La Fiscal¨ªa pide mano dura en los permisos falsos para casas ilegales

Comprar una parcela, contratar a un arquitecto t¨¦cnico para obtener un certificado falso de obra, construir una casa sin licencia en suelo no urbanizable y despu¨¦s revenderla conlleva penas que pueden alcanzar los ocho a?os de c¨¢rcel. Es lo que ya ha pedido la Fiscal¨ªa en uno de los primeros casos de este tipo detectados en la provincia de C¨¢diz. Despu¨¦s de este vinieron m¨¢s que la Guardia Civil agrup¨® bajo el nombre Operaci¨®n Obra Nueva. La investigaci¨®n para desmantelar una trama dedicada a la falsificaci¨®n de certificados de obra con el objetivo de simular la legalidad de casas construidas sin permiso avanza en los despachos policiales y judiciales. La Fiscal¨ªa estudia la posible divisi¨®n del caso en varias piezas para tratar de agilizar su tramitaci¨®n.

Los principales perjudicados son los compradores finales de las casas

Uno de esos primigenios casos se juzgar¨¢ el pr¨®ximo 22 de octubre en la Audiencia Provincial de C¨¢diz. En el banquillo se sentar¨¢n seis personas, entre propietarios, arquitectos t¨¦cnicos y constructores. Ocurri¨® en Chiclana en 2003. La propietaria de una constructora, Mar¨ªa ?ngeles G.U., vendi¨® una finca en la zona conocida como Pago Melilla. Previamente hab¨ªa conseguido de un arquitecto t¨¦cnico, Francisco Carlos T.S., una escritura en la que figuraba que en esa finca exist¨ªa una construcci¨®n de cinco a?os de antig¨¹edad. Algo, seg¨²n la Fiscal¨ªa, completamente falso puesto que se trataba de un solar vac¨ªo.

De esa forma la promotora validaba la existencia de unas casas que construy¨® despu¨¦s, gracias a un constructor, Jos¨¦ O.G., tambi¨¦n imputado. Viviendas que se levantaron sin ning¨²n permiso en suelo no urbanizable. Las nuevas casas contaron con un certificado de obra nueva de un ingeniero t¨¦cnico industrial, Diego G.G., con lo que la apariencia de legalidad era absoluta.

Con todos esos papeles obtenidos de forma fraudulenta, seg¨²n la Fiscal¨ªa, vendieron las casas a unos particulares, mayoritariamente extranjeros, quienes desconoc¨ªan el origen il¨ªcito de las casas. El Ministerio P¨²blico ha pedido penas para los seis acusados que oscilan entre los dos a?os y ocho a?os de prisi¨®n por delitos contra la ordenaci¨®n del territorio, falsificaci¨®n de documentos oficiales y otro continuado de estafa. Los principales perjudicados son los compradores finales de las casas porque la Fiscal¨ªa pide tambi¨¦n su derribo aunque, a cambio, solicita que se les indemnice con el dinero que pagaron y los intereses correspondientes.

Se trata del mismo modus operandi que el desvelado el a?o pasado por la Guardia Civil en la operaci¨®n Obra Nueva que, de momento, lleva 38 implicados. Aquella investigaci¨®n policial puso la lupa en operaciones il¨ªcitas que se llevaban desarrollando de manera habitual desde hac¨ªa tiempo. Los trabajos del Instituto Armado desvelaron que en muchos de los casos detectados coincid¨ªan muchos nombres. Ahora el Ministerio P¨²blico estudia si pedir¨¢ mantener la unidad de todo el caso bajo una misma causa judicial o proponer su divisi¨®n en varias piezas.

"Todav¨ªa es pronto para tomar una postura", explica el fiscal de Medio Ambiente, ?ngel N¨²?ez. Con todo, resalta la ventaja que supone la divisi¨®n del caso. "No todos los hechos van al mismo tiempo. As¨ª que a medida que se vayan terminando algunas investigaciones, podr¨ªamos ir cerrando algunas diligencias. En la medida de lo posible, desde luego, es conveniente la divisi¨®n para agilizar".