google antes que su web corporativa", sentencia Pasamar. Por eso, recomienda a las empresas que, antes que nada, acudan al notario "para dejar constancia de que esa injuria estaba ah¨ª, en esa p¨¢gina, tal d¨ªa y a tal hora".

La prueba del delito no es suficiente: hay que ir a por el autor. Y hay herramientas para dar con ¨¦l. "En Youtube, el delincuente cuelga la prueba de su delito, y eso es una gran ventaja. Un analista forense puede sacar punta a cualquier cosa: si aparece un reloj o un calendario, podemos saber en qu¨¦ pa¨ªs se ha grabado el material", indica Juli¨¢n Inza, presidente de Albalia Interactiva y coordinador del Foro de Evidencias Electr¨®nicas. El autor exhibe, por lo general, su nombre de usuario. De modo que, "con un poco de picard¨ªa", se puede saber en qu¨¦ otro lugar de la Red ha participado ese mismo usuario-ciudadano.

El cotejo de los escritos tambi¨¦n ha ayudado a resolver decenas de casos. El abogado Bertomeu narra uno real: "Un cl¨¢sico: el hombre que cuelga fotos provocativas de su antigua pareja en una web de contactos. Se hizo pasar por ella. Lo curioso es que siempre se desped¨ªa con la expresi¨®n 'besicos' y dejaba un espacio entre la ¨²ltima s¨ªlaba y el signo de interrogaci¨®n. Comparamos esos mensajes con otros escritos de la mujer y dimos en el clavo". Otro recurso ¨²til es estudiar la metadata, es decir, averiguar con qu¨¦ programa se elabora un archivo.

Las investigaciones llevan, con frecuencia, hasta el responsable. Pero en el camino hay obst¨¢culos y a menudo cuesta avanzar. Para empezar, la naturaleza de Internet: "Una vez que el contenido est¨¢ en la Red, es dif¨ªcil tener la certeza de que ha desaparecido del todo", se?ala el presidente de la Asociaci¨®n de Usuarios de Internet, Miguel P¨¦rez. Los afectados ven que "el contenido lesivo tarda mucho tiempo en retirarse, o que salta a otras p¨¢ginas web", explica el jefe de la unidad de delitos inform¨¢ticos de los Mossos d'Esquadra, Rub¨¦n Mora. Y entonces, el denunciante se cansa.

Cuando el prestador de servicios de Internet colabora con la polic¨ªa, los tiempos de espera se acortan. Por colaborar se entiende aqu¨ª algo muy concreto: que Google (por ejemplo) retire, motu proprio, un contenido nocivo. En casos de alarma social (pederastia) las propias p¨¢ginas web se prestan a ayudar de inmediato. Pero no siempre es tan f¨¢cil. Hay diferencias de clase. "En las grandes empresas todo est¨¢ profesionalizado y se puede llegar a un acuerdo. Un blogger particular puede llegar a ser muy combativo", incide S¨¢nchez Almeida.

Los prestadores de servicios suelen quedarse al margen en delitos como los de injurias o contra la propiedad intelectual. Y es normal que as¨ª sea, razona Alejandro Negro, abogado del bufete Cuatrecasas: "Ellos no supervisan contenidos, de modo que no tienen por qu¨¦ responder de lo que el usuario publique en una p¨¢gina", subraya.

La clave, de todos modos, radica en conseguir la direcci¨®n IP: es lo que, al final, permitir¨¢ a los agentes llegar hasta el usuario. Es "el trabajo m¨¢s laborioso", precisa S¨¢nchez Almeida. Aunque los investigadores pueden conocer por s¨ª mismos algunas IP, al final "siempre hay que pasar por el aro del requerimiento judicial", subraya Pasamar. Un juzgado debe solicitar a la compa?¨ªa telef¨®nica que facilite esa direcci¨®n. "Se produce una colisi¨®n entre el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la intimidad. Todo el mundo est¨¢ de acuerdo que la protecci¨®n de la intimidad de un delincuente ha de tener un l¨ªmite", precisa el responsable del Foro de Evidencias Electr¨®nicas.

