Respetables delincuentes

Dos noticias alentadoras en medio del desastre jur¨ªdico de este pa¨ªs que ha culminado con la gran componenda en la resoluci¨®n del conflicto del Consejo del Poder Judicial: por la primera hemos sabido que un juez ha denunciado a la Junta de Andaluc¨ªa por prevaricaci¨®n en el caso del hotel de El Algarrobico, en Almer¨ªa; por la segunda hemos sido informados de que, despu¨¦s de largos a?os de litigio, otro juez ha condenado al Ayuntamiento de Barcelona por su indiferencia ante las quejas de un vecino de Gr¨¤cia por las actividades ilegales que se ve¨ªa obligado a soportar.

Quien haya viajado por el antes id¨ªlico parque natural del Cabo de Gata sabr¨¢ de qu¨¦ se trata porque no puede haberle pasado desapercibido ese monstruoso tumor que es el hotel de El Algarrobico, un edificio de 20 plantas que vulnera todas las legislaciones locales y auton¨®micas. La Junta de Andaluc¨ªa, seg¨²n el auto del juez, incluso present¨® una cartograf¨ªa "falsa e ins¨®lita" para camuflar el incumplimiento de la Ley de Costas. De alguna manera el hotel de El Algarrobico es el s¨ªmbolo del salvaje expolio de todo el litoral mediterr¨¢neo perpetrado en estos ¨²ltimos 25 a?os, y por tanto en plena democracia, con la complicidad, por acci¨®n u omisi¨®n, de las autoridades municipales, auton¨®micas y estatales.

El ciudadano tiene que saber que la desidia de la autoridad, en democracia, es un delito y tiene que animarse a denunciarla

Me interesan ciertas acusaciones del juez: la abulia y la desidia de la Administraci¨®n en la defensa del inter¨¦s general. Significativamente, en la sentencia contra el Ayuntamiento de Barcelona tambi¨¦n se habla de la desidia de las autoridades en el momento de preservar los derechos de los ciudadanos. En consecuencia, de hacer caso a estos autos judiciales, no s¨®lo es condenable la corrupci¨®n, que de vez en cuando sale a flote desde el submundo en el que conviven mafiosamente la delincuencia y el poder, sino algunos de sus parientes cercanos: la dejaci¨®n de funciones, la tolerancia frente a la ilegalidad, el disimulo ante el delito. Es decir, la desidia. La autoridad ab¨²lica, indiferente al incumplimiento de la ley, se convierte autom¨¢ticamente, y por la naturaleza propia de su funci¨®n en una sociedad democr¨¢tica, en autoridad delincuente.

Esto tiene cierta importancia al calibrar la atm¨®sfera que nos rodea, con un malestar ciudadano que a menudo es fruto de la impotencia. Una de las ventajas de vivir en una democracia es que se supone que las leyes y ordenanzas aprobadas son justas y, por consiguiente, de obligado cumplimiento. Lo que habitualmente llamamos autoridad deber¨ªa ser el mediador entre la ley y su aplicaci¨®n. Cuando esto no ocurre, el engranaje falla y el ciudadano se siente fr¨¢gil y desamparado.

?sta es la sensaci¨®n que, de acuerdo con sus palabras, tuvo ?scar Zayas, el ciudadano de Gr¨¤cia al que ahora el juez ha dado la raz¨®n frente a la brutalidad de los decibelios con que cada noche le manten¨ªan insomne los ocupantes del local vecino. El problema es que el se?or Zayas, tras 12 a?os de denuncias infructuosas a la Guardia Urbana, a la concejal¨ªa de distrito y al propio Ayuntamiento, tuvo que mudarse de casa y que, como buen ciudadano, ahora est¨¢ preocupado porque los 19.000 euros con que ha sido condenado el Consistorio los vamos a pagar los contribuyentes, ¨¦l incluido, y no el alcalde -actual o anterior- como deber¨ªa ser.

Esta sentencia y las consideraciones del se?or Zayas son muy pertinentes para juzgar el caso de Barcelona, una ciudad en la que se produce una desproporci¨®n abismal entre la autopromoci¨®n municipal -con campa?as que con frecuencia suscitan la verg¨¹enza ajena- y la responsabilidad democr¨¢tica a la hora de proteger la existencia cotidiana de los ciudadanos. No s¨¦ si por tolerancia mal entendida, por cobard¨ªa, por pusilanimidad o por la desidia invocada en los papeles judiciales; lo cierto es que el Ayuntamiento de Barcelona acumula ejemplos de lo que podr¨ªamos llamar indiferencia delictiva.

Sin salir del barrio de Gr¨¤cia, podemos recordar el espect¨¢culo, durante la fiesta mayor, de cientos de b¨¢rbaros asediando con su ruido a lo largo de horas dos residencias geri¨¢tricas sin que la polic¨ªa hiciera nada por impedirlo. Y luego la repetici¨®n de la barbarie en las fiestas de Sants, con la polic¨ªa igualmente ausente. O lo ocurrido en Poblenou. Para no hablar de la Barceloneta, transformada en verano en la gran cloaca tur¨ªstica de la ciudad, donde muchos vecinos, hartos de la indignidad y la degradaci¨®n, quieren formar patrullas de vigilancia que pal¨ªen la ineficacia y apat¨ªa policiales.

?S¨®lo nos faltar¨ªa, con esto, recuperar la ley de la jungla! Sin embargo, no me extra?ar¨ªa que algo similar sucediese mientras el Ayuntamiento se empe?e en apostar por la marca que debe venderse en lugar de hacerlo por la ciudad que debe habitarse.

Con todo, algo hemos adelantado con estas denuncias y sentencias. Es importante que el ciudadano sepa que la desidia de la autoridad, en democracia, es un delito y se anime a denunciarla. Claro que la jurisprudencia podr¨ªa mejorarse exigiendo que fueran los ilustres delincuentes, y no las arcas municipales o auton¨®micas o estatales, las que pagaran las indemnizaciones. La desidia es otra forma de corrupci¨®n.