Justicia tendr¨¢ tres meses para reparar a v¨ªctimas de Franco

Obtener la declaraci¨®n de reparaci¨®n y reconocimiento personal de las v¨ªctimas del franquismo y la Guerra Civil ser¨¢ muy f¨¢cil. El documento, que podr¨¢n solicitar los familiares de m¨¢s de un mill¨®n de represaliados -de los dos bandos durante la guerra y de uno s¨®lo en los casi 40 a?os de dictadura- ser¨¢ expedido por el Ministerio de Justicia en un m¨¢ximo de tres meses desde que se presente la solicitud.

El decreto que desarrolla la Ley de Memoria no obliga a la Iglesia cat¨®lica

Se har¨¢ una peque?a investigaci¨®n para comprobar los datos, pero el silencio administrativo -ausencia de respuesta- ser¨¢ entendido de forma positiva para el solicitante. ?stas son algunas de las novedades que contiene el proyecto de real decreto que regula este procedimiento y que, despu¨¦s de ser analizado el viernes por el Consejo de Ministros, ser¨¢ enviado al Consejo de Estado. En cuanto regrese al Gobierno podr¨¢ ser aprobado definitivamente.

El documento deja claro, en su art¨ªculo 9b, que "el plazo de resoluci¨®n y notificaci¨®n de este procedimiento ser¨¢ de tres meses transcurridos los cuales sin que se dicte resoluci¨®n expresa se entender¨¢ estimada la solicitud". "En caso de resoluci¨®n firme estimatoria, se entregar¨¢ al peticionario un t¨ªtulo expedido por el Ministerio de Justicia en el que constar¨¢ la declaraci¨®n de reparaci¨®n y reconocimiento personal", aclara.

Los solicitantes podr¨¢n ser las personas afectadas, esto es las v¨ªctimas, o, en el caso de que hayan fallecido, "el c¨®nyuge o la persona ligada por an¨¢loga relaci¨®n de afectividad, sus ascendientes, sus descendientes y sus colaterales hasta el segundo grado" y tambi¨¦n instituciones p¨²blicas en las que las v¨ªctimas hubieran tenido un papel destacado. Deber¨¢n aportar los datos de los que dispongan sobre lo que le sucedi¨® a la v¨ªctima -asesinato, c¨¢rcel, tortura, trabajos forzados, exilio- pero ser¨¢ el instructor del expediente, esto es un funcionario miembro de la Divisi¨®n de Tramitaci¨®n de Derechos de Gracia y Otros Derechos, dependiente de Justicia, quien se encargue de investigar la documentaci¨®n oficial. Y es ah¨ª donde todas las administraciones, incluidos los ayuntamientos -algunos en manos del PP se han mostrado reacios a este tipo de procesos, y las asociaciones tambi¨¦n han encontrado resistencia en algunos archivos militares- est¨¢n obligadas por este decreto a colaborar con Justicia para llevar a cabo la investigaci¨®n. El texto se?ala que deber¨¢n entregar lo que les pidan antes de un mes. Para facilitar a¨²n m¨¢s las cosas, el decreto faculta a Justicia para habilitar una f¨®rmula de solicitud electr¨®nica de la declaraci¨®n de reparaci¨®n.

Lo que no hace el decreto es solicitar la colaboraci¨®n de la Iglesia, en cuyos archivos se conservan algunos datos relevantes de la represi¨®n, como ha podido comprobar el juez Garz¨®n.

Esta resoluci¨®n, que ven¨ªa fijada en el art¨ªculo 4 de la Ley de Memoria pero no ha sido desarrollada hasta ahora, nueve meses despu¨¦s de la entrada en vigor de esa pol¨¦mica norma aprobada en diciembre de 2007, tiene un car¨¢cter meramente simb¨®lico y no da derecho a ninguna reparaci¨®n econ¨®mica. ?stas fueron fijadas en los 80, cuando el primer Gobierno socialista fij¨® compensaciones a los militares republicanos -pensiones para ellos y sus viudas- y peque?os pagos por los a?os de c¨¢rcel por motivos pol¨ªticos.

Las asociaciones de memoria hist¨®rica y de derechos humanos exigen al Ejecutivo que, como han realizado otros pa¨ªses como Alemania, anule judicialmente las sentencias franquistas, pero el Gobierno ha optado por esta f¨®rmula simb¨®lica con la que la democracia honra a los represaliados sin necesidad de declarar nula la justicia franquista.