Investigada por prevaricaci¨®n urban¨ªstica la alcaldesa de Ontinyent

La secci¨®n de Medio Ambiente de la Fiscal¨ªa de Valencia ha abierto diligencias de investigaci¨®n penal a Lina Insa, alcaldesa de Ontinyent por el Partido Popular. Lo ha hecho por supuestos delitos contra la ordenaci¨®n del territorio y prevaricaci¨®n. La apertura de las diligencias, de oficio, responde a que la Fiscal¨ªa de Valencia ha tenido conocimiento de que Lina Insa podr¨ªa haber ordenado que se dejen prescribir los expedientes sancionadores abiertos en el consistorio por construcciones ilegales en terreno urbanizable com¨²n. Esa dejaci¨®n supone que seis meses despu¨¦s de incoarse el expediente, queda autom¨¢ticamente archivado. Y, aunque es cierto que puede reabrirse, lo es tambi¨¦n que el tiempo corre en contra de la persecuci¨®n del delito porque s¨®lo se puede instar al derribo de una vivienda construida en terreno no urbanizable com¨²n durante cuatro a?os.

Los m¨¢s de 60 expedientes sancionadores que tiene abiertos la corporaci¨®n municipal de Ontinyent proceden de actuaciones realizadas por la coalici¨®n de izquierdas, encabezada por el PSPV, que gobernaba la localidad hasta las pasadas elecciones. Las informaciones de las que dispone la Fiscal¨ªa apuntan a que ya en campa?a electoral Insa se comprometi¨® a anular tales expedientes. La pasada semana, en el pleno del Ayuntamiento, con los votos en contra de la oposici¨®n, el equipo de gobierno aprob¨® que se eliminen del registro las anotaciones sobre las construcciones que estaban en proceso de ser sancionadas. Ello supondr¨ªa, seg¨²n el ministerio p¨²blico una prevaricaci¨®n.

Los expedientes sancionadores que abri¨® el anterior equipo de gobierno afectan a m¨¢s de 60 construcciones ilegales. Son viviendas unifamiliares. En este momento, seg¨²n los primeros datos de que dispone la Fiscal¨ªa, ninguna de ellas tiene cuatro a?os de antig¨¹edad, por tanto, sobre cualquiera de ellas podr¨ªa a¨²n ordenarse el derribo. No hacerlo es tambi¨¦n un delito contra la ordenaci¨®n del territorio.

Los t¨¦cnicos del Ayuntamiento informaron desfavorablemente a la alcaldesa sobre su intenci¨®n de dejar morir los expedientes sancionadores. Seg¨²n su criterio, corresponde ejecutar los que a¨²n est¨¢n dentro del plazo de seis meses y reabrir aquellos que ya han prescrito. La Fiscal¨ªa pedir¨¢ informaci¨®n detallada al Ayuntamiento e investigar¨¢ a los propietarios y promotores de las viviendas.