El fiscal pide seis meses para el ex concejal de Urbanismo de Vitoria, del PP

El anterior concejal de Urbanismo de Vitoria, el popular Jorge Ibarrondo, se enfrenta a una petici¨®n fiscal de seis meses de prisi¨®n por prevaricaci¨®n urban¨ªstica en el caso de los chal¨¦s de Ali. La vista oral est¨¢ prevista para los primeros d¨ªas del pr¨®ximo mes de octubre y en ella Ibarrondo tambi¨¦n se enfrenta a una petici¨®n fiscal de siete a?os de inhabilitaci¨®n como concejal y al pago del derribo del s¨¦ptimo chal¨¦ de la urbanizaci¨®n, considerado supuestamente ilegal, para lo que deber¨¢ depositar la correspondiente fianza.

El denominado caso Ali se remonta a 2003, cuando la constructora Salgado Iglesias SA comenz¨® a construir unos chal¨¦s en el concejo hom¨®nimo del Ayuntamiento vitoriano. Ibarrondo est¨¢ acusado de haber cambiado el dictamen del Departamento de Urbanismo en contra del criterio de los t¨¦cnicos municipales que, al menos en dos informes, avisaron de que no se pod¨ªan construir m¨¢s de seis chal¨¦s en una parcela. Este terreno no alcanzaba, seg¨²n el catastro, los 2.000 metros cuadrados preceptivos para levantar una vivienda unifamiliar m¨¢s.

El entonces concejal se escud¨® en una documentaci¨®n presentada por la constructora, que fijaba las dimensiones del terreno en 2.160 metros cuadrados, y decidid¨® dar la licencia urban¨ªstica para ese s¨¦ptimo chal¨¦, que ya se hab¨ªa levantado. En m¨¢s de una ocasi¨®n, Ibarrondo ha se?alado que actu¨® de buena fe.

"Benevolente"

El fiscal considera, en cambio, que Ibarrondo ocult¨® ese hecho a los servicios jur¨ªdicos municipales hasta que la oposici¨®n municipal comenz¨® a investigar posibles irregularidades en la concejal¨ªa de Urbanismo. En ¨²ltimo t¨¦rmino y ante la presi¨®n del resto de los ediles, Ibarrondo y el entonces director del departamento, Ant¨®n S¨¢enz de Santa Mar¨ªa, incorporaron la aprobaci¨®n de la licencia al expediente.

La petici¨®n de pena del fiscal fue considerada "demasiado benevolente", por Jos¨¦ Navas, portavoz en el Ayuntamiento de EB, formaci¨®n personada en la causa como acusaci¨®n popular. "Son las penas m¨¢s bajas que recoge el C¨®digo Penal, que estima hasta 10 a?os de inhabilitaci¨®n y dos de prisi¨®n por delitos relacionados con la prevaricaci¨®n urban¨ªstica", a?adi¨®.

EB tambi¨¦n pidi¨® al alcalde, Patxi Lazcoz, que el Ayuntamiento se persone tambi¨¦n en la causa. "Eso s¨ª, en ning¨²n momento deber¨¢ afrontar ning¨²n pago", a?adi¨® Navas, en referencia a que la fiscal¨ªa se?ala al consistorio como responsable civil subsidiario de los gastos de derribo del chal¨¦ ilegal. Esa vivienda permanece hoy en venta, propiedad de la constructora.