Razones que atender

El par¨¦ntesis veraniego no ha servido ni para enfriar el debate sobre la negociaci¨®n del nuevo sistema de financiaci¨®n auton¨®mica ni para clarificar sus t¨¦rminos. M¨¢s bien todo lo contrario. Y a todos conviene que ¨¦ste sea un debate argumentado y sereno.

Dos principios b¨¢sicos que son aceptados con car¨¢cter general, que los presidentes de las comunidades aut¨®nomas tienen como principal funci¨®n defender los intereses de sus respectivas comunidades y que los Estatutos de autonom¨ªa son leyes que deben cumplirse, parecen ser para algunos inaceptables cuando se trata de Catalu?a.

En este sentido, la actitud del presidente Montilla con respecto a la defensa de los intereses de Catalu?a y de su Estatuto es id¨¦ntica a la expresada por Manuel Chaves en el debate que le invisti¨® nuevamente como presidente de la Junta de Andaluc¨ªa cuando dijo: "En todo aquello que tiene que ver con la defensa del Estatuto, que es tanto como decir la defensa de Andaluc¨ªa, seremos, como siempre, exigentes. Es la posici¨®n que hemos mantenido en todo momento, en defensa de los intereses de nuestra comunidad y que no demanda ning¨²n privilegio, sino que aspira a mantener una posici¨®n de mutua lealtad institucional".

La actitud de Montilla es id¨¦ntica a la expresada por Manuel Chaves en su investidura

No caben la insolidaridad ni el privilegio en el r¨¦gimen com¨²n de financiaci¨®n

Estamos inmersos en este debate no s¨®lo porque as¨ª lo determina el Estatuto de autonom¨ªa de Catalu?a, sino por el evidente fracaso del actual sistema, pactado entre los gobiernos del PP y CiU, acuerdo al que despu¨¦s se sumaron todas las comunidades aut¨®nomas, aunque algunos denunci¨¢semos el profundo error que supon¨ªa una soluci¨®n que se presentaba como definitiva y que, por no tener, siquiera ten¨ªa cl¨¢usulas de revisi¨®n ni mecanismos de actualizaci¨®n.

Conviene tambi¨¦n relativizar el encarnizado debate sobre el car¨¢cter bilateral o multilateral de la negociaci¨®n. ?Tan mala memoria tenemos como para haber olvidado que tanto la cesi¨®n del 15% del IRPF como la posterior cesi¨®n del 30% del IRPF fueron negociadas primero por los gobiernos del PSOE y del PP con el Gobierno catal¨¢n, para luego ser acordadas con las dem¨¢s comunidades aut¨®nomas? ?Tanto se desconoce la mec¨¢nica institucional como para ignorar que la plena eficacia de los acuerdos tomados por el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera requiere de la ratificaci¨®n por parte de las comisiones mixtas Estado-comunidades aut¨®nomas?

No poca pol¨¦mica han suscitado los contactos entre las comunidades aut¨®nomas para compartir criterios sobre el nuevo sistema. Como la cumbre de consejeros de seis autonom¨ªas que, convocados al parecer para reafirmar el criterio seg¨²n el cual "pagan las personas y no los territorios", resolvieron que el peso de la variable de poblaci¨®n para determinar las necesidades de gasto de las comunidades aut¨®nomas no deber¨ªa superar en ning¨²n caso el 80%. Si pagan las personas y no los territorios, ?por qu¨¦ no reclamar que el peso de la poblaci¨®n sea del 100%?

Precisamente, se pone a las personas en el centro del sistema cuando se reclama que los mecanismos de nivelaci¨®n act¨²en sobre los servicios universales del Estado de bienestar (sanidad, educaci¨®n y servicios sociales). O cuando se preserva la caja ¨²nica de la Seguridad Social, que sufraga pensiones y seguro de desempleo. O cuando se piden m¨¢s recursos para desarrollar la Ley de la Dependencia.

Tampoco tiene mucho sentido reservar un porcentaje fijo de recursos para una Administraci¨®n determinada, pues cada nivel de gobierno debe gestionar el volumen de recursos adecuado a sus competencias y el nuevo sistema debe hacer transparente el hecho de que los ciudadanos pagan impuestos a ayuntamientos, comunidades aut¨®nomas y Estado para que cada uno haga frente a las responsabilidades que le atribuyen la Constituci¨®n, los Estatutos de autonom¨ªa y las leyes.

