Aunque sea un ladr¨®n

Las detenciones efectuadas en los ¨²ltimos d¨ªas en los ayuntamientos de Bigastro, San Fulgencio y Zarra y las informaciones sobre los millonarios ingresos sin justificar del presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n, Carlos Fabra, investigados por los jueces, han vuelto a poner sobre el tapete de la pol¨ªtica valenciana el problema de la corrupci¨®n.

Un problema que no es nuevo, que ya aflor¨® a finales de la d¨¦cada de los 80, en una etapa de r¨¢pido crecimiento econ¨®mico, y que acab¨® arrastrando a la oposici¨®n al Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez un lustro despu¨¦s.

De finales de los 80 y primeros de los 90 es la destituci¨®n del consejero de Obras P¨²blicas, Rafael Blasco, por parte del presidente socialista Joan Lerma, temeroso de ver salpicado su gobierno por esc¨¢ndalos de corrupci¨®n urban¨ªstica. Y de la misma ¨¦poca es el denominado caso Naseiro, relacionado con la financiaci¨®n irregular del PP en la Comunidad Valenciana.

Los partidos son un elemento central para combatir la corrupci¨®n

Si las victorias electorales exoneran, el Parlamento se vuelve irrelevante

Las explicaciones que se reclaman entre s¨ª han de escucharse en las instituciones

Estos dos ejemplos explican en parte, lo sucedido estas ¨²ltimas semanas en la pol¨ªtica valenciana. El temor del Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero a repetir el error de Gonz¨¢lez le llev¨® en la legislatura pasada a introducir un buen n¨²mero de medidas anticorrupci¨®n, incluida la creaci¨®n de una unidad contra los delitos urban¨ªsticos en la Guardia Civil, que ha realizado buena parte de las detenciones de los ¨²ltimos d¨ªas, y la reorganizaci¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n.

Sin embargo, la introducci¨®n de nuevos instrumentos de lucha contra la corrupci¨®n no ha acabado y dif¨ªcilmente lo har¨¢, con los espacios oscuros de la pol¨ªtica y la Administraci¨®n p¨²blica. Y es ah¨ª donde los propios partidos pol¨ªticos se convierten en un elemento central para combatir la corrupci¨®n.

Es cierto que populares y socialistas han actuado, por voluntad o forzados por las circunstancias, con contundencia cuando los casos de corrupci¨®n han estado n¨ªtidamente delimitados y sus responsables f¨¢cilmente identificados. El ex consejero del PP Luis Fernando Cartagena, condenado por malversaci¨®n de fondos p¨²blicos y falsedad documental en su etapa de alcalde de Orihuela, es el ejemplo m¨¢s conocido. El m¨¢s reciente, es el del alcalde socialista de Bigastro, Jos¨¦ Joaqu¨ªn Moya, expulsado del PSPV el mismo d¨ªa que sal¨ªa esposado de las dependencias municipales.

Pero tambi¨¦n es cierto que, con demasiada facilidad, los dirigentes de los partidos pol¨ªticos se escudan en pseudoan¨¢lisis de car¨¢cter moral, que achacan en exclusiva la situaci¨®n a la falta de civismo de los ciudadanos que votan candidatos corruptos. La consecuencia es que el temor a perder gobiernos locales o provinciales impide a los partidos pol¨ªticos sustituir a los candidatos manchados. Es ese p¨¢nico a las manifestaciones de los descamisados del Partido Justicialista que gritaban por las calles de Buenos Aires "?Aunque sea un ladr¨®n, queremos a Per¨®n!". Un p¨¢nico que hoy se materializa ante las cenas de adhesi¨®n y homenaje a los imputados y ante manifestaciones de familiares y vecinos jaleando a los cargos p¨²blicos detenidos en distintos municipios de la geograf¨ªa valenciana como Zarra, Pego o Castell¨®n.

En otras ocasiones, la osad¨ªa lleva a manifestaciones aberrantes en democracia, como las de aquellos cargos p¨²blicos que afirman que su victoria en las urnas equivale a la absoluci¨®n por parte de un jurado popular que deber¨ªa eximirles de rendir cuentas ante los tribunales y ante la opini¨®n p¨²blica.

Por eso quiz¨¢ sea ahora m¨¢s necesario que nunca recordar la afirmaci¨®n del soci¨®logo Jos¨¦ Mar¨ªa Maravall cuando asegura: "Si los comicios son el ¨²nico mecanismo para asegurar la responsabilidad de los pol¨ªticos, si los pol¨ªticos convierten sus victorias electorales en procesos exoneradores, y si entre una elecci¨®n y otra s¨®lo atienden a sus responsabilidades legales, entonces el Parlamento se vuelve irrelevante y la confrontaci¨®n pol¨ªtica se traslada al terreno judicial".

Es posible que en medio de los esc¨¢ndalos de las ¨²ltimas semanas sea dif¨ªcil retener en la memoria que el alcalde socialista de Bigastro, reelegido una y otra vez desde hace m¨¢s de 20 a?os, tiene tambi¨¦n presentada una denuncia por negarse a facilitar informaci¨®n a los grupos municipales, o que cada vez que la oposici¨®n exige explicaciones sobre Carlos Fabra las mayor¨ªas del PP declaran tab¨² la cuesti¨®n. Pero quiz¨¢ sea bueno recordarlo si sirve para que las explicaciones que se reclaman los partidos y los pol¨ªticos entre s¨ª se puedan escuchar en las instituciones donde representan a los ciudadanos.