Estado de los derechos humanos en Venezuela

Como si Hugo Ch¨¢vez no contara ya con suficientes problemas -la ca¨ªda del precio del petr¨®leo, la expulsi¨®n del embajador de Estados Unidos en Venezuela, y la del venezolano en Washington, el registro de su pa¨ªs por cuarto a?o seguido en la lista negra norteamericana de c¨®mplices del narcotr¨¢fico, el estallido inflacionario local, y las dudas sobre la suerte de su partido en las pr¨®ximas elecciones- recibe un nuevo golpe. El 18 de septiembre, la organizaci¨®n no gubernamental Human Rights Watch (HRW, de cuya Junta Directiva me confieso orgullosamente miembro) hizo p¨²blico en Caracas un informe demoledor sobre Una d¨¦cada de Ch¨¢vez. Describe, analiza y condena las repetidas amenazas, restricciones y violaciones a los derechos humanos en Venezuela desde el triunfo chavista en las elecciones presidenciales de diciembre de 1998. El subt¨ªtulo del informe lo dice todo: "Intolerancia pol¨ªtica y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela". Por fin una organizaci¨®n seria, independiente y acreditada en el mundo, se aboca a este tema en Venezuela, y emite una opini¨®n fundamentada y desprovista de estridencias o exageraciones.

El informe negativo de Human Rights Watch es una nueva derrota de Ch¨¢vez

La resistencia de la sociedad civil ha impedido que Venezuela sea Cuba

El informe de HRW, dado a la luz en la capital venezolana por Jos¨¦ Miguel Vivanco (a quien nadie puede acusar de chavofobia; se ha convertido en un n¨¦mesis de ?lvaro Uribe por su oposici¨®n al Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos), se centra en cinco grandes cap¨ªtulos del estado que guardan la democracia, la justicia y la libertad en la cuna del libertador. Aunque no alcanz¨® a incorporar los ¨²ltimos atropellos de Ch¨¢vez al inhabilitar a centenares de candidatos de oposici¨®n, incluyendo a Leopoldo L¨®pez, el alcalde de Chacao y probable triunfador en los comicios por la Alcald¨ªa Mayor de Caracas de haber podido contender, HRW enumera el conjunto de episodios de "discriminaci¨®n pol¨ªtica" cometidos por el Gobierno desde 1998. Proporciona ejemplos concretos, contrasta estos hechos tanto con los derechos inscritos en la Constituci¨®n venezolana de 1999 (ya redactada por el propio Ch¨¢vez) como con los tratados internacionales firmados por el pa¨ªs desde tiempo atr¨¢s. La discriminaci¨®n pol¨ªtica consiste, ante todo, en la aplicaci¨®n de criterios pol¨ªticos (es decir, de filochavismo) a la contrataci¨®n, despidos, otorgamiento de cr¨¦ditos en las empresas o actividades del Estado, y sobre todo, al funcionamiento de la empresa petrolera PDVSA.

El segundo cap¨ªtulo se refiere a la situaci¨®n del poder judicial, y c¨®mo, paulatinamente, Ch¨¢vez ha ido subordinando al poder pol¨ªtico a los jueces y tribunales venezolanos, en franca violaci¨®n de la Constituci¨®n y de los instrumentos internacionales y regionales (como la Convenci¨®n Americana de Derechos Humanos y la CartaDemocr¨¢tica Interamericana, firmada por el Gobierno de Ch¨¢vez). La reciente ratificaci¨®n por el Tribunal Supremo de la inhabilitaci¨®n de los candidatos opositores constituye un nuevo y grave ejemplo de esta subordinaci¨®n.

Como lo ha sido la actuaci¨®n de los tribunales en los conflictos relativos a los medios de comunicaci¨®n, el tercer cap¨ªtulo del informe de Human Rights Watch. Para la ONG, la polarizaci¨®n de los medios, el endurecimiento de los delitos que penalizan expresiones determinadas, la regulaci¨®n de los contenidos de los medios, el control sobre la difusi¨®n de radio y televisi¨®n, y la falta de protecci¨®n judicial a la libertad de expresi¨®n, representan manifestaciones del car¨¢cter cada vez m¨¢s antidemocr¨¢tico del r¨¦gimen chavista, en un ¨¢mbito decisivo. El informe de HRW muestra no s¨®lo las cortapisas impuestas a la libertad de expresi¨®n en Venezuela, sino tambi¨¦n la forma en que se han ido legalizando las restricciones, al avalarlas el poder judicial.