Afortunadamente, la publicaci¨®n de las balanzas fiscales ha disipado el argumento sobre una pretendida insolidaridad catalana. No cabe la insolidaridad ni el privilegio en el r¨¦gimen com¨²n de financiaci¨®n auton¨®mica. Precisamente, una adecuada reforma del sistema vigente evitar¨ªa alentar un proceso de radicalizaci¨®n que llevase a muchos a reclamar el concierto econ¨®mico para Catalu?a. Un sistema que los socialistas catalanes hemos rechazado siempre.

La reivindicaci¨®n catalana de un nuevo modelo de financiaci¨®n tiene dos razones de fondo. La primera, compartida con otras comunidades, es la falta de recursos de la Generalitat para atender las demandas sociales de los ciudadanos y ciudadanas de Catalu?a en ejercicio de sus competencias. Uno de los objetivos del nuevo sistema debe ser corregir el desequilibrio producido a lo largo de los a?os a causa de la diferente evoluci¨®n de los recursos y los gastos del Estado y las comunidades aut¨®nomas, ya que, mientras los recursos del Estado han aumentado a un mayor ritmo que los de las comunidades aut¨®nomas, los gastos de ¨¦stas han aumentado a un mayor ritmo que los del Estado. La segunda raz¨®n es la disfunci¨®n creada por los actuales mecanismos de nivelaci¨®n y solidaridad, que penalizan a las comunidades que realizan una mayor contribuci¨®n fiscal. Los mecanismos de nivelaci¨®n han de reducir distancias, pero no invertir posiciones. Es insostenible la actual situaci¨®n en que Catalu?a puede destinar menos recursos por persona para atender la sanidad, la educaci¨®n o los servicios sociales que otras comunidades que contribuyen menos al sistema. Debemos acabar con esa injusticia.

Ha sorprendido a algunos la reacci¨®n catalana unitaria y contundente a la propuesta avanzada por el Gobierno de Espa?a. El car¨¢cter unitario se explica porque se trata de exigir el cumplimiento del Estatuto, acordado entre el Parlament de Catalunya y las Cortes Generales, aprobado por ¨¦stas y refrendado por los ciudadanos y ciudadanas de Catalu?a. Y la contundencia se explica por el car¨¢cter incompleto, "infraestatutario", por utilizar el calificativo que us¨® el presidente Montilla, de la propuesta formulada por el ministro Solbes que no recoge de forma expresa elementos que s¨ª figuran en el Estatuto. Cito cuatro que me parecen especialmente significativos:

a) Impulsar la creaci¨®n de un consorcio o ente equivalente en el que participen de forma paritaria la Agencia Estatal de Administraci¨®n Tributaria y la Agencia Tributaria de Catalu?a para desarrollar las tareas previstas en el art¨ªculo 204 del EAC.

b) Contemplar los costes diferenciales y el porcentaje de poblaci¨®n inmigrante como criterios para determinar las necesidades de gasto. (Art. 206.1 EAC).

c) Incorporar a los mecanismos de nivelaci¨®n la exigencia de que las comunidades aut¨®nomas desarrollen un esfuerzo fiscal similar. (Art. 206.3 EAC).

d) Incorporar la necesidad de que la aplicaci¨®n de los mecanismos de nivelaci¨®n no altere en ning¨²n caso la posici¨®n relativa de las comunidades aut¨®nomas ordenadas en funci¨®n de sus respectivas rentas per c¨¢pita. (Art. 206.5)

Los socialistas catalanes somos conscientes tanto de la dificultad del acuerdo como de que es imprescindible alcanzarlo para que el nuevo sistema sea operativo el 1 de enero de 2009. Para conseguirlo, contamos con la firmeza del presidente Montilla y de su gobierno, la colaboraci¨®n de CiU, la solvencia de Solbes y de Castells, y la palabra de Rodr¨ªguez Zapatero, el presidente del Gobierno que hizo posible la aprobaci¨®n del Estatuto, la devoluci¨®n de los papeles de Salamanca, el reconocimiento institucional de la lengua catalana en Europa, el traslado a Barcelona de la sede de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones, la aprobaci¨®n de la Carta Municipal de Barcelona, o el acuerdo sobre inversiones del Estado en Catalu?a en aplicaci¨®n de la disposici¨®n adicional tercera del Estatuto.

Nuestro ¨²nico objetivo es lograr un sistema de financiaci¨®n justo. Somos conscientes de que algunos piden que tensemos la cuerda con el ¨²nico objetivo de que se rompa, pero no ser¨¢n quienes aceptaron el anterior modelo quienes hoy puedan darnos lecciones de firmeza. Como tampoco aceptaremos que se nos pida por una responsabilidad mal entendida que abandonemos la defensa del Estatuto y de lo que consideramos justo.

Miquel Iceta Llorens es viceprimer secretario y portavoz del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC).