Tr¨¢gala o provocaci¨®n

El empe?o del Partido Popular en promover al presidente y al portavoz del anterior Consejo del Poder Judicial, Francisco Hernando y Enrique L¨®pez, respectivamente, a magistrados del Tribunal Constitucional amenaza con dejar en nada el acuerdo alcanzado con los socialistas para desbloquear su renovaci¨®n parcial -los cuatro magistrados del cupo del Senado-, pendiente desde diciembre. No s¨®lo eso: ensombrece el clima de entendimiento institucional entre los dos grandes partidos, abierto tras las ¨²ltimas elecciones, especialmente visible estos d¨ªas en relaci¨®n con la pol¨ªtica antiterrorista.

Los socialistas consideran la propuesta poco menos que una provocaci¨®n, dada la actuaci¨®n militante de Hernando y L¨®pez contra iniciativas legislativas del Gobierno de Zapatero en la anterior legislatura. Empe?o que se manifiesta en las maniobras de la direcci¨®n del PP para que sus grupos parlamentarios en las comunidades aut¨®nomas propongan de manera concertada a Hernando y L¨®pez, de modo que el Senado no tenga donde escoger y se vea en la tesitura de aceptarlos.

La direcci¨®n del PP est¨¢ haciendo un uso fraudulento de la reforma legal que faculta a los Parlamentos aut¨®nomos a presentar hasta dos candidatos cada uno para la elecci¨®n del cupo de magistrados del Constitucional correspondiente al Senado. Y lo hace al reducir la multiplicidad de candidatos posible a s¨®lo dos, imponiendo una extra?a disciplina parlamentaria a sus diputados auton¨®micos. No s¨®lo se vulnera con ello el esp¨ªritu de la ley que justamente intentaba favorecer la participaci¨®n en el proceso de las entidades territoriales en cuanto tales, sino que se interfiere en la autonom¨ªa de los Parlamentos aut¨®nomos, llevando hasta el l¨ªmite y a toque de corneta el poder central del partido.

Habr¨ªa que preguntarse si el PP no dispone de candidatos menos marcados que Hernando y L¨®pez para acceder al Constitucional. Y no s¨®lo por sus tomas de posici¨®n extempor¨¢neas a veces y beligerantes siempre sobre cuestiones como el Estatuto catal¨¢n, el matrimonio homosexual y la memoria hist¨®rica, o por haber propiciado antes de dejar sus cargos la impunidad de una juez -la titular del Registro Civil de Denia- que se niega a inscribir matrimonios homosexuales. Es sobre todo la cualificaci¨®n jur¨ªdica exigible a los magistrados del Constitucional lo que obliga a plantear si el PP no cuenta con candidatos m¨¢s id¨®neos. Hernando y L¨®pez son magistrados, el primero desde 1986 y el segundo desde 1989, con m¨¢s de 15 a?os de ejercicio. Pero sus t¨ªtulos y trayectoria profesional hacen dudar que alcancen la "reconocida competencia" y el grado de especializaci¨®n jur¨ªdica exigible a los miembros del Constitucional.

Tanto empe?o, a sabiendas del car¨¢cter provocador de la propuesta, hace pensar si no estar¨¢ el PP atado por alg¨²n compromiso con quienes actuaron como su punta de lanza: el de pagar con este nombramiento los servicios prestados.