?Concierto para todos?

La reciente sentencia del Tribunal de la UE, con sede en Luxemburgo, que avala la potestad de las diputaciones vascas para establecer tipos menores a los vigentes en el resto de Espa?a en determinados tributos contiene una llamativa advertencia. Le dice al Tribunal Superior del Pa¨ªs Vasco que deber¨¢ vigilar para que no exista una compensaci¨®n por parte del Estado central de la menor recaudaci¨®n que resulte de esa rebaja fiscal.

El sistema de Concierto consiste b¨¢sicamente en que las instituciones vascas recaudan todos los impuestos y pagan una cantidad global, el cupo, como aportaci¨®n a los gastos generales del Estado. Lo llamativo de la sentencia es que fija el foco no sobre la autonom¨ªa recaudatoria sino sobre ese cupo. La Comisi¨®n Europea hab¨ªa insinuado que tal vez las negociaciones entre el Gobierno central y las autoridades vascas para fijar tal cantidad estuvieran sirviendo para compensar bajo cuerda esa menor recaudaci¨®n.

Aunque no hay indicios de que tal cosa ocurra, la sentencia ordena al Tribunal Superior "verificar si, debido a la metodolog¨ªa adoptada y a los datos econ¨®micos tomados en consideraci¨®n (...), el c¨¢lculo del cupo puede tener como efecto que el Estado espa?ol compense las consecuencias" de esa rebaja. "Pueda tener como efecto": o sea, que aunque no se negocie expresamente como compensaci¨®n, ¨¦se sea el resultado.

Desde hace a?os se viene considerando que el porcentaje (6,24%) del gasto estatal que corresponde pagar a Euskadi est¨¢ infravalorado. Ese coeficiente, que refleja el peso de la econom¨ªa vasca en el PIB espa?ol en 1981, no se ha modificado desde entonces. Sus defensores sostienen que ello demuestra que no hay ajustes compensatorios encubiertos.

Sin embargo, el problema no es el porcentaje, sino la base sobre la que se aplica. Ya a fines de los a?os noventa, Jos¨¦ Victor Sevilla, que fue secretario de Estado de Hacienda con Felipe Gonz¨¢lez, demostr¨® que esa base no tomaba en cuenta la totalidad del gasto asociado a las competencias del Estado; no inclu¨ªa, en particular, "cantidad alguna para financiar la pol¨ªtica de equidad territorial del Estado", que es una competencia que la Constituci¨®n atribuye al Gobierno central (Art. 158). Se excluye, escrib¨ªa Sevilla en febrero de 2004, "el gasto correspondiente a lo que en la teor¨ªa del federalismo fiscal se conoce como transferencias de nivelaci¨®n, que son recursos que la Hacienda central pone en manos de las regiones con menor capacidad tributaria para que todas puedan ofrecer a sus ciudadanos un determinado nivel de servicios p¨²blicos".

Seg¨²n los c¨¢lculos de J. M. Ruiz Soroa, (El Correo, 19-7-08), en base a las balanzas fiscales publicadas por el Gobierno, esa falta de contribuci¨®n a la solidaridad garantiza a Euskadi una sobrefinanciaci¨®n equivalente al 4% del PIB vasco. Una magnitud considerable si recordamos que el promedio de fondos transferidos anualmente por la UE a Espa?a desde 1986 ha venido siendo equivalente al 0,9% del PIB espa?ol. La conclusi¨®n de Soroa es que esa cantidad que se ahorran las instituciones vascas es una transferencia financiera del resto de las comunidades a Euskadi. Y que ese factor explica que la capacidad de gasto por persona sea en Euskadi hasta un 60% superior a la media, lo que le permite afrontar la p¨¦rdida de recaudaci¨®n en el impuesto de sociedades sin modificar otros tributos. No hay, por tanto, compensaci¨®n directa, pero el sistema de c¨¢lculo del cupo puede tener el mismo efecto, como insin¨²a Luxemburgo al encargar al tribunal vasco que lo verifique.

Es cierto que, al responsabilizarse de la recaudaci¨®n de todos los impuestos en lo peor de la crisis econ¨®mica, en 1981, los negociadores del Concierto asumieron un riesgo que por ejemplo no quisieron los catalanes. Pero era un riesgo con red, dado el ventajoso sistema de cupo establecido.

Esto podr¨ªa incidir en el debate sobre financiaci¨®n auton¨®mica, dada la insistencia del catalanismo en obtener "un sistema de financiaci¨®n similar al Concierto" (Artur Mas) o la "equiparaci¨®n de los ingresos per c¨¢pita a los de las comunidades forales" (Maragall). Sin embargo, esa equiparaci¨®n no podr¨ªa venir de la generalizaci¨®n de la exenci¨®n vasca y navarra, pues dejar¨ªa al Estado sin fondos propios para asumir sus responsabilidades redistributivas. Y extenderlo s¨®lo a Catalu?a acentuar¨ªa el problema del agravio comparativo: una encuesta publicada esta semana (La Vanguardia, 22-9-08) registra que el porcentaje de espa?oles que consideran que el actual sistema de financiaci¨®n beneficia a Catalu?a dobla el de los que piensan lo contrario. Pero el 72% de los catalanes cree que les perjudica, mientras que una mayor¨ªa de ellos piensa que a quien beneficia es a Andaluc¨ªa y Extremadura.

Hace a?os que se sabe que la ¨²nica posibilidad de equiparaci¨®n ser¨ªa modificar a la baja, paulatinamente, los efectos econ¨®micos del Concierto vasco; no el Concierto, que est¨¢ constitucionalizado y es una forma leg¨ªtima de autogobierno fiscal, sino el sistema de c¨¢lculo del cupo. Pero si alguien se atreviera a plantearlo tendr¨ªa que enfrentarse a la unanimidad que crea todo inter¨¦s compartido, incluso por encima de las ideolog¨ªas, y a la muy arraigada creencia vasca de que la costumbre crea derecho, incluso por encima de la ley.