Astapa, un nombre err¨®neo para un gran caso

El ¨²ltimo, o seguramente pen¨²ltimo, caso de corrupci¨®n destapado en la provincia de M¨¢laga tuvo un bautizo err¨®neo. A la operaci¨®n centrada en el Ayuntamiento de Estepona la Polic¨ªa la denomin¨® Astapa, creyendo que ese era el nombre fenicio de la localidad. En realidad, Astapa es la denominaci¨®n romana de Estepa (Sevilla) y el top¨®nimo original de Estepona es Astabbuna. Sin embargo, al margen de debates terminol¨®gicos, la Operaci¨®n Astapa, como pasar¨¢ a la historia, no deja de crecer. Tras la detenci¨®n en junio de 25 personas, entre ellas el ex alcalde socialista Antonio Barrientos y otros siete concejales del PSOE y del Partido Estepona (PES, posgilista), adem¨¢s de t¨¦cnicos municipales y empresarios de distintos sectores, la Polic¨ªa ha reactivado el caso. En septiembre fueron citados a declarar tanto en Estepona como en Madrid al menos 17 personas m¨¢s, casi todos empresarios y familiares de los arrestados en la primera fase. Todos ellos deber¨¢n prestar declaraci¨®n en las pr¨®ximas semanas ante la juez instructora del caso, Isabel Conejo, titular del juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de Estepona.

Barrientos sigue en prisi¨®n, al igual que los concejales posgilistas Juan Ignacio Crespo y Manuel Reina, y el ex jefe de gabinete de Alcald¨ªa, Jos¨¦ Flores. Durante estos meses, el nuevo alcalde, David Valadez (PSOE), quien puso a la juez sobre la pista de los casos de corrupci¨®n, ha entregado a la instructora numerosa documentaci¨®n que permitir¨¢ ahondar en la investigaci¨®n.

En los cajones del Ayuntamiento se guardan facturas sin reflejo en los presupuestos municipales por valor de 16 millones de euros. Una cantidad similar constituye el desfase encontrado por Hacienda en los ingresos urban¨ªsticos previstos y los finalmente declarados. Las irregularidades han dejado de ser un rumor en el pueblo para convertirse en materia de investigaci¨®n y en titulares de prensa. En estos d¨ªas se ha conocido que el Ayuntamiento contrataba como empleados de "alta direcci¨®n" a jardineros y secretarias, que ediles ahora imputados alquilaban al Ayuntamiento locales de su propiedad, que un t¨¦cnico de Urbanismo cobraba 2.000 euros por cada tasaci¨®n falsa que certificaba en los convenios urban¨ªsticos o que el ex alcalde Barrientos autoriz¨® el pago de obras irregulares por valor de 1,2 millones de euros. Y, como dijo Juan Sim¨®n, un abogado imputado, "hay Astapa para rato".