La estructura del siguiente apartado, a saber, aquel dedicado a la libertad sindical y al desempe?o de los sindicatos, es la misma. En primer t¨¦rmino, HRW expone las obligaciones contra¨ªdas al respecto por el Estado venezolano ante la comunidad internacional: tratados y principalmente convenios de la OIT; inmediatamente despu¨¦s, explica las disposiciones legales internas, para luego denunciar c¨®mo durante de "la d¨¦cada de Ch¨¢vez" se han ido mermando los derechos sindicales. Tanto en lo referente a la libertad de asociaci¨®n, como de huelga y de negociaci¨®n colectiva, as¨ª como a las represalias ejercidas contra los trabajadores de PDVSA que se fueron al paro en 2003, el informe documenta los abusos, las intenciones y la "falta de protecci¨®n judicial de la libertad sindical". En un pa¨ªs con una tradici¨®n sindical -corporativista, en ocasiones corrupta y burocr¨¢tica, sin duda, pero combativa y democr¨¢tica tambi¨¦n- se trata de un retroceso may¨²sculo.

Por ¨²ltimo, Human Rights Watch aborda el tema de la sociedad civil, con la misma ¨®ptica: las normas internacionales y venezolanas vigentes, los atropellos contra defensores de derechos humanos, ONG, los ejemplos de abuso judicial y, de nuevo, las limitaciones a la protecci¨®n judicial. Este cap¨ªtulo resulta tal vez el m¨¢s importante, porque conduce a las conclusiones que se desprenden de esta labor excepcional.

Ya lo han dicho otros colaboradores en estas p¨¢ginas. La sociedad civil venezolana, de tiempo atr¨¢s una de las m¨¢s din¨¢micas y vigorosas de Am¨¦rica Latina, ha resistido hasta ahora con ¨¦xito a la embestida autoritaria de Hugo Ch¨¢vez. Venezuela hoy no es una dictadura; no es Cuba, no es Chile bajo Pinochet, no es Arabia Saud¨ª. Pero esto no se debe a las buenas intenciones de su presidente, sino m¨¢s bien al contrario: a la fuerza y firmeza de una oposici¨®n desunida en lo pol¨ªtico y electoral (hasta hace poco), pero feroz en la defensa de sus conquistas civiles de anta?o. No s¨®lo esa sociedad rechaz¨® las pretensiones autoritarias de Ch¨¢vez en el refer¨¦ndum de diciembre; no s¨®lo ech¨® abajo la refundaci¨®n del aparato de inteligencia y seguridad; no s¨®lo protest¨® contra el cierre de RCTV y logr¨® que en Internet cuente con un p¨²blico superior a otras televisoras; sobre todo ha sabido mantener, a pesar de todo, la vigencia de las libertades. Pero, como lo demuestra de manera palmaria Human Rights Watch, nada est¨¢ escrito. La tentaci¨®n, la deriva, la ambici¨®n, est¨¢n todas presentes.

La segunda conclusi¨®n reside en la importancia de la normatividad jur¨ªdica internacional. HRW insiste una y otra vez en que a trav¨¦s de los abusos descritos, el Gobierno de Ch¨¢vez viola compromisos internacionales contra¨ªdos libremente por su pa¨ªs. En todo caso por ello, a¨²n si acept¨¢ramos la tesis castro-chavista-pri¨ªsta de que la soberan¨ªa nacional se sit¨²a por encima de valores universales como los derechos humanos, la firma de dichos instrumentos por Venezuela hace que lo que en ese pa¨ªs suceda no sea ¨²nicamente asunto de los venezolanos. Incumbe a todos los Gobiernos y ciudadanos de los pa¨ªses que tambi¨¦n suscribieron esos tratados, y que se acogen a ellos cuando han agotado instancias jur¨ªdicas internas sin lograr defender sus derechos fundamentales. Cuando Ch¨¢vez viola repetidamente el derecho a la protecci¨®n judicial consagrado en un sinn¨²mero de convenciones, arremete no s¨®lo contra los venezolanos, sino contra todos aquellos que en alg¨²n momento necesitar¨¢n, o requirieron de, dichas convenciones. Como alguien que, hace unas semanas, logr¨® que, por primera vez en la historia, el Estado mexicano fuera condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar, justamente, su derecho a la protecci¨®n judicial inscrito en el art¨ªculo 25 del llamado Pacto de San Jos¨¦, hablo con conocimiento de causa.

Jorge Casta?eda, ex secretario de Relaciones Exteriores de M¨¦xico, es profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Nueva York.