Caos para la ciudadan¨ªa

El curso escolar ha comenzado en una de las peores situaciones imaginables a cuenta de la asignatura de Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa: dependiendo de la comunidad aut¨®noma, y casi de los centros, los profesores y los alumnos reciben de las autoridades mensajes contradictorios sobre una materia que forma parte del curr¨ªculo establecido por la ley.

La primera responsabilidad de este desbarajuste es imputable al Partido Popular, no tanto porque disienta de la necesidad o de los contenidos de la asignatura como por los procedimientos que ha elegido para dejar patente esta disconformidad en algunas de las comunidades aut¨®nomas que gobierna. Pero la segunda responsabilidad corresponde al Tribunal Supremo, que sigue sin pronunciarse sobre la posibilidad de objetar la asignatura, resolviendo la contradicci¨®n entre los pronunciamientos de varios tribunales superiores de justicia. Los perjuicios de esta tardanza se han visto multiplicados por el hecho de que ese criterio jur¨ªdico com¨²n no se ha establecido antes del comienzo del curso escolar.

El PP ha optado por adherirse a la posici¨®n m¨¢s radical dentro de las organizaciones cat¨®licas, mayoritariamente opuestas al contenido de la materia pero separadas por el grado de respeto a la legalidad con que han actuado. Mientras que la Conferencia Episcopal ha alentado la objeci¨®n, la Federaci¨®n Espa?ola de Religiosos de la Ense?anza (FERE) se ha inclinado por impartir la asignatura pero adapt¨¢ndola a sus creencias. El PP se apoya en las resoluciones de los tribunales superiores que han fallado a favor de la objeci¨®n para hacer algo a lo que ni siquiera esas decisiones judiciales le autorizan: incumplir la ley. La comunidad valenciana ha recurrido, incluso, a una f¨®rmula extravagante para fingir que la respeta, como es la de impartir la materia en ingl¨¦s, con ayuda de traductores.

El PP no puede reclamar que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la aplicaci¨®n de la objeci¨®n de conciencia al caso de una asignatura escolar y, al mismo tiempo, animar a que se infrinja la ley mientras la justicia no resuelva definitivamente. Esta actitud, no ya ventajista, sino poco escrupulosa con las formas democr¨¢ticas, est¨¢ creando divisi¨®n en sus filas. A diferencia del resto de las comunidades gobernadas por el PP, Castilla y Le¨®n ha optado por hacer que la materia se imparta.

Pese a las campa?as promoviendo la objeci¨®n, el n¨²mero de familias que ha decidido seguir las consignas del PP y de los obispos es poco significativo. Tal vez los dirigentes populares y la Conferencia Episcopal no son conscientes de la grave responsabilidad que est¨¢n contrayendo con quienes, escuch¨¢ndoles, han decidido que sus hijos no asistan a las clases de Ciudadan¨ªa. El Tribunal Supremo establecer¨¢ en su momento el criterio que debe prevalecer. Pero es dif¨ªcil que pueda convalidar retrospectivamente que unos ciudadanos decidan por su cuenta y riesgo si cumplen o no las leyes en vigor.