Rodr¨ªguez, el jefe policial, asegura que en ocasiones hay que actuar de urgencia. Como en el caso de un chico que estuvo jugando 15 horas seguidas en la Red. El administrador le advirti¨® de que no podr¨ªa seguir jugando. "Amenaz¨® con suicidarse. El operador facilit¨® la informaci¨®n y se localiz¨® al chaval". Con asuntos menores es m¨¢s complicado. "Tenemos una ley de protecci¨®n de datos muy garantista. Las empresas se ven entre la espada y la pared, porque si facilitan datos, la Agencia de Protecci¨®n de Datos les rega?a", argumenta Rodr¨ªguez.

Todo ello, sin tener en cuenta que los infractores disponen de v¨ªas de escape. As¨ª, pueden conectar su ordenador a un sistema wifi (o sea, un acceso a Internet inal¨¢mbrico) para colgar los contenidos delictivos. Ya se han dado casos. "La gente usa el wifi gratis de los hoteles para hacer maldades. Te tomas algo desde el bar y, ?qui¨¦n te va a pillar? Lo mismo si vas a un cibercaf¨¦", bromea Pasamar. Eso ha llevado la confusi¨®n a algunas investigaciones. Se ha dado la paradoja de que un juez ha solicitado una direcci¨®n IP y se han visto implicados en una investigaci¨®n personas que nada ten¨ªan que ver con los hechos. Por lo general, el enredo se resuelve r¨¢pidamente. A un hombre con conexi¨®n wifi le interrogaron sobre sus supuestas actividades il¨ªcitas en una empresa. Fue como si le hablaran en chino: no entend¨ªa nada. Por fortuna para ¨¦l, atin¨® a precisar que su vecino trabajaba, casualidades de la vida, en esa empresa. Voil¨¤.

La escasa formaci¨®n de la mayor¨ªa de jueces tampoco ayuda a resolver los casos, coinciden diversos letrados. Muchos magistrados ignoran el vocabulario y las cuestiones t¨¦cnicas que s¨®lo un perito inform¨¢tico les puede aclarar. Por eso reclaman que se creen juzgados especializados. "O, al menos, que los jueces dispongan de un grupo de expertos que les orienten", dice Pasamar.

Las populares redes sociales (tipo Facebook) ponen en contacto a amigos y promueven el intercambio de informaci¨®n. Tambi¨¦n estas webs se han convertido, sin pretenderlo, en un terreno espinoso. Existe la costumbre de colgar fotos de amigos en la Red sin su permiso. De nuevo, asoman la inocencia y la temeridad. "Partimos de la base de la buena fe de la gente. Otra cosa es que yo pida expresamente que se retire mi foto y no se haga. Eso podr¨ªa ser una infracci¨®n al derecho a la imagen", indica Bertomeu, que pide "un equilibrio entre los nuevos usos de Internet, el Derecho y las nuevas tecnolog¨ªas".

Otra fuente de conflicto son los foros, donde los usuarios suelen descargar su ira. Algunos comentarios que all¨ª se vierten pueden constituir un delito. En opini¨®n de los expertos, la justicia no puede pedir responsabilidades a los gestores de la web que los contiene: es imposible ejercer un control previo porque, adem¨¢s, se trata de sistemas automatizados de publicaci¨®n de comentarios. El 70% de los casos que atiende la polic¨ªa catalana son por injurias, calumnias o amenazas.

"Los j¨®venes poseen herramientas potentes, pero no tienen claro qu¨¦ l¨ªmites no deben traspasar. Y se pueden encontrar con que, un d¨ªa, la polic¨ªa les vaya a buscar a casa y ellos no sepan qu¨¦ han hecho mal. Es un problema de educaci¨®n en la tecnolog¨ªa", dice el presidente de la asociaci¨®n de usuarios. Y a?ade: "Hay que transmitir el mensaje de que la legalidad en Internet existe".

Juli¨¢n Inza cita un ejemplo real que da a entender la magnitud del "rastro" dejado en Internet: el FBI investig¨® la muerte de la esposa de un pastor. En principio, parec¨ªa una muerte natural: para superar una dolencia, la mujer hab¨ªa consumido una medicaci¨®n que result¨® incompatible con los antibi¨®ticos que ya inger¨ªa para combatir otra enfermedad. "Los agentes rastrearon el ordenador de la familia. ?Y qu¨¦ encontraron? Pues que el pastor hab¨ªa buscado en Google informaci¨®n sobre esos medicamentos. La percepci¨®n de impunidad, de que nunca pasa nada, hace que la gente sea imprudente. Y no nos enga?emos: para los que investigamos, ya nos va bien que sea as¨ª".