La Ley de Dependencia se atasca en los pueblos m¨¢s peque?os

Cada ma?ana, temprano, lo visten y le dan su bast¨®n. La hija y el yerno se van a trabajar. La casa se queda sola. Y el abuelo espera a que venga alguien a cuidarle por unas horas. El centro de d¨ªa m¨¢s cercano est¨¢ a 12 kil¨®metros y ni siquiera puede ir, las plazas son para los de la capital. Porque el abuelo vive en un pueblo, Coreses (Zamora), con 1.180 habitantes y pocos recursos municipales que poner a su disposici¨®n. "No tenemos infraestructuras, no podemos ofrecer un local al que se queda solo en casa, s¨®lo residencias privadas", asegura ?ngel El¨ªas, alcalde de Coreses. Este anciano de su pueblo ejemplifica lo que ocurre en miles de municipios en los que la realidad limita los derechos.

"Nuestros servicios sociales est¨¢n saturados", dice un dirigente de Zamora

La Ley de Dependencia obliga a universalizar los servicios a los dependientes. Y un centro de d¨ªa cerca de casa es uno de esos servicios, pero a Coreses -que lo reclama desde hace a?os sin ¨¦xito para abastecer a seis municipios- le supondr¨ªa invertir todo su presupuesto de un a?o. As¨ª que el abuelo, que tendr¨ªa hasta varios centros de d¨ªa donde elegir si viviera en la ciudad, se queda en casa. Solo.

Casi 7.000 de los 8.100 municipios de Espa?a tienen menos de 5.000 habitantes. Tres de cada cuatro dependientes -se estima que son 2,8 millones en todo el pa¨ªs- residen en zonas rurales, con una poblaci¨®n envejecida donde el porcentaje con discapacidad es del 11,7% , casi tres puntos por encima de la media nacional, seg¨²n la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias (FEMP). En los pueblos peque?os -con ayuntamientos de escaso presupuesto y pocas infraestructuras alrededor- es donde hay m¨¢s demanda y menos medios para aplicar la ley. Las zonas rurales "no disponen del personal especializado, ni de recursos econ¨®micos para desarrollar e implantar pol¨ªticas sociales", denuncia el presidente de la FEMP y alcalde de Getafe, Pedro Castro (PSOE), que esta semana ha participado en un seminario sobre dependencia en la universidad de verano de Santander. Castro es tajante: "Los mayores de los pueblos est¨¢n peor atendidos que los de las ciudades por las administraciones". Y culpa a las comunidades aut¨®nomas. "No hay voluntad", lamenta.

La primera fase de la aplicaci¨®n de la Ley de Dependencia cubr¨ªa a las personas que necesitan ayuda para las actividades b¨¢sicas de la vida diaria. Todos ellos deb¨ªan estar atendidos desde 2007. Los expedientes de evaluaci¨®n los cumplimentan trabajadores de los ayuntamientos y, cuando el pueblo es demasiado peque?o, desde las diputaciones. Como en Zamora, una provincia donde tres de cada cuatro municipios no llega a 2.000 vecinos y en la que el porcentaje de mayores de 80 a?os dobla la media nacional. "Nuestros servicios sociales est¨¢n saturados", se?ala Fernando Mart¨ªnez Ma¨ªllo, presidente de la diputaci¨®n de Zamora y responsable de la Comisi¨®n de Bienestar Social de la FEMP.

La Ley de Dependencia incluye ya criterios como el n¨²mero de dependientes por regi¨®n o la dispersi¨®n del territorio a la hora de financiar. Pero el Gobierno no entra en el reparto final de las comunidades aut¨®nomas hacia sus ayuntamientos. "Hay que respetar la distribuci¨®n competencial", se?ala Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Pol¨ªtica Social. Valcarce admite que garantizar los servicios para los dependientes en el medio rural es "un reto" para el Gobierno.