Uribe sabotea el trabajo de los jueces, seg¨²n Human Rights Watch

Soplan vientos de esperanza en Colombia. La justicia se est¨¢ abriendo paso en la maleza de corrupciones, asesinatos y fraudes electorales. "Hasta febrero de 2008", relata el informe presentado ayer en Bogot¨¢ por Human Rights Watch (HRW), "la Unidad Nacional de la Fiscal¨ªa para Justicia y Paz hab¨ªa brindado informaci¨®n a otros fiscales para iniciar investigaciones sobre el vicepresidente, un miembro del Gabinete, 11 senadores, ocho congresistas, un ex congresista, cuatro gobernadores, 27 alcaldes, un concejal, un diputado, 10 l¨ªderes pol¨ªticos, 10 funcionarios de la Fiscal¨ªa General de la Naci¨®n, 39 miembros del Ej¨¦rcito, 52 miembros de la Polic¨ªa, 56 civiles y dos miembros del Servicio de Inteligencia Colombiano".

Hay, sin embargo, un gran pero a todo esto: el Gobierno del presidente ?lvaro Uribe, seg¨²n HRW, est¨¢ remando en contra de la justicia, "obstaculizando y saboteando" el trabajo de los jueces. Y ¨¦stos tienen trabajo en Colombia. Hay municipios como El Salado donde las guerrillas conservadoras y vinculadas al narcotr¨¢fico de los paramilitares entraron con 400 hombres y mataron a 100 personas (18 de febrero de 2000). En otros como El Aro, de Antioquia, 30 paras ejecutaron a 15 personas, entre ellas un ni?o, "incendiaron todas las viviendas del pueblo, excepto ocho, y obligaron a huir a la mayor¨ªa de los 671 residentes". Fueron cinco d¨ªas de octubre de 1997. Y as¨ª, hasta completar 130.000 v¨ªctimas que seg¨²n HRW, cayeron en manos de la guerrilla.

La peruana y estadounidense Mar¨ªa McFarland, responsable del informe, se?ala en conversaci¨®n telef¨®nica desde Bogot¨¢, que el fr¨¢gil momento de esperanza que vive la justicia colombiana obedece a la conjunci¨®n de unos factores fortuitos que puso en el mismo sendero el trabajo de una analista pol¨ªtica, nueve jueces y varios periodistas.

Hace dos a?os la polit¨®loga Claudia L¨®pez descubri¨® que determinados resultados en las elecciones generales de 2002 s¨®lo pod¨ªan explicarse por fraude y por la presi¨®n de los paramilitares en distintos puntos del pa¨ªs.

A ra¨ªz del estudio de L¨®pez y de diversas publicaciones en la prensa colombiana, los nueve magistrados de la sala penal de la Corte Suprema, liderados por su presidente, Iv¨¢n Vel¨¢zquez, decidieron coordinar las investigaciones que hasta entonces cada uno de ellos llevaba por separado. Como resultado, el 20% de los congresistas colombianos est¨¢n siendo investigados por su conexi¨®n con los paras. Y la mayor¨ªa de ellos pertenecen a la coalici¨®n de Uribe.

"Pero el precio que est¨¢n pagando es alto", se?ala McFarland. "El Gobierno ha emprendido en el ¨²ltimo a?o una campa?a de desprestigio contra la Corte y magistrados espec¨ªficos: a unos los acusa de ser unos borrachos, y a otros de presionar a paramilitares para que testifiquen en contra de Uribe. Hoy d¨ªa un juez que quiera entrevistar a un testigo se lo piensa 20 veces y se cuida de llevar a gente para que presencie su entrevista con el testigo, porque ¨¦ste puede declarar despu¨¦s que el magistrado trat¨® de presionarle para imputar al presidente".

McFarland desea que el informe sirva para que la comunidad internacional presione a Uribe. "La Corte se siente muy sola y acorralada. Y EE UU y la Uni¨®n Europea han estado demasiado callados en los ¨²ltimos a?os".