?frica, la responsabilidad de proteger

En 1991, a punto de dejar su mandato como secretario general de Naciones Unidas, el peruano P¨¦rez de Cu¨¦llar realiz¨® una declaraci¨®n contundente: "El derecho de injerencia, en contraposici¨®n a la interpretaci¨®n r¨ªgida del principio de no intervenci¨®n, se est¨¢ abriendo camino". Apenas un mes despu¨¦s, en la primera entrevista concedida, el nuevo secretario general, el egipcio Butros Gali, fue preguntado sobre si la ONU debe favorecer la extensi¨®n de la democracia en el mundo. Gali respondi¨®: "Igual que se ofrece asistencia t¨¦cnica para construir hospitales, debe existir una en favor de la democracia. Sin embargo, esta ayuda debe evitar toda injerencia en los asuntos internos".

Uno y otro ten¨ªan en cuenta el mismo art¨ªculo 2 (7) de la Carta: "Ninguna disposici¨®n autorizar¨¢ a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicci¨®n interna de los Estados (...), pero este principio no se opone a la aplicaci¨®n de las medidas coercitivas prescritas en el cap¨ªtulo VII". En dicho cap¨ªtulo se persigue un equilibrio entre el respeto a la soberan¨ªa estatal y la intervenci¨®n colectiva internacional que busca promover "el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos".

Hay que impulsar las capacidades de los africanos de actuar y asumir sus propias responsabilidades

Despu¨¦s se fue abriendo paso el debate sobre el derecho (?deber?) de injerencia o el derecho (?deber?) de intervenci¨®n humanitaria. Hoy en d¨ªa se discute sobre la "responsabilidad de proteger" y el principio de la jurisdicci¨®n universal, invocada ¨¦sta por el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Moreno Ocampo, al encausar por genocidio y cr¨ªmenes de guerra al presidente de Sud¨¢n, Al Bashir.

El principio b¨¢sico consiste en que los Estados soberanos tienen la responsabilidad de proteger a sus propios ciudadanos (algo que no ocurre en Sud¨¢n y, en menor medida, en Zimbabue). Como consecuencia de ello, cuando un Estado no quiere o no puede protegerlos de flagrantes violaciones de derechos humanos, la responsabilidad es asumida por la comunidad internacional.

Los Estados africanos (y casi todos los dem¨¢s) son opuestos a la cesi¨®n o matizaci¨®n de la soberan¨ªa. Nada extra?o. Los Estados de la Uni¨®n Europea han tardado d¨¦cadas en acordar una renuncia parcial a la misma. No obstante, destacados ciudadanos (?o s¨²bditos?) africanos han comenzado a clamar contra la soberan¨ªa estrictamente considerada. Morgan Tsvangirai, l¨ªder de la oposici¨®n democr¨¢tica en Zimbabue, harto del d¨¦spota Mugabe, persigue "derribar las barreras de la soberan¨ªa estatal".

Si bien la inmensa mayor¨ªa de los Estados africanos y su organizaci¨®n colectiva, la Uni¨®n Africana (UA), siguen aferrados a la no intervenci¨®n estricta, ¨²ltimamente se ha producido una interesante evoluci¨®n. Podr¨ªamos decir que ?frica (o parte de ella) ha pasado de la "no injerencia" a la "no indiferencia", porque determinadas barbaridades han removido conciencias. Un ejemplo se?ero es Somalia. La UA acaba de solicitar (9-7-2008) que "el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adopte medidas contra todos aquellos que persiguen poner en peligro el proceso pol¨ªtico en curso en Somalia y la estabilidad de la regi¨®n". Otro ejemplo es Zimbabue. En junio -ah¨ªtos de la ineficaz, tendenciosa y condescendiente "diplomacia silenciosa" del presidente surafricano hacia Mugabe-, Zambia, Botsuana, Nigeria y Ghana, entre otros, se mostraron especialmente cr¨ªticos.

Hay, pues, en ?frica (o hab¨ªa hasta el procesamiento del presidente sudan¨¦s) un relativo avance positivo, a¨²n insuficiente, en relaci¨®n con la concepci¨®n estricta de la soberan¨ªa. El procesamiento que promueve el TPI ?va a suponer que ?frica se quede, por ahora, en la "no indiferencia" e incluso retorne abruptamente a la "no injerencia"?

Hay que impulsar las capacidades de los africanos de actuar y asumir sus propias responsabilidades, partiendo de la base de que quienes mejor entienden los conflictos son quienes habitan ese continente, que, por cierto, siempre ha gozado de mecanismos tradicionales para mitigarlos. No cabe duda de que en intervenciones mantenedoras o defensoras de la paz, tropas africanas bien entrenadas y responsabilizadas tendr¨ªan la ventaja de conocer el entorno y participar de similar cultura. Cuando pase la tempestad del caso Bashir, un entendimiento, con mecanismos y supervisi¨®n adecuados, se har¨¢ imprescindible entre Occidente y la hoy agitada ?frica. La fuerza conjunta (UA/ONU) apenas desplegada en Darfur es un posible modelo para la futura cooperaci¨®n entre la ONU, las instituciones regionales y las internacionales.

Por otra parte, hay que entender que -aun despu¨¦s de la tormenta- ?frica siga siendo hostil a la responsabilidad de proteger mientras no sea corresponsabilizada en la elaboraci¨®n de la teor¨ªa y en la ejecuci¨®n de la pr¨¢ctica. Es defendible que toda normativa -incluso la de la soberan¨ªa estatal- tiene sus excepciones, pero para los integrantes m¨¢s d¨¦biles del sistema (los africanos) puede resultar m¨¢s desfavorable no tener voz en la calificaci¨®n de lo que es excepcional que no haber participado en la redacci¨®n de las normas. Hay que incorporar ?frica al sistema.

Emilio Men¨¦ndez del Valle es embajador de Espa?a y eurodiputado socialista.