Pobreza relativa
El crecimiento econ¨®mico de los ¨²ltimos 15 a?os no ha reducido las desigualdades sociales
Los redactores del ¨²ltimo Informe FOESSA sobre exclusi¨®n y desarrollo social, apadrinado por C¨¢ritas, expresan su escepticismo sobre el crecimiento econ¨®mico como v¨ªa para resolver los problemas sociales. Es l¨®gica su decepci¨®n. Choca con la idea del Estado de bienestar que en ¨¦pocas de expansi¨®n y fuerte creaci¨®n de empleo no se reduzcan las desigualdades, e incluso crezcan las bolsas de pobreza y de exclusi¨®n social.
El proceso de reducci¨®n de las desigualdades en el periodo 1982-1993 se fren¨® a partir de esa ¨²ltima fecha pese a la fuerte expansi¨®n de estos a?os. Ese crecimiento acerc¨® a Espa?a a la media europea en diversos aspectos, pero, aunque no aument¨® la desigualdad, tampoco contribuy¨® a reducirla. Sigue habiendo 8,5 millones de personas (el 19,7% de la poblaci¨®n, el mismo porcentaje que hace 10 a?os) en situaci¨®n de pobreza relativa (con ingresos inferiores al 60% de la media, es decir, por debajo de 574 euros al mes). Otro mill¨®n y medio de espa?oles vive en "pobreza severa" (con menos de 280 euros al mes) o en situaciones de "exclusi¨®n social".
La pobreza relativa mide la percepci¨®n de carencias en relaci¨®n con el entorno social. Por ejemplo, no poder ir de vacaciones al menos una semana al a?o, adquirir una vivienda, tener acceso al ocio, etc¨¦tera.
Las conclusiones del estudio coinciden b¨¢sicamente con las de los informes realizados en los ¨²ltimos a?os por el Instituto Nacional de Estad¨ªstica. El crecimiento es condici¨®n necesaria para la superaci¨®n de la precariedad social, pero no la garantiza. Hacen falta pol¨ªticas espec¨ªficas de redistribuci¨®n como las previstas en el Programa para la Protecci¨®n e Inclusi¨®n Social aprobado por el Gobierno en 2006, y cuyos resultados se desconocen.
Todos los estudios constatan la fuerte vinculaci¨®n de la pobreza relativa o severa con dos factores: la precariedad laboral y la insuficiencia, en comparaci¨®n con otros pa¨ªses, de las ayudas p¨²blicas a la familia. En 1993 el Estado destinaba el 24,4% del PIB a gasto social; 12 a?os m¨¢s tarde no llega al 21%: siete puntos por debajo de la media de la UE. En 1996 la diferencia era de cuatro puntos. Mayores de 65 a?os y menores de 16, los excluidos del mercado laboral, son los segmentos sociales con mayor porcentaje de pobres. Y la fragmentaci¨®n territorial del Estado de bienestar no ha contribuido a mejorar su eficacia, como demuestran las dificultades de aplicaci¨®n de la Ley de Dependencia.
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