Valencia estrena el profesor-traductor para burlar la ley

La Generalitat valenciana ha recurrido a una f¨®rmula singular para impartir las clases de Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa: un profesor ense?ar¨¢ la asignatura en castellano o valenciano y otro, a su lado, se encargar¨¢ de traducir sus palabras en ingl¨¦s.

As¨ª ha salido al paso el Gobierno de Francisco Camps despu¨¦s de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana negara su pretensi¨®n de reducir la asignatura a un examen trimestral sobre un temario previamente seleccionado por los padres.

Padres y profesores consideran el m¨¦todo un "disparate"

"Ser¨¢ un espect¨¢culo poco pedag¨®gico", dice el Gobierno

Tampoco ha permitido el citado tribunal que la asignatura se imparta en ingl¨¦s, tal y como propuso el Gobierno valenciano despu¨¦s de que el PP eligiera la oposici¨®n a Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa como uno de sus m¨¢s sonados frentes pol¨ªticos. Los jueces valencianos no han cuestionado en su auto el derecho de las comunidades aut¨®nomas a impartir parte del curr¨ªculo educativo en ingl¨¦s, pero s¨ª obligan a la Generalitat a ajustarse a sus propias normas. Dicha normativa, dictada con anterioridad a la obligatoriedad de Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa por la consejer¨ªa de Educaci¨®n, establece que para cambiar el idioma de castellano o valenciano de una asignatura a otro extranjero primero debe dar el visto bueno el consejo escolar y despu¨¦s deben solicitarlo los centros, previa aceptaci¨®n expl¨ªcita de los padres. Ninguno de estos requisitos se han cumplido en el caso de Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa, lo que ha impulsado al Gobierno de Camps a introducir en el sistema educativo la figura del profesor-traductor para seguir dejando patente su oposici¨®n a la pol¨¦mica asignatura.

Las cr¨ªticas no han cesado desde el anuncio de innovaci¨®n educativa. "Ser¨¢ un espect¨¢culo poco pedag¨®gico para los j¨®venes ver a un profesor explicando en ingl¨¦s lo que otro profesor acaba de explicar a su vez en castellano o valenciano", advierte Ricardo Peralta, el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana.

Padres, alumnos, profesores y sindicatos han calificado el escenario de "absoluto disparate" y de "ocurrencia sin sentido". Los consejos escolares de buena parte de los institutos p¨²blicos valencianos han alertado adem¨¢s sobre la situaci¨®n de "indefensi¨®n jur¨ªdica" que profesores y equipos directivos pueden sufrir en una experiencia sobre la que no existen precedentes.

La situaci¨®n de la Comunidad Valenciana es la ¨²ltima muestra del embrollo con el que las comunidades aut¨®nomas afrontan esta controvertida materia. La Ley Org¨¢nica de Educaci¨®n (LOE) establece una aplicaci¨®n escalonada de la asignatura por cursos y comunidades aut¨®nomas. El curso escolar que est¨¢ a punto de comenzar ser¨¢ el primero en que todas las autonom¨ªas ense?ar¨¢n Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa. La asignatura va a ser general en secundaria y bachillerato. Baleares, Canarias, Castilla y Le¨®n, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Murcia, Pa¨ªs Vasco y La Rioja se incorporan por vez primera. El resto de comunidades lo hizo el pasado curso.

Sobre la mayor¨ªa de ellas pesan decisiones judiciales contradictorias acerca del presunto derecho de los padres a la objeci¨®n de conciencia ante lo que consideran un "adoctrinamiento" de los hijos. Hasta que el Tribunal Supremo no siente jurisprudencia al respecto -hecho que no est¨¢ previsto hasta dentro de dos o tres meses- no se despejar¨¢ la incertidumbre.

Mientras tanto, el curso est¨¢ a punto de comenzar y la LOE rige para todos. Educaci¨®n reitera que la no asistencia a las clases de Ciudadan¨ªa conlleva el suspenso, Y con dos asignaturas suspendidas no se puede pasar al curso siguiente.