Las c¨¢maras de tr¨¢fico de Torremolinos vulneran la ley de protecci¨®n de datos
Los objetivos pueden enfocarse hacia los edificios e identificar rostros y placas
El debate sobre la videovigilancia no s¨®lo afecta a qu¨¦ im¨¢genes pueden grabar los poderes p¨²blicos en las calles, sino tambi¨¦n a c¨®mo se conservan las filmaciones y al derecho del ciudadano a saber que est¨¢ siendo vigilado. Las seis c¨¢maras con forma de ojo de pez que el Ayuntamiento de Torremolinos (M¨¢laga, 60.000 habitantes) instal¨® en abril de 2006 para controlar el tr¨¢fico en el centro de la localidad vulneran la Ley Org¨¢nica de Protecci¨®n de Datos de Car¨¢cter Personal. El pasado 13 de agosto la Agencia Espa?ola de Protecci¨®n de Datos (AEPD) -un ente p¨²blico independiente- emiti¨® un informe en el que se?ala dos infracciones graves y una leve en el sistema de videovigilancia del municipio, gobernado por el Partido Popular.
Los inspectores de la AEPD acudieron a Torremolinos a ra¨ªz de una denuncia formulada en diciembre de 2006 por el portavoz municipal del PSOE, Juan Ortu?o. Tras solicitar al Ayuntamiento diversa documentaci¨®n, a principios de 2008, los inspectores accedieron a la sala de control de las c¨¢maras, en la jefatura de Polic¨ªa Local de Torremolinos. All¨ª comprobaron que cuatro de las seis c¨¢maras -las ubicadas en las calles Hoyo, Europa y R¨ªo Mesa y en la Plaza de la Costa del Sol- tienen un campo de visi¨®n de 360 grados. Esta capacidad de movimiento permite no s¨®lo enfocar a la calzada que supuestamente se pretende vigilar, sino enfocar a los edificios adyacentes. "Son perfectamente identificables tanto las ventanas como las cortinas, as¨ª como el mobiliario exterior", afirman los inspectores en su informe. Igualmente reconocibles son los rostros de las personas y las placas de las matr¨ªculas de los coches.
Al acceder a las grabaciones, que se remontan a un a?o antes, los inspectores comprobaron que una de las c¨¢maras se enfoc¨® directamente a la puerta de acceso de un establecimiento de calle Hoyos. "El campo de visi¨®n se limita al establecimiento, y no incluye la calzada. Durante la reproducci¨®n de las im¨¢genes se aprecia el tr¨¢nsito de varias personas cuyo rostro es identificable", verifican los inspectores. El Ayuntamiento inform¨® a los inspectores que opt¨® por las c¨¢maras de 360 grados "por cuesti¨®n de econom¨ªa, pues con una instalaci¨®n se pod¨ªan controlar varias calzadas" y para "en un futuro tener posibilidad de realizar labores de vigilancia y seguridad ciudadana".
La AEPD no entra en valorar si la filmaci¨®n de personas o casas por parte de una c¨¢mara de tr¨¢fico es legal. Sin embargo, dictamina que las im¨¢genes de las personas son "datos personales" y que su almacenamiento constituye un "fichero" cuya seguridad depende del Ayuntamiento. Y es aqu¨ª donde falla el sistema de videovigilancia de Torremolinos.
"El acceso al dispositivo de visi¨®n y recuperaci¨®n de las im¨¢genes carec¨ªa de medida de seguridad alguna (contrase?a), siendo en consecuencia accesible por cualquier tercer. (...) Resulta imposible determinar los accesos producidos a dichas im¨¢genes", afirman los inspectores. Esto constituye una vulneraci¨®n grave del "principio de seguridad" de los ficheros, seg¨²n la AEPD. Tambi¨¦n deplora que el Ayuntamiento no avisara a los viandantes de la colocaci¨®n de las c¨¢maras.
El 'gran hermano', en el punto de mira
- Las c¨¢maras de videovigilancia en la v¨ªa p¨²blica deben contar con el visto bueno de una comisi¨®n del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA).
- En Granada, el TSJA tumb¨® en mayo el plan del Ayuntamiento y de los comerciantes para colocar 17 c¨¢maras en el centro para proteger la "intimidad" de los viandantes. Tambi¨¦n se han prohibido en Puerto Ban¨²s (Marbella).
- En M¨¢laga se permiti¨® en 2005 la instalaci¨®n de 17 c¨¢maras en diez calles del centro y el Ayuntamiento prev¨¦ ampliar el dispositivo a 29. Seg¨²n el Cuerpo Nacional de Polic¨ªa, la criminalidad en la zona ha bajado un 10%
- En Sevilla, el alcalde, Alfredo S¨¢nchez Monteseir¨ªn (PSOE), pretende instalar c¨¢maras para luchar contra la prostituci¨®n. El Defensor del Pueblo Andaluz, Jos¨¦ Chamizo, se ha mostrado contrario a la medida.
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