Un catal¨¢n en la corte constitucional

Se habla de la dificultad que encuentran el PP y el PSOE en consensuar un jurista catal¨¢n para el Tribunal Constitucional. Al estar en juego la decisi¨®n inapelable de esta corte de magistrados, supremos int¨¦rpretes de la Constituci¨®n, sobre si se adecua o no a ¨¦sta nuestro Estatuto, sospechan los unos y temen los otros que los iuspublicistas de Catalu?a, dignos de tan alta responsabilidad jur¨ªdica por sus notorios m¨¦ritos cient¨ªficos, tengan un juicio previo favorable al Estatuto, expresado ya en sus escritos. Pero si existe el precedente nefasto de un profesor no catal¨¢n, el magistrado P¨¦rez Tremps, recusado tan s¨®lo por haber librado a la Generalitat un informe t¨¦cnico sobre un tema auton¨®mico general y con anterioridad al proceso estatuyente, ?qu¨¦ profesor catal¨¢n hay, de los elegibles, que no haya dejado de publicar, por puro prurito de servir al pa¨ªs en su especialidad, libros, art¨ªculos o dict¨¢menes, objetivos y rigurosos, sobre derecho auton¨®mico catal¨¢n, espa?ol o extranjero? ?Ha de estarles vedado precisamente el mayor m¨¦rito contra¨ªdo para ser magistrados por el mero hecho de ser catalanes o trabajar en Catalu?a? Haber escrito sobre el nuevo Estatuto, que ya tiene m¨¢s de dos a?os de vigencia, ?es acaso un signo previo de estar de acuerdo o en desacuerdo con ¨¦l?

La politizaci¨®n que el Partido Popular provoc¨® en el Constitucional amenaza con un nuevo veto anticatal¨¢n

Guardo en la memoria la primera formaci¨®n del Alto tribunal en 1981. Un sector del PSOE me hizo candidato por haber trabajado para ¨¦l y el PSC en la redacci¨®n del texto constitucional y de los estatutos de las nacionalidades. Otro sector y la derecha se opusieron por ser yo "demasiado" autonomista. Miquel Roca se ofreci¨® a proponerme si los socialistas no lo hac¨ªan. Al final entraron en el primer Tribunal Constitucional dos magn¨ªficos profesores de la Universidad de Barcelona, pero no catalanes, ?ngel Latorre y Manuel D¨ªez de Velasco. En una segunda ocasi¨®n, el PSOE s¨ª me propuso, pero mi colega, el ex ministro franquista Manuel Fraga, me vet¨®. Hubo que esperar a 1992 para que Roca lograra del Congreso que mi antiguo colaborador de c¨¢tedra, Carles Viver, fuera el primer jurista catal¨¢n que llegara a ser miembro y, despu¨¦s, vicepresidente del Tribunal Constitucional. Se pretendi¨® ver en ello una maniobra florentina de Miquel. Sal¨ª entonces en p¨²blica defensa de los valores cient¨ªficos de mi compa?ero y de su imparcialidad como jurista catal¨¢n. Fue algo que demostr¨® en todo su mandato y que le ha servido, entre otras cosas, para ser el m¨¢s capaz y sensato de los redactores del nuevo estatuto. Sin los excesos inviables de un nacionalismo en plena rivalidad, su texto habr¨ªa sido aprobado por las Cortes y debiera serlo en el Tribunal Constitucional.

Con todo, la experiencia de Viver como magistrado puso de relieve que su catalanidad era m¨¢s un estorbo que un aval para la defensa del estatuto vigente. Eso s¨ª, le exigi¨® ganar en prestigio con juicios acertados y brillantes y esforzarse en razones al tratar de Catalu?a, pero su probado catalanismo no a?adi¨® nada, m¨¢s bien afect¨® a su delicada tarea, ya que, al estar en ultraminor¨ªa, se ve¨ªa obligado, a veces, a concesiones t¨¢cticas para salvar, por mayor¨ªa simple, lo m¨¢s importante. Adem¨¢s, ¨¦l sab¨ªa que estaba all¨ª para actuar como experto, no como catalanista.

Catalu?a tiene juristas preparados y dignos de la magistratura constitucional. Pero la politizaci¨®n partidista que el PP provoc¨® en el Tribunal Constitucional amenaza con un nuevo veto anticatal¨¢n y antiautonomista. Tal grave erosi¨®n del pilar central de nuestro Estado de derecho s¨®lo se evitar¨ªa si los dos grandes partidos estatales renunciaran al partidismo, valorando m¨¢s el saber de los candidatos que su voto futuro en la Corte suprema. Ahora bien, a mi juicio, partimos de un error catal¨¢n de base. La identidad nacional por s¨ª misma no asegura el saber preciso ni una defensa m¨¢s eficaz de la autonom¨ªa. S¨ª, en cambio, la correcta comprensi¨®n constitucional de ¨¦sta y su respeto t¨¦cnico-jur¨ªdico, como demuestra el caso del profesor y magistrado Carles Viver. Todo jurista del Estado espa?ol tiene el deber t¨¦cnico y ¨¦tico de cumplir con esa comprensi¨®n y ese respeto. Catalu?a y el resto de las autonom¨ªas han de exigir del Tribunal Constitucional tan s¨®lo eso. La identidad catalana, vasca, gallega o castellana no pasa de ser una dign¨ªsima a?adidura.

J. A. Gonz¨¢lez Casanova es catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona.