Circos con dos pistas

La declaraci¨®n de inconstitucionalidad de la ley vasca de consultas populares, aprobada el pasado 27 de junio por el Parlamento aut¨®nomo gracias al voto del PCTV (el Supremo estudiar¨¢ hoy su probable ilegalizaci¨®n), ha provocado encendidas protestas y duras descalificaciones del lehendakari Ibarretxe, dispuesto a promover la insumisi¨®n ciudadana ante el Tribunal de Estrasburgo y a convocar movilizaciones en su apoyo. A la vez, sin embargo, el PNV -columna vertebral del tripartito vasco- no excluye negociar con el partido del Gobierno el apoyo de sus seis diputados en el Congreso a los Presupuestos de 2009.

La diferente composici¨®n de las alianzas pol¨ªticas seg¨²n el ¨¢mbito territorial y las cuestiones en juego no es un fruto patol¨®gico del oportunismo sino una consecuencia l¨®gica de la estructura del Estado de las Autonom¨ªas. Los preparativos para la apertura formal de las negociaciones sobre financiaci¨®n auton¨®mica tras la aprobaci¨®n de los Estatutos de segunda generaci¨®n de Catalu?a, Valencia y Andaluc¨ªa esbozan alianzas que no responden al color ideol¨®gico de los partidos dominantes dentro de las instituciones comunitarias sino a sus intereses econ¨®micos territoriales. El pasado agosto, los representantes de distintas autonom¨ªas de la Espa?a del Noroeste gobernadas por socialistas, populares o regionalistas (Cantabria, Asturias, Galicia, Castilla y Le¨®n, Extremadura, Arag¨®n) se reunieron para tratar de ponerse de acuerdo frente a las comunidades del arco mediterr¨¢neo y del centro (Catalu?a, Valencia, Baleares, Madrid) a prop¨®sito de los criterios sobre el reparto de los ingresos.

Hasta el momento, el comportamiento pol¨ªtico dual seg¨²n cu¨¢l fuese el ¨¢mbito territorial concernido hab¨ªa venido siendo propio de las formaciones nacionalistas, acostumbradas a comportarse de manera distinta en los Parlamentos aut¨®nomos (Catalu?a, Pa¨ªs Vasco, Canarias, Galicia) y en las Cortes. Pero ahora la disparidad de conductas afecta tambi¨¦n a las organizaciones territoriales de los dos partidos de ¨¢mbito estatal, que adoptan posiciones distintas entre s¨ª acerca de la financiaci¨®n auton¨®mica en funci¨®n del nivel de desarrollo econ¨®mico de sus comunidades y que establecen alianzas transversales con otras autonom¨ªas al margen de la ideolog¨ªa. Esa l¨ªnea divisoria podr¨ªa llegar a provocar incluso escisiones. Uni¨®n del Pueblo Navarro -la marca del PP en el Viejo Reino- no descarta votar los Presupuestos. Y algunas voces significadas de los socialistas catalanes amenazan con boicotear las cuentas del Estado para 2009 si la financiaci¨®n auton¨®mica no cumple sus exigencias.

El desdoblamiento de los nacionalistas en funci¨®n de que sus foros de actuaci¨®n -como le sucede ahora al PNV- sean las Cortes Generales o los Parlamentos aut¨®nomos ha a?adido una nueva dimensi¨®n espacial a la tradicional distinci¨®n temporal de los antiguos partidos obreros entre el programa m¨¢ximo, cuyo cumplimiento a largo plazo queda aplazado a un horizonte indefinido, y el programa m¨ªnimo, manual de actuaci¨®n para la pol¨ªtica cotidiana. Sin embargo, los socialistas han unificado los dos calendarios, si bien hasta fechas cercanas los carn¨¦s del PSOE rend¨ªan homenaje al decimon¨®nico programa de Pablo Iglesias. Los sectores fundamentalistas del nacionalismo, por el contrario, se siguen guiando por la estrella polar del derecho de autodeterminaci¨®n que les permita alcanzar la independencia, a la vez que buscan abrigo frente a las tormentas en el puerto seguro de la legalidad constitucional.

La reciente sentencia del TC -clara y rotunda- sobre la ley vasca de consultas es una prueba m¨¢s de la inviabilidad de la estrategia seguida por el ala m¨¢s radical del nacionalismo vasco con Ibarretxe y Egibar a la cabeza. Las tentativas de realizar el programa m¨¢ximo independentista mediante la fraudulenta utilizaci¨®n inconstitucional de los abundantes recursos materiales, jur¨ªdicos y pol¨ªticos puestos a disposici¨®n del Gobierno aut¨®nomo para aplicar el programa m¨ªnimo estatutario est¨¢n condenadas al fracaso.

La inconstitucionalidad del chapucero proyecto del Gobierno vasco, que convocaba para el pr¨®ximo 25 de octubre un refer¨¦ndum disfrazado de consulta, era hasta tal punto palmaria y estridente que la Comisi¨®n Jur¨ªdica Asesora de Euskadi (formada por 10 miembros designados por el Gobierno de Vitoria con las funciones consultivas de un Consejo de Estado auton¨®mico) s¨®lo pudo aprobar el dictamen favorable que se le hab¨ªa pedido gracias al voto de calidad dirimente de su presidente. Los fundamentos jur¨ªdicos de la sentencia desnudan los groseros vicios de inconstitucionalidad de la ley en todos sus aspectos: competencial (no hay forma alguna de colgar el embozado refer¨¦ndum de ninguna percha del Estatuto de Gernika), procedimental (la aprobaci¨®n parlamentaria mediante tr¨¢mite de la lectura ¨²nica incumpli¨® el reglamento de la C¨¢mara y lesion¨® los derechos de la minor¨ªa) y sustantiva (invad¨ªa competencias exclusivas del Estado).