Educaci¨®n remite a los institutos madrile?os las 'instrucciones' para objetar a Ciudadan¨ªa

El Gobierno regional ha anunciado este mi¨¦rcoles el env¨ªo de una circular a los 86 centros educativos de la Comunidad de Madrid con alumnos de secundaria objetores a Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa (EpC) en la que se especifica qui¨¦nes son y cu¨¢l es la alternativa prevista para ellos. Se trata de 890 estudiantes del total de 115.000 que deben cursarla, aunque esta cifra podr¨ªa aumentar ya que las clases comienzan el pr¨®ximo d¨ªa 15. Tal y como avanz¨® Educaci¨®n hace apenas unos d¨ªas, har¨¢n un trabajo individual sobre la Constituci¨®n -opci¨®n rechazada por los jueces en la Comunidad Valenciana-. Ni se precisa la extensi¨®n ni ning¨²n otro par¨¢metro. Adem¨¢s, realizar¨¢n en su instituto alguna actividad de voluntariado que la direcci¨®n considere "beneficiosa" para la convivencia escolar y que la carta tampoco especifica. El Ministerio de Educaci¨®n ha respondido que va a recurrir la circular a la justicia.

La asignatura, caballo del batalla del PP, se impartir¨¢ por primera vez este curso en la Comunidad de Madrid, que ha agotado el plazo previsto por la ley para ponerla en marcha. Se trata de una hora semanal en 2? y 4? de la Educaci¨®n Secundaria Obligatoria (ESO) y de dos horas en 1? de Bachillerato de todos los centros p¨²blicos, privados y concertados de la regi¨®n. El Gobierno de Esperanza Aguirre reconoce, admite e incluso alienta que los padres declaren objetores a sus hijos, a pesar de que el Ministerio de Educaci¨®n ya ha dicho que equivale a no cursar matem¨¢ticas y que ning¨²n ni?o podr¨¢ obtener la titulaci¨®n de ESO sin EpC.

10.800 solicitudes, 890 para este curso

Preguntado en un primer momento por el n¨²mero final de objetores y el de centros afectados, un portavoz de la consejer¨ªa se ha limitado a indicar que hasta el pasado viernes se hab¨ªan presentado "un total de 10.800 solicitudes" en el registro habilitado por el Gobierno regional, lo cual no quiere decir que 10.800 alumnos no la vayan a cursar este a?o. La raz¨®n es que las solicitudes provienen tanto de padres cuyos hijos est¨¢n en 2? y 4? y, por tanto, directamente afectados, y tambi¨¦n de otros a cuyos hijos les tocar¨¢ el a?o que viene, o el otro... Tampoco se conoc¨ªa el n¨²mero de centros, a pesar de que se les hab¨ªa enviado la carta. Parec¨ªa que no se hab¨ªan cruzado los datos o no se informaba de ello. Sin embargo, a ¨²ltima hora de la tarde, la consejer¨ªa ha revelado a este diario el dato: 890 del total de solicitudes corresponden a alumnos que tendr¨ªan que cursar la asignatura el pr¨®ximo curso, 490 de 2? de la ESO (un 0,79% del total de 62.000 alumnos inscritos) y 400 de 4? (un 0,75% de los 53.000). Estos 890 alumnos asisten a 86 colegios.

Estos objetores deber¨¢n hacer un trabajo sobre la Constituci¨®n espa?ola y sus valores -libertad, la justicia, igualdad y pluralismo pol¨ªtico-, as¨ª como prestar en el centro "alguna actividad de voluntariado". Sobre lo anunciado la semana pasada por la consejera, Luc¨ªa Figar, no hay apenas novedades, ya que no precisa ni siquiera la extensi¨®n que deber¨¢ tener el trabajo ni c¨®mo se calificar¨¢. Eso s¨ª, precisa el detalle de que ser¨¢ la propia direcci¨®n del centro la que determine en que consistir¨¢ la "actividad de voluntariado". Como ¨²nica orientaci¨®n, sostiene que debe ser "beneficiosa" para la convivencia escolar. Esta falta de concreci¨®n ya ha sido criticada por la Asociaci¨®n de Directores de Secundaria, que agrupa a dos tercios de los institutos madrile?os, cuyo presidente Jos¨¦ Antonio Mart¨ªnez, ha acusado al Gobierno regional de sembrar el "desconcierto" en los institutos al exigir una alternativa para la que no est¨¢n preparados.

El suspenso no est¨¢ previsto

La misiva subraya que los ni?os no tendr¨¢n que asistir a EpC y que tampoco se les podr¨¢ calificar con un suspenso. Junto al documento, Educaci¨®n ha incluido los escritos de las familias objetoras que han decidido que sus hijos no reciban la materia por "razones de conciencia", as¨ª como por "el derecho fundamental a la libertad ideol¨®gica recogida en el art¨ªculo 16 de la Constituci¨®n Espa?ola". En el documento, Educaci¨®n defiende su pol¨¦mica decisi¨®n y se justifica afirmando que es su obligaci¨®n "garantizar que, todos los alumnos, durante el horario escolar, reciben la adecuada atenci¨®n educativa".

En esta misma l¨ªnea se ha manifestado hoy el secretario regional de Escuelas Cat¨®licas de Madrid, Emilio D¨ªaz, durante una rueda de prensa de la Federaci¨®n Espa?ola de Religiosos de Ense?anza y Titulares de Centros Cat¨®licos y Educaci¨®n y Gesti¨®n de Madrid (FERE-CECA y EyG Madrid), informa Efe. D¨ªaz considera que la nueva asignatura es la "receta" del Gobierno del Estado para paliar la "falta de calidad" del sistema educativo. No obstante, ha asegurado que los centros agrupados en la asociaci¨®n han adaptado el contenido de la asignatura al proyecto educativo cristiano y, ha agregado que las familias "pueden estar tranquilas" respecto de los contenidos, materiales y profesorado. Por eso, considera que, aunque a¨²n es pronto para saber el n¨²mero exacto de objetores, ser¨¢n "muy escasos".

Ante esta situaci¨®n, la diputada de IU en la Asamblea de Madrid Eulalia Vaquero ha considerado "inadmisible que, a pocos d¨ªas del inicio del curso, los institutos reciban una instrucci¨®n que ampara la ilegalidad que supone no impartir una asignatura obligatoria como Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa", por lo que su grupo ha reclamado "la intervenci¨®n urgente y firme del Ministerio de Educaci¨®n", ya que "estamos ante una desobediencia institucional". Ha recordado que la ESO es una etapa obligatoria y por tanto todas sus asignaturas tambi¨¦n lo son, por lo que "en ning¨²n caso pueden ser sustituidas por una trabajo ni por tareas de voluntariado". Con la carta en la mano, el Ministerio de Educaci¨®n ya puede actuar contra el Gobierno regional, tal y como han confirmado fuentes del departamento a este peri¨®dico. En declaraciones a la SER, la secretaria de Estado de Educaci¨®n, Eva Almunia, ha asegurado que llevar¨¢ a la Comunidad de Madrid a los tribunales, por lo que consideran "una maniobra encubierta para incumplir la ley".