El Estado testarudo

El juez Garz¨®n, de la Audiencia Nacional, pidi¨® a primeros de mes a los ayuntamientos de C¨®rdoba, Granada, Madrid y Sevilla, la Universidad de Granada, la Abad¨ªa del Valle de los Ca¨ªdos, la Conferencia Episcopal y los archivos del Estado la identificaci¨®n de desaparecidos, fusilados y enterrados en fosas comunes. No existe un censo total de liquidados por los franquistas, con o sin juicio, en las persecuciones que desat¨® su levantamiento de 1936. Lo que conocemos ha sido labor de historiadores y familiares de los muertos, frente a la resistencia del Estado espa?ol, que, junto a la Iglesia cat¨®lica, se ha sentido guardi¨¢n de los secretos sobre los que el r¨¦gimen de Franco se fund¨®. Francisco Espinosa Maestre, investigador en la universidad sevillana, autor del informe entregado a Garz¨®n, contaba el mi¨¦rcoles en la Cuarta P¨¢gina de este peri¨®dico las trabas que los estudiosos han encontrado en archivos militar-policiales, sustancialmente vedados o parcialmente destruidos.

Cuando se habla de una impl¨ªcita ley del silencio, pactada en 1977, sobre los cr¨ªmenes de la dictadura, se cae en un equ¨ªvoco. ?C¨®mo puede pensarse en la existencia de una ley del silencio si abundan las monograf¨ªas hist¨®ricas, las novelas, las pel¨ªculas, sobre los desafueros franquistas?, dicen muchos. ?ste es el malentendido espa?ol del inmediato pasado, del presente y seguramente del futuro. Se confunden dos cosas: tienen raz¨®n los que dicen que se han publicado muchos libros y se han hecho muchas pel¨ªculas sobre la guerra y la posguerra que dur¨® hasta, por lo menos, 1977. Pero la cuesti¨®n no es ¨¦sa: la cuesti¨®n es que hubo una ley de amnist¨ªa o perd¨®n (es decir, de silencio legal, que es lo que vale) en la transici¨®n pol¨ªtica. Libros sobre el franquismo se escrib¨ªan tambi¨¦n durante el franquismo, es evidente. Pero el silencio legal es el que vale, no el aluvi¨®n de libros y pel¨ªculas y art¨ªculos de particulares sobre el fen¨®meno franquista.

Y, a pesar de la llamada popularmente ley de Memoria Hist¨®rica, el n¨²cleo del silencio legal sigue intacto. No creo yo que exista una memoria hist¨®rica, porque cada uno, o cada grupo, recuerda lo que puede o quiere, y, lo mismo que existe una memoria franquista del franquismo, existe una memoria de la oposici¨®n al franquismo: dos memorias hist¨®ricas por lo menos. Ninguna memoria se puede eliminar por ley, aunque el franquismo creyera que su memoria era la memoria aut¨¦ntica, verdadera y obligatoria para todos. Creo que la memoria es una opini¨®n. Lo que no es una opini¨®n es que los sublevados en 1936 cometieron cr¨ªmenes impunes, que, adem¨¢s de probados, est¨¢n en la memoria y el sentido com¨²n de mucha gente. El Estado, sin embargo, se ha resistido mucho tiempo a establecer un registro de las muertes por asesinato, m¨¢s o menos legalizado, que produjo el nacimiento del r¨¦gimen franquista. El problema es que de ese r¨¦gimen, sin romper la continuidad, surgi¨® nuestro Estado de Derecho.

As¨ª que los deudos de aquellos muertos de hace por lo menos setenta a?os acuden al ¨²nico juez, sea o no competente en el caso, que parece sensible a los cr¨ªmenes de Estado. A Baltasar Garz¨®n se dirigen los familiares y la Asociaci¨®n Granadina para la Recuperaci¨®n de la Memoria Hist¨®rica, que quieren desenterrar al maestro Di¨®scoro Garc¨ªa y al banderillero Francisco Galad¨ª, fusilados junto al poeta Garc¨ªa Lorca, con el que comparten tumba. Esa fosa com¨²n es hoy lugar de culto, un monolito y un parque p¨²blico, aunque quiz¨¢ no sea el sitio exacto de la sepultura, como informaba ayer Manuel Altozano en este peri¨®dico. Ian Gibson la localiz¨® en 1971, en el camino entre V¨ªznar y Alfacar, en Granada, al lado de un olivo y una fuente, bas¨¢ndose en el testimonio del enterrador, pero otros testigos de los asesinatos o ejecuciones sin juicio de agosto de 1936 la trasladan a 430 metros de distancia. No s¨¦ si este desplazamiento modificar¨¢ el sentido de las ya tradicionales celebraciones en honor de los muertos.