De fosas y desaparecidos

La solicitud de informaci¨®n sobre desaparecidos realizada recientemente por el juez Garz¨®n a diversas instituciones y organismos cierra de alguna forma un largo proceso iniciado hace tres d¨¦cadas. Se entiende que unos y otros acordaran entonces no reproducir la guerra civil en el per¨ªodo de transici¨®n a la democracia, pero no se entiende que al mismo tiempo no decidieran proteger la documentaci¨®n existente, ponerla en manos de profesionales y abrirla a la investigaci¨®n y a la consulta en los plazos legales. Especialmente todo lo relativo a la represi¨®n del r¨¦gimen franquista.

M¨¢s bien se hizo lo contrario: destruir documentos, no prestar el cuidado necesario a los que sobrevivieron y poner todo tipo de trabas a la investigaci¨®n. Por defecto, primaba la restricci¨®n. Y esto fue as¨ª en los ochenta y en los noventa en todo lo relativo a la cuesti¨®n clave del pasado de la Espa?a actual: la represi¨®n franquista. No deb¨ªa salir a la luz que bajo la "guerra civil fratricida" se ocultaba un brutal plan de exterminio aplicado all¨ª donde triunf¨® el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, es decir, en m¨¢s de medio pa¨ªs. Cost¨® mucho trabajo acceder a las fuentes primarias que nos dieron la primera informaci¨®n sobre las v¨ªctimas del fascismo espa?ol. Bien sabemos esto los que tuvimos que recorrer decenas de juzgados para sacar los nombres de los que llegaron a ser inscritos en los Libros de Defunciones a lo largo de seis d¨¦cadas.

Los 130.000 muertos del franquismo son s¨®lo las descubiertas por investigadores particulares

El Gobierno debe asumir que los desaparecidos son cosa del Estado y no de humildes asociaciones

Luego vinieron las exploraciones en otros fondos: la Causa General, el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, otros archivos militares, los archivos municipales... y, ya a fines de los noventa, los fondos judiciales militares. Todo muy lentamente y no precisamente en las condiciones deseables.

Fruto de este laborioso proceso investigador, realizado en todo momento contra corriente y sin ayuda oficial alguna en la mayor¨ªa de los casos, son las numerosas revelaciones que han ido apareciendo desde entonces y que permiten en la actualidad tener una idea aceptable aunque incompleta del proceso represivo. De ah¨ª procede la cifra cercana a las 130.000 personas que refleja el informe, realizado por quien esto escribe, encargado por la direcci¨®n jur¨ªdica de las diligencias en curso y entregado al juez Garz¨®n.

Sin embargo, la urgencia medi¨¢tica dificulta los matices y produce simplificaciones de todo tipo. Por ejemplo, en esas 130.000 v¨ªctimas se incluyen tanto los asesinados por los bandos ilegales como por las farsas de los consejos de guerra. Son muchos menos estos ¨²ltimos pero as¨ª qued¨® rastro de su muerte. Lo cierto es que las dificultades de investigaci¨®n, la diversidad de fuentes y las limitaciones y problemas han sido tantos que estos listados s¨®lo constituyen una base de partida que debe ser depurada (repeticiones, fechas err¨®neas, casos dudosos...) y, sobre todo, completada. Es l¨®gico que as¨ª sea dada la manera en que ha habido que hacerlo.

El problema es que esas 130.000 personas son s¨®lo lo que hemos podido sacar a la luz en tres d¨¦cadas. Pero sabemos que las v¨ªctimas fueron muchas m¨¢s. Sin embargo, los m¨¦todos de investigaci¨®n que hemos usado parecen ya agotados. Ahora hace falta pasar a otra fase. En este sentido, la iniciativa del juez Garz¨®n de solicitar informaci¨®n a diversas instancias es muy interesante pero no parece muy aventurado afirmar que de ah¨ª no va a sacar mucho. Hay, sin embargo, otras posibilidades que deben tenerse en cuenta. El rastro de la represi¨®n hay que buscarlo en tres direcciones, ninguna de las cuales parece que a estas alturas vaya a poner pega alguna a ofrecer la informaci¨®n que se le solicite:

El Ej¨¦rcito. Los militares golpistas fueron los m¨¢ximos responsables y organizadores de la represi¨®n. La documentaci¨®n generada por este proceso estuvo primero en los Gobiernos Militares de cada provincia y luego pas¨® a las Capitan¨ªas Generales (tambi¨¦n habr¨ªa que mirar en los llamados Archivos Intermedios). Igualmente habr¨ªa que tener en cuenta los llamados Archivos de los Tribunales Militares Territoriales (antiguas Auditor¨ªas de Guerra), cuya consulta y aprovechamiento, no siempre posible, resulta muy compleja. Se trata de una documentaci¨®n fundamental, que deber¨ªa pasar cuanto antes al Archivo de Salamanca (el nuevo Centro Documental de la Memoria Hist¨®rica) y puesta de inmediato en manos del Cuerpo Facultativo de Archiveros del Estado.

