Debates y reformas

A veces, cuando leo algunos comentarios sobre las circunstancias que se han dado en torno al asesinato de la ni?a Mari Luz, tengo la impresi¨®n de que quienes no hemos escrito en defensa del juez Tirado -ni en contra- empleamos nuestro tiempo en hacer trizas la imagen de un magistrado por el simple hecho de serlo y, por id¨¦ntica raz¨®n, a la de la Administraci¨®n de Justicia. Y quedo perplejo cuando oigo y leo comentarios tan absurdos como para meter en el mismo saco a los padres de Mari Luz, por permitir que la menor caminara sola hasta el quiosco de enfrente de su casa, junto con los responsables pol¨ªticos del caos administrativo y los profesionales que no han respondido a su funci¨®n. Estas cosas que se leen y se escuchan nos trasladan la impresi¨®n de vivir en otro Estado, en otro tiempo. Un tiempo que para algunos fue el de la ni?ez, cuando nuestras madres nos dec¨ªan que no nos alej¨¢ramos de casa con la amenaza de que ven¨ªa el mantequero.

Pero ni vivimos en ese tiempo ni en ese Estado. El nuestro es otro y bien distinto. Nada m¨¢s que por esta raz¨®n, ni la defensa a ultranza de un juez, ni la de la Administraci¨®n de Justicia tal y como est¨¢ merecen que se extienda la imagen de que en cada una de las puertas de nuestras casas existe aguardando un presunto pederasta asesino condenado y en libertad. No es as¨ª. Lo que ha quedado claro con este caso que tanto nos ocupa es que el desorden y el caos existentes en numerosos juzgados y tribunales no puede convertirse en coartada permanente para eximir de cualquier responsabilidad a los profesionales de toda clase que intervienen en la Administraci¨®n de Justicia. Igualmente, ha demostrado que existen dos raseros. Uno para los jueces que, cuando se les abre un expediente, ¨¦ste caduca a los seis meses. Y otro para secretarios y dem¨¢s funcionarios, cuyos expedientes tardan el doble en caducar.

Realmente, pues, no se trata del caso del juez de Sevilla ni de unas posibles responsabilidades concretas -que tambi¨¦n- si no que, a causa de este suceso, hayan salido a la luz p¨²blica cuestiones que permiten debatir sobre determinados privilegios at¨¢vicos que siguen existiendo en la Justicia. Un debate que, por otras razones pero coincidiendo con ¨¦stas, alcanza tambi¨¦n a la forma de construirse y nutrirse de vocales el CGPJ.

El debate no es un juez. El debate es si a los jueces, como profesionales, se les puede exigir responsabilidad. El debate es, como tambi¨¦n he le¨ªdo, si a los jueces se les mira por sus actos sin valorar sus consecuencias o si, como al resto de los mortales, se tienen en cuenta las consecuencias que pueden derivar de sus acciones y omisiones. No hay m¨¢s que pensar en si es lo mismo saltarse un stop un d¨ªa de mucho tr¨¢fico sin m¨¢s consecuencias que la infracci¨®n administrativa correspondiente o saltarse el citado stop y llevarse por delante un pelot¨®n de ciclistas.

El debate es si los propios jueces determinan cu¨¢l debe ser su carga de trabajo, que es lo mismo que si los trabajadores establecen qu¨¦ deben hacer todos los d¨ªas para su empresa en cantidad, en calidad, en jornada y horario, o no. El debate es que si lo jueces que llevan, con el mismo reparto de asuntos que otros, el juzgado al d¨ªa y cometen un error deben quedar responsables de sus actos mientras que quienes no lo est¨¢n quedan exentos.

El debate en los medios es saber la clase de poder con el que cuenta cada juez y sus mecanismos de control. Si algunos de sus derechos no son sino privilegios que no aportan nada al ejercicio jurisdiccional. Un debate que, una vez m¨¢s, pone de manifiesto que a este Estado le hace falta una reforma en profundidad del sistema judicial sin que persecuciones imaginarias, el traslado de parte de la responsabilidad a las v¨ªctimas de los delitos o la carga de trabajo sirvan de excusa para retrasarlo m¨¢s.