La Audiencia se contradice en un caso de corrupci¨®n en Castell¨®n

Al arquitecto municipal le dicen que no y a los concejales, que s¨ª. La secci¨®n primera de la Audiencia provincial de Castell¨®n ha dictado dos autos contradictorios sobre el mismo asunto. En uno confirma la postura de un juzgado sobre indicios de un presunto delito de prevaricaci¨®n, y en el otro sostiene que el mismo asunto debe sobreseerse. Los autos se refieren a las diligencias abiertas por el caso del edificio Mar, de Oropesa, en las que est¨¢n imputados el arquitecto municipal, y el ex alcalde y los tres concejales que aprobaron la construcci¨®n de dos bloques de 600 apartamentos sobre un suelo que ten¨ªa la calificaci¨®n de c¨¢mping. La diferencia entre los dos autos se encuentra, adem¨¢s del resultado, en el origen de los mismos. El primero es respuesta a un recurso presentado por el arquitecto municipal y el segundo al que presentaron el entonces alcalde independiente y los concejales. En ambos autos coinciden como integrantes del tribunal el presidente y uno de los magistrados.

Tanto la acusaci¨®n particular como la fiscal¨ªa han solicitado la nulidad de ambas decisiones y la designaci¨®n de un nuevo tribunal compuesto por "magistrados distintos" a los que dictaron estas resoluciones para que "con id¨¦ntico criterio" resuelva los dos recursos. La acusaci¨®n se?ala que "no caben dos varas de medir, de suerte que unos mismos hechos reciban distintas calificaciones jur¨ªdicas". Adem¨¢s, el auto que acuerda el sobreseimiento provisional no ha sido notificado a la acusaci¨®n particular.

En la causa est¨¢n imputados el ex alcalde de Oropesa, el independiente Francisco Garrido; tres de los concejales del entonces gobierno local -dos independientes y un edil que fue expulsado del PSPV-; y el arquitecto municipal.La denuncia se?alaba en principio al arquitecto municipal, Carlos Garrido, como presunto autor de un delito de prevaricaci¨®n, al igual que al resto de imputados. Posteriormente, la fiscal¨ªa reclam¨® que se imputara al actual alcalde, Rafael Albert, del PP, ya que intent¨® legalizar el edificio en 2005. Albert, que est¨¢ imputado en otras dos causas judiciales referentes a decisiones urban¨ªsticas, celebr¨® un pleno que luego tuvo que anular.

El caso se remonta a la legislatura 1999-2003, cuando el Ayuntamiento de Oropesa otorg¨® licencia de construcci¨®n para apartamentos, locales y garajes en un suelo calificado como terciario y con el camping como ¨²nico uso permitido. La aprobaci¨®n se llev¨® a cabo con el ¨²nico informe favorable del arquitecto municipal, pese a que tanto la secretaria como el t¨¦cnico de administraci¨®n general y el propio Colegio de Arquitectos elaboraron informes desfavorables a la construcci¨®n del edificio. A todos ellos se uni¨®, seg¨²n consta en el expediente, el dictamen del jefe del Servicio Territorial de Urbanismo, que expuso la existencia de un escrito del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana que ratificaba que el proyecto no cumpl¨ªa con el uso permitido en la parcela.

La investigaci¨®n judicial abierta tras la denuncia de un particular, presentada en 2005, se prolong¨® durante casi dos a?os. En este tiempo se tom¨® declaraci¨®n a todos los imputados y se reunieron los informes sobre la causa. En octubre del pasado a?o, la titular del juzgado n¨²mero 4 de Castell¨®n concluy¨® las diligencias previas y decret¨® el inicio de un procedimiento abreviado, paso intermedio para fijar la fecha del juicio. La juez concluy¨® que "los hechos aparecen como presuntamente constitutivos de un delito previsto y penado".

Sin embargo, quedaba pendiente la resoluci¨®n de los recursos presentados por los imputados ante la Audiencia. Tras el primero, cuando todo hac¨ªa prever que se hab¨ªa dado luz verde al inicio del juicio, se ha conocido el contenido del segundo auto. Seg¨²n la fiscal¨ªa, son "incongruentes entre s¨ª" e incompatibles, ya que uno dicta que se siga con el procedimiento mientras que el otro se dirige hacia el archivo del caso. Por ello, la fiscal¨ªa ha reclamado que ambos autos sean anulados y que otro tribunal resuelva ambos recursos. Por su parte, la acusaci¨®n, que representa a un vecino afectado, se ha unido a la petici¨®n de la fiscal¨ªa. "No caben dos varas de medir", ha se?alado.