La Guardia Civil. Esta instituci¨®n fue, junto con los militares sublevados y los grupos paramilitares, el brazo ejecutor de la represi¨®n en cada localidad a trav¨¦s de las Comandancias Militares locales, en contacto constante con los Gobiernos Militares respectivos. La documentaci¨®n que pudo generarse qued¨® tras la guerra en los puestos de la Guardia Civil, de donde m¨¢s tarde pas¨® a las Comandancias de Zona. Luego se le pierde el rastro.

La Polic¨ªa. La represi¨®n fue canalizada desde el primer momento a trav¨¦s de las Delegaciones Militares Gubernativas de Orden P¨²blico, cuyos archivos pasaron tras la guerra a las Jefaturas Provinciales de Polic¨ªa, en cuyo poder estuvieron hasta los a?os ochenta (hasta 1984 en el caso de Sevilla).

As¨ª que no basta con preguntar a Defensa, a la Direcci¨®n General de la Guardia Civil y a la Jefatura Nacional de Polic¨ªa si tienen documentaci¨®n sobre las v¨ªctimas de la represi¨®n. Y no basta porque nosotros sabemos que la tuvieron. As¨ª lo demuestran numerosos documentos. Y tal como marcan las leyes, Ej¨¦rcito, Guardia Civil y Polic¨ªa tienen la obligaci¨®n de poner a disposici¨®n de la sociedad toda la documentaci¨®n que posean sobre aquellos hechos ocurridos hace siete d¨¦cadas. No cabe plantear que no la tengan. Su obligaci¨®n es tenerla e informar detalladamente sobre su contenido, caracter¨ªsticas, vicisitudes y ubicaci¨®n.

El objetivo de este llamado movimiento por la memoria no es descubrir ni mucho menos castigar a los responsables de los cr¨ªmenes cometidos, ni tampoco montar otra Causa General, ahora de signo contrario. En realidad se persiguen tres fines: identificar a todas las personas desaparecidas a consecuencia de la represi¨®n franquista, facilitar a sus familiares el acceso a la informaci¨®n que exista sobre sus avatares y paradero y permitirles que les den digna sepultura.

Con ello se cerrar¨ªa de veras un proceso abierto por el golpe militar de julio de 1936 y que a¨²n sigue pendiente por las peculiaridades del proceso de transici¨®n, por las pol¨ªticas de olvido de los a?os posteriores y por la actitud cerrada de una derecha que, pese a ser democr¨¢tica, no acaba de romper amarras con el pasado franquista. Resulta inconcebible que, siguiendo con la pr¨¢ctica habitual de la dictadura, haya quien niegue a los familiares de las v¨ªctimas el derecho a saber qu¨¦ fue de ellas y la posibilidad de celebrar por fin los ritos negados y aplazados por el terror.

La Ley de Memoria, sin desarrollar a¨²n, parece ya cosa antigua. De hecho, la iniciativa del juez Garz¨®n la supera notablemente. En este sentido, llama la atenci¨®n que el Gobierno, tan remiso a afrontar estos problemas, apoye ahora p¨²blicamente la providencia de Garz¨®n. Algo no cuadra: no parece muy l¨®gico que quienes han aprobado una Ley de Memoria tan timorata y raqu¨ªtica ahora est¨¦n a favor de la petici¨®n de informaci¨®n exhaustiva sobre las v¨ªctimas de la represi¨®n.

El Gobierno debe asumir de una vez que las fosas y los desaparecidos del franquismo, como en su momento las v¨ªctimas del terror en zona republicana, son cosa del Estado y no de las humildes asociaciones de familiares que luchan hace a?os para que se d¨¦ soluci¨®n a ese escandaloso vac¨ªo. Parece que ya es tiempo de que se alcance un acuerdo general para solucionar un problema que dura mucho.

Francisco Espinosa Maestre, historiador, es coordinador del proyecto Todos los nombres y autor del Informe sobre la represi¨®n franquista enviado al juez Garz¨®n.