Los presupuestos de la crisis priman la inversi¨®n frente al gasto social
La remuneraci¨®n del personal se dispara el 7,3% pese a congelarse la plantilla
El gran desaf¨ªo de los presupuestos de la Generalitat para 2009, que el consejero de Econom¨ªa, Antoni Castells, present¨® y detall¨® ayer en el Parlament, es estimular la econom¨ªa con m¨¢s gasto para llevar a cabo una pol¨ªtica "antic¨ªclica". Pero no tiene dinero. Las cuentas para el a?o que viene est¨¢n "marcadas por la crisis, pero tambi¨¦n son un instrumento para hacer frente a ella", insisti¨® ayer el consejero, quien record¨® que Catalu?a entrar¨¢ en recesi¨®n. Prev¨¦n una ca¨ªda de los ingresos financieros del 4,5%, fruto, principalmente del desplome de la actividad inmobiliaria, y una contracci¨®n del producto interior bruto (PIB) del 0,1%.
La teor¨ªa econ¨®mica keynesiana (basada en las ideas del economista brit¨¢nico John Maynard Keynes, como respuesta a la Gran Depresi¨®n de los a?os 1930) defiende que en momentos de estancamiento, al Estado le corresponde actuar para asegurar el nivel de inversi¨®n necesario para multiplicar la actividad econ¨®mica y garantizar el pleno empleo.
En un escenario como el dibujado por el consejero de Econom¨ªa, el presupuesto consolidado (Administraci¨®n y empresas p¨²blicas) crece el 6,4%, hasta 37.000 millones de euros. El Gobierno catal¨¢n asegura que "prioriza las pol¨ªticas sociales para proteger a los colectivos m¨¢s vulnerables". Es una verdad a medias. La dotaci¨®n aumenta en 876,4 millones, el 5%, y el peso del gasto social representa el 51,6% del presupuesto del conjunto del sector p¨²blico (el consolidado), frente al 52% del ejercicio anterior.
Salud crece el 3,5% y se lleva el 25,5% (un punto menos que en 2008) de la tarta presupuestaria, 9.416 millones de euros; el presupuesto para educaci¨®n crece el 4,4%, hasta 6.080 millones, el 16,3% del conjunto, y las pol¨ªticas de protecci¨®n social suman 1.607 millones, el 4,3% de todo el gasto. La dotaci¨®n para dependencia crece el 6,3% y se sit¨²a en 990 millons de euros.
Frente al mantenimiento del gasto social, la apuesta del Ejecutivo es un "gran esfuerzo inversor", en palabras de Castells. El a?o que viene invertir¨¢ la cifra r¨¦cord de 6.580 millones de euros, el 11,4% m¨¢s, lo que supone un 3% del PIB catal¨¢n. Con todo, la inversi¨®n per c¨¢pita no es tan abultada: 744 millones de euros, el 4% m¨¢s que los 715 euros por ciudadano del a?o pasado.
M¨¦todo alem¨¢n
?De d¨®nde saca el dinero el Gobierno para financiar tanta inversi¨®n, teniendo en cuenta las restricciones? En primer lugar, de la financiaci¨®n extrapresupuestaria -no aparece en las cuentas-, a trav¨¦s de m¨¦todos espec¨ªficos, como derechos de superficie y concesiones, y pagos aplazados (m¨¦todo alem¨¢n), una pr¨¢ctica tan extendida por los gobiernos de CiU como criticada por el tripartito, que desde que gobierna la ha ido reduciendo.
De los 6.580 millones de euros de inversi¨®n, 1.086 se financian al margen del presupuesto, casi el 65% m¨¢s que el a?o pasado. "Este a?o no hemos tenido otra opci¨®n", se lament¨® ayer Castells.
En segundo lugar, recurriendo al endeudamiento, que crece el 18% y supera los 21.000 millones de euros, el 9,43% del PIB. La deuda servir¨¢ para cubrir el d¨¦ficit que prev¨¦ la Generalitat para 2009, que aumentar¨¢ hasta los 2.127 millones de euros, el equivalente al m¨¢ximo permitido por la ley, el 1% del PIB.
En un ejercicio de "importante esfuerzo de austeridad y contenci¨®n del gasto no esencial" -los gastos de administraci¨®n se reducen en 46 millones y se congelan los sueldos de los altos cargos-, las remuneraciones de los funcionarios crecen el 11,4% en el conjunto del sector p¨²blico y el 7,3% en la administraci¨®n de la Generalitat. La plantilla se congela. Castells atribuye este incremento a varios factores: al aumento anual del sueldo de acuerdo con los funcionarios del Estado (3%), a la consolidaci¨®n del personal que se incorpora a mediados del a?o anterior -como los nuevos maestros que se contratan en septiembre-, a los aumentos de categor¨ªa y a la revisi¨®n por el diferencial inflacionista respecto al conjunto del Estado, que en 2007 fue del 1,3%.
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