El Consell ignor¨® la Ley de Aguas en 129 urbanizaciones

El Consell ha validado entre 2005 y 2007 sucesivas iniciativas urban¨ªsticas sin tener acreditado el abastecimiento de agua mediante el preceptivo informe favorable de las confederaciones hidrogr¨¢ficas, como recoge la Ley de Aguas. En ese espacio de tiempo el Gobierno valenciano, que preside el popular Francisco Camps, ha autorizado un total de 129 PAI (entre ellos gigantescas macrourbanizaciones como Gran Manises, Nou Mil. leni o Plan Rabassa) de espaldas a la norma estatal.

Los proyectos bajo sospecha prev¨¦n 200.000 casas y un mill¨®n de habitantes

Esta pr¨¢ctica ha sido denunciada ante la Comisi¨®n Europea por el eurodiputado de Los Verdes, David Harmmerstein, por poner en riesgo los objetivos de la Directiva Marco del Agua. Bruselas, a trav¨¦s del comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, ha recogido el guante y ha abierto una investigaci¨®n. La primera decisi¨®n ha sido recabar del Gobierno central el listado de proyectos autorizados sin el informe favorable de las cuencas hidrogr¨¢ficas. En el caso de la Comunidad Valenciana, los proyectos afectados, seg¨²n la denuncia del eurodiputado de Los Verdes, son 129. En total, estas iniciativas prev¨¦n unas 200.000 nuevas casas con cerca de un mill¨®n de habitantes.

La Ley de Aguas (art¨ªculo 25.4 reformado el 22 de julio de 2005) establece como obligatorio la emisi¨®n de un informe previo de la confederaci¨®n hidrogr¨¢fica en el caso de los planes urban¨ªsticos que planteen nuevas necesidades de agua. En el informe, el organismo de cuenca debe pronunciarse de manera "expresa" sobre la existencia de recursos h¨ªdricos suficientes. Como norma general, los PAI tramitados no incluyen ese documento. Y cuando lo recoge, siempre ha sido negativo. Este fue el caso del PAI de La Serreta, en plena huerta de La Nucia, que prev¨¦ levantar 3.834 casas.

En la mayor¨ªa de los planes aprobados definitivamente, la ausencia del preceptivo informe de la confederaci¨®n se sustituye con por otros de empresas colaboradoras (Mancomunidades y Consorcios de Aguas) o simplemente la aprobaci¨®n por parte de los plenos municipales de un "informe de disponibilidad de recursos h¨ªdricos", confeccionados al margen de los organismos competentes.

El recurso a entidades colaboradoras para garantizar el consumo de agua la futura poblaci¨®n ha sido esgrimido en proyectos de envergadura como el Plan Rabassa (periferia norte de Alicante con casi 13.000 casas), el nuevo planeamiento Urbano de Sant Joan d'Alacant, que prev¨¦ unas 20.000 nuevas viviendas y el PAU 21, en Orihuela, con otras 2.286 viviendas.

La reacci¨®n del Consell a iniciativa de la Comisi¨®n Europea ha sido arremeter contra el denunciante. El consejero de Medio Ambiente, Jos¨¦ Ram¨®n Garc¨ªa Ant¨®n, acus¨® ayer en Alicante al eurodiputado de Los Verdes de utilizar la UE con "fines partidistas y en contra a los intereses generales de todo el mundo". Seg¨²n Garc¨ªa Ant¨®n, Bruselas "no investiga estos proyectos porque carezcan de nada, sino porque falta alg¨²n informe". El consejero, no obstante, se escud¨® en las entidades colaboradoras para asegurar que los proyectos, como el caso del Plan Rabassa, tiene garantizada el agua, pese a que la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del J¨²car (CHJ) mantiene la tesis contraria.