Ocho a?os de c¨¢rcel para un funcionario por cohecho
Se llaman Andr¨¦s Rubio Hern¨¢ndez y Jos¨¦ Luis Ayani Urbieta; trabajaban en el Instituto Municipal de Hacienda de Barcelona y han sido condenados a penas que suman ocho a?os y medio de c¨¢rcel y cinco a?os, respectivamente. La Audiencia de Barcelona ha sentenciado que cometieron un delito de cohecho y otro de falsedad en documento oficial cuando alteraron los expedientes de liquidaci¨®n de las plusval¨ªas de los a?os 1999 a 2003 para que algunos contribuyentes abonaran una cuota menor en las arcas municipales por la venta de inmuebles.
La sentencia, conocida ayer y dictada por la Secci¨®n Tercera, asegura que a cambio de su actuaci¨®n delictiva como funcionario, Andr¨¦s Rubio cobr¨® 1.800 euros por cada uno de los 20 expedientes que manipul¨® y que afectaron a la transmisi¨®n de m¨¢s de 75 fincas. El perjuicio causado a las arcas municipales fue de 800.000 euros, pero todos los contribuyentes afectados ya han regularizado sus deudas con el Ayuntamiento. Rubio reconoci¨® los hechos en el juicio y afirm¨® que actu¨® as¨ª por despecho por un problema laboral. La sentencia tambi¨¦n le condena a 13 a?os y medio de inhabilitaci¨®n para cargo p¨²blico y a pagar 38.700 euros.
Rubio declar¨® en el juicio que fue el otro funcionario quien le ense?¨® a manipular los expedientes utilizando la clave inform¨¢tica de otros dos compa?eros de trabajo, al margen de su horario laboral y sin fichar.
Abogados y gestores
El fraude cometido no habr¨ªa sido posible sin la colaboraci¨®n de abogados y gestores, a los que Rubio ofreci¨® sus servicios por realizar lo que la sentencia califica de "liquidaci¨®n mendaz" de los expedientes, alterando la fecha de adquisici¨®n de los inmuebles para reducir as¨ª la cuota que ingresar. Por ello, la Audiencia de Barcelona ha impuesto sendas penas que suman seis a?os y tres meses de c¨¢rcel al abogado Carlos Af¨¢n de Rivera y al gestor Esteban Cervantes, mientras que Florencio Teruel, socio de otra entidad, ha sido condenado a tres a?os y medio de prisi¨®n.
La sentencia ser¨¢ recurrida ante el Tribunal Supremo y si se confirmaran las condenas, todos los afectados deber¨ªan ingresar en la c¨¢rcel y no podr¨ªan acogerse al beneficio de la remisi¨®n condicional de la pena.
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