M¨¦xico lanza una ofensiva in¨¦dita contra el narcotr¨¢fico y los secuestros
Los tres poderes del Estado firman un pacto para combatir al crimen organizado
Construcci¨®n de nuevas c¨¢rceles de m¨¢xima seguridad. Reforma judicial para que los secuestradores cumplan las penas ¨ªntegras. Nombramiento de jueces especializados. Creaci¨®n de una base nacional de tel¨¦fonos m¨®viles. Estas son algunos de las medidas incluidas en el Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad, que ayer fue suscrito por todos los poderes en M¨¦xico: Gobierno federal, autoridades de los Estados y municipios, legisladores y jueces.
El acuerdo, redactado por el Gobierno del conservador Felipe Calder¨®n, quiere comprometer a todas las instancias y coordinar esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado, que tiene contra las cuerdas a la sociedad mexicana.
Los objetivos del pacto, al que se han sumado partidos, medios de comunicaci¨®n y organizaciones empresariales y ciudadanas, son el combate a los secuestradores y los narcotraficantes, la limpieza de los corruptos, cuerpos policiales y el fin de la impunidad.
El acuerdo consta de 23 medidas que afectan a cada poder. As¨ª, el Gobierno federal se compromete, entre otras cosas, a fijar una estrategia contra el lavado de dinero, a construir dos penales de alta seguridad con ¨¢reas especiales para secuestradores, a unificar las bases de datos de tel¨¦fonos m¨®viles, a instaurar un programa de recompensas y a establecer un documento nacional de identidad. Tambi¨¦n renovar¨¢ las academias de la polic¨ªa federal.
Al Congreso le corresponde dictar una ley antisecuestros y reformar la legislaci¨®n para impedir que los secuestradores se beneficien de la reducci¨®n de condenas. El Poder Judicial deber¨¢ nombrar jueces y magistrados especializados en crimen organizado y rotar permanentemente a los titulares de juzgados. Los Gobiernos estatales, por su parte, deber¨¢n construir nuevas c¨¢rceles, crear unidades contra el secuestro, homologar las leyes en materia penal y depurar los cuerpos policiales.
El acuerdo tambi¨¦n prev¨¦ que una instancia ciudadana monitoree el cumplimiento de los compromisos, para los que se ha fijado un plazo m¨¢ximo de tres a?os. El Congreso aprobar¨¢ para 2009 un presupuesto hist¨®rico en materia de seguridad.
M¨¦xico enfrenta una situaci¨®n cr¨ªtica derivada de la violencia y la inseguridad. Las batallas entre bandas del narcotr¨¢fico siembran de muertos los pueblos y ciudades. Se han registrado m¨¢s de 2.700 asesinatos en lo que va de 2008, incluidos los de unos 300 polic¨ªas. Pero lo que ha hecho saltar las alarmas sociales son los secuestros, que han aumentado en un 40% entre 2004 y 2007. El secuestro y asesinato, a manos de agentes policiales, de un ni?o de 14 a?os, hijo de un empresario que hab¨ªa pagado un cuantioso rescate, ha colmado la paciencia de la sociedad. Las empresas de seguros indican que en promedio se denuncian dos secuestros al d¨ªa, pero recuentos extraoficiales indican que la cifra puede triplicarse con los no denunciados y los llamados secuestros expr¨¦s (que duran unas cuantas horas).
La Comisi¨®n Nacional de los Derechos Humanos ha advertido que M¨¦xico enfrenta "un problema de dimensiones mayores, principalmente por la manera en que operan los servicios de seguridad p¨²blica", con una impunidad que alcanza el 99% de los delitos. El pr¨®ximo s¨¢bado, 14 organizaciones civiles, a las que se han sumado sindicatos y patronal, han convocado una marcha para protestar contra el crimen organizado y exigir a las autoridades que se cumplan todos los acuerdos alcanzados.
El gran acuerdo contra la delincuencia
- El Acuerdo Nacional por la Seguridad implica a todos los poderes del Estado.
- El Gobierno federal se compromete, entre otros puntos, a poner en marcha un plan contra el lavado de dinero, establecer un documento nacional de identidad, reformar los centros de formaci¨®n de la polic¨ªa federal, fijar un programa de recompensas, crear una base nacional de datos de tel¨¦fonos m¨®viles y construir dos penales de m¨¢xima seguridad con ¨¢reas para secuestradores. El plazo: entre seis meses y tres a?os.
- El Congreso deber¨¢ impulsar en el pr¨®ximo periodo de sesiones una ley antisecuestros que obligue al cumplimiento ¨ªntegro de las penas, y otra ley contra la venta de drogas. Tambi¨¦n deber¨¢ acelerar la reforma judicial que dar¨¢ paso al sistema acusatorio. Se aprobar¨¢n para 2009 unos presupuestos hist¨®ricos en materia de seguridad.
- El Poder Judicial dispondr¨¢ de un plazo de entre seis meses y un a?o para nombrar jueces y magistrados especializados en crimen organizado, con salarios y protecci¨®n acordes al riesgo, y para establecer la rotaci¨®n permanente de los administradores de justicia.
- Los Gobiernosde los 32 Estados y el Distrito Federal tendr¨¢n hasta dos a?os para crear y formar unidades antisecuestros, depurar sus polic¨ªas, homologar las leyes en materia penal y construir diez nuevas c¨¢rceles